Tras la implementación en enero pasado de un nuevo mecanismo para la provisión de medicamentos, conocido como Programa de Reembolso de Medicamentos de Medicaid (MDRP), diversos sectores de salud y activistas mostraron su preocupación con la incertidumbre que existe ante un panorama que impactaría el acceso de miles de personas a las medicinas de las que dependen para vivir.
La preocupación se agudiza ante el silencio del Departamento de Salud (DS) sobre la implementación de un acuerdo alcanzado en noviembre con organizaciones que representan a los pacientes de VIH en Puerto Rico y con el que esperaban disipar la amenaza. La directora ejecutiva de la Asamblea Permanente de Personas Afectadas por el VIH (APPIA), Ivette González, explicó que el acuerdo que habían alcanzado permitía, mediante el programa Aid Drug Assistant Program (ADAP) comprar en bloque los medicamentos a bajo costo para distribuirlos a clínicas y farmacias en la red para que los pacientes los reciban. El acuerdo involucraba a la Administración de Seguros y Servicios de Salud (ASES), que tampoco se ha expresado sobre si lo pondrán en vigor.
En noviembre pasado, tras reunirse con APPIA, el secretario de Salud, Carlos Mellado, anunció que continuarían con el modelo de provisión de medicamentos actual. Pero luego, un aviso público del DS, describía el manejo de los medicamentos que se consideran carved out, que son los que el Plan Vital proveerá fuera de su formulario mediante mecanismos alternos. Se incluía en el aviso los medicamentos de VIH cuyo costo mensual puede ascender a sobre $5 mil.
En el documento se estipula que estos cambios deben resultar en ahorros de acuerdo al plan fiscal de Puerto Rico. “El aumento en la tarifa de dispensación se compensará con los ahorros acumulados al permitir que Puerto Rico se una al MDRP”, lee el documento.
Sin embargo, González aseguró que bajo el MDRP los medicamentos serían más costosos para ASES, ya que ADAP compra a un costo más bajo. Las clínicas y farmacias tendrían que comprar los antirretrovirales a precio del mercado y luego facturarles a ASES.
“Las clínicas de VIH tienen los que se conoce como el 340 B, que es un programa de descuento a medicamentos. Eso lo solicitan los centros de Salud 330 y otras clínicas, eso se lo otorga el gobierno federal y cumplen con los requisitos que ellos tienen. Compran a un bajo costo los medicamentos y les facturan a los planes médicos el precio del mercado, lo que le permite a estas clínicas y centros de salud tener lo que se conoce como un Program Income para que esa clínica pueda tener una ganancia”, comentó la directora de APPIA.
Ante esto, las clínicas y farmacias deberán comprar los medicamentos al precio del mercado, lo que aumentará el presupuesto de la institución y deberán conseguir fondos adicionales que pudiera exceder hasta $3 millones mensuales.
Además, se podría limitar el acceso a otros medicamentos que necesita adquirir la farmacia para tratar otras condiciones u otra población, advirtieron. “Esto no es VIH nada más, esto tiene un impacto mayor en Puerto Rico en los centros de Salud como 330″, dijo la directora de APPIA.
González explicó que los centros 330 son vitales dentro del sistema de provisión de medicamentos y de servicios de cuidados de salud. Estos sirven a una población general de bajos ingresos e incluso para quien no tiene un plan médico. “Se verán afectados sus Program Income si, el 1 de abril, Puerto Rico implementa el nuevo mecanismo para el manejo y facturación bajo 340 B”, advirtió.
“ASES tiene que evitar que un 330 utilice el 340 B y MDRP a la misma vez porque va contra la ley federal porque son dos programas de descuento a medicamentos federales que no puedes usar a la vez. ASES y Medicaid han tomado una decisión de cómo esas clínicas y centros van a poder utilizar el 340 B y ellos determinaron que, para que no se utilice simultáneamente, le va a permitir que puedan utilizar el 340 B, pero que facturen al precio de adquisición”, señaló.
Por su parte, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano aseguró estar preocupado. “Si las personas que vivimos con VIH no tenemos acceso a nuestros medicamentos, dejamos de ser indetectables, lo que complica nuestro panorama de salud. De no cumplirse con el acuerdo que anunció el secretario de Salud en noviembre pasado, el gobierno podría poner en riesgo la salud pública”, advirtió.
Añadió que confía que el secretario de Salud haga lo correcto ya que “se ha comprometido públicamente y ha demostrado empatía ante nuestros reclamos. Es urgente que actúen de inmediato para mantener intacto el plan de suministro de medicamentos para las personas que vivimos con VIH”.
Serrano añadió que los efectos serían devastadores de no cumplirse el compromiso. “Si no tenemos acceso a medicamentos, se complica nuestro panorama y podemos desarrollar la condición que nos puede llevar hasta la muerte. Aquí están en peligro nuestras vidas”, aseguró.
Por otro lado, la senadora por acumulación Kerem Riquelme sostuvo mediante declaraciones escritas que se reunirá con el secretario de Salud para dialogar sobre el programa de tratamiento a personas con VIH. “Es una situación de emergencia y eso es lo que vamos a enfatizar a los miembros de la Junta, pues no se puede colocar en riesgo el tratamiento de estos pacientes, eso no sucederá”, planteó Riquelme.
Ni el DS, ni ASES estuvieron disponibles para reaccionar a Metro, a pesar de múltiples intentos.
