Con solo una breve lectura del Plan de Transformación para Puerto Rico 2023, develado esta semana por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como la hoja de ruta para avanzar el territorio hacia el futuro, es notable el particular hincapié que hace acerca de la reestructuración de los servicios que los 78 municipios ofrecen a sus constituyentes.
Según indica el nuevo plan de la JSF, los ayuntamientos en Puerto Rico, a pesar de ser cruciales para la otorgación de servicios del estado a la población, no han podido superar el atolladero fiscal en el que la mayoría se encuentra.
El extenso documento también señala en su tercer volumen el significativo número de municipios que continúan dependiendo de transferencias estatales para mantener sus operaciones, incluyendo, indica el nuevo plan fiscal, cuatro ayuntamientos que dependen de estas transferencias de fondos para más del 15 por ciento de sus presupuestos operativos.
“Los municipios con mayor porcentaje de dependencia tienden a ser más pequeños y son menos resistentes a las reducciones en los fondos que provienen del gobierno central. Sin embargo, los municipios de Puerto Rico son importantes proveedores de servicios a todos los ciudadanos”, señala el plan fiscal.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez, aseguró que se encuentra analizando el extenso plan fiscal junto a su grupo de trabajo, y reconoció el interés particular que esboza el plan sobre la salud fiscal y operacional de los municipios.
“Estamos analizando el plan para descifrar la estrategia de la Junta y poder legislar de acuerdo con ello”, indicó Santa Rodríguez a Metro.
“Queremos un poco descifrar qué quieren decir, porque fuera de las expectativas de ingreso, de los déficits que ellos proyectan después del 2028 y de ese tipo de cosas, hay unos temas que estamos tocando que son bien específicos”, señaló el legislador.
Reduce aportación de municipios
El presidente de la Comisión de Hacienda hizo hincapié, no obstante, sobre un aspecto del plan fiscal que, indicó, requiere mucha más atención ya que representaría un alivio fiscal para los ayuntamientos.
“Parece que ellos quieren utilizar el pareo federal como parte de un mecanismo para que, si un municipio tiene más aportación federal, entonces tratar de reducir la aportación de la tarjeta de salud que tienen que hacer los municipios”, señaló Santa Rodríguez.
“Estamos viendo si eso es lo que se quiere decir. Que lo que sería es que si los municipios están aportando $100 millones, pues simplemente con este incremento de la aportación federal puedan aportar menos. Que es una forma distinta de darles respiro”, añadió.
Santa Rodríguez aseguró, sin embargo, que no es hasta que se concrete una reunión con la JSF que se podrá arrojar más luz sobre las interrogantes que el legislador y su comisión tienen con respecto al plan fiscal federal.
“Por lo general no es hasta que tengamos una reunión con ellos y que traigamos esas dudas y se les solicite la información base para ellos llegar a unas conclusiones que logramos eso. Por lo menos esa ha sido la experiencia que he tenido en los primeros dos años y, tengo que ser justo, más allá de mi opinión sobre la JSF, la información fluye”, aseguró.
Impuesto sobre el inventario
Otro de los aspectos en que el plan fiscal de la JSF hace mención es sobre la situación con el impuesto sobre el inventario.
Según señala el plan, este representa aproximadamente el 53 por ciento del total de impuestos sobre la propiedad personal facturable y es un impuesto costoso de administrar y crea un entorno fiscal distorsionado.
“En 36 estados de los Estados Unidos los impuestos sobre inventario han sido completamente eliminados. Sin embargo, cualquier esfuerzo del gobierno para eliminar el impuesto en Puerto Rico debe ser neutral en cuanto al presupuesto tanto para el Estado Libre Asociado como para los municipios”, señala el plan fiscal.
“Hay esfuerzos actualmente activos por parte del gobernador (Pedro Pierluisi), la Asamblea Legislativa y el CRIM para proponer reformas al impuesto de inventario mientras que la Junta de Supervisión continúa trabajando con estas partes interesadas y el sector privado para encontrar un camino óptimo hacia adelante”, añade.
Según indica el plan, la recaudación anual de impuestos sobre la propiedad en Puerto Rico promedia aproximadamente $1,200 millones, divididos entre bienes inmuebles – que representan alrededor del 60 por ciento – y bienes personales – que representan alrededor del 40 por ciento – junto con el impuesto al inventario, que representa $235 millones, o un 52 por ciento, del total de $450 millones de bienes muebles.
“Un estudio reciente del impuesto sobre inventarios encargado por la Legislatura concluyó que la reforma del impuesto sobre inventarios debe llevarse a cabo junto con un impuesto estructural integral sobre bienes muebles e inmuebles, ello junto a reformas financieras municipales en general”, propone el plan fiscal.
Aunque Santa Rodríguez no indicó si favorece o no una derogación al impuesto por el inventario a las empresas, sí aseguró que el espacio existe para legislar responsablemente con respecto a la ruta trazada por el plan fiscal federal.
“Mi experiencia directa con ellos en estos dos años es que ellos te dicen qué quieren lograr, pero no se meten mucho en la legislación. Ellos dan un espacio para que se legisle. Claro, eventualmente ellos te van a decir si les gusta o no la legislación, pero ellos no necesariamente se meten a la legislación. Ellos te traen una meta y entonces se trabaja sobre esa meta”, explicó.
