Ante la controversia desatada en Estados Unidos luego que un juez federal de Texas emitiera una suspensión que acabaría con la prescripción y distribución de mifespristona o Mifeprex, uno de los dos fármacos utilizados en Estados Unidos para abortar médicamente, la doctora Yari Vale Moreno, obstetra y profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, aclaró que en la Isla los médicos pueden continuar recetando el medicamento porque el pleito no se ha establecido judicialmente en la Isla.
¿Pero, cómo funciona el medicamento y en qué se diferencia de la píldora del día después o Plan B? La experta compartió con Metro Puerto Rico los beneficios de la mifespristona y recalcó que tienen funcionan diferente en el cuerpo gestante.
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Explicó que la mifespristona, la píldora abortiva es una antiprogestina de progesterona, necesaria para llevar a cabo un embarazo.
“Básicamente al adherirse el receptor de progesterona, evita que el embarazo continúe. Esta pastilla es poderosa en términos de eso porque es más poderosa que la progesterona natural que las mujeres generamos cuando estamos gestando o las personas gestantes”, detalló.
Contrario a la mifespristona, el Plan B, es progesterona. En el caso del Plan B, la progesterona es para evitar la ovulación. “Es como funcionan las pastillas anticonceptivas, pero a corto plazo”, indicó Vale Moreno.
Según la Doctora, el Plan B no causa abortos. En el caso de un gestante que se encuentre en estado de embarazo, no funcionaría.
“La otra cosa que se confunde mucho es que, básicamente, si la paciente ya está embarazada no va hacerle nada al embarazo”, dijo.
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En cambio, la mifespristona, es la pastilla que le conoce como la pastilla abortiva. El medicamento que inicialmente se manufacturó en Francia, hace que el embarazo se desprenda de la pared uterina y no se siga desarrollando. La galena señala que es recomendable hasta las 11 semanas de gestación y debe ser prescrita por un médico. En el caso de la Plan B, se adquiere en la farmacia sin receta.
“La miceprestona hasta recientemente, nosotros los médicos teníamos que tener un contrato con la farmacéutica que la producía o que la distribuía. En este caso Danco, que es una de las dos farmacéuticas que las distribuía en Estados Unidos y que está en el pleito de Texas”, sostuvo.
La profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico dijo que actualmente el medicamento en Puerto Rico sigue disponible porque la controversia destada en Texas no se ha planteado judicialmente en Puerto Rico.
Los doctores pueden recetar el medicamento, aunque Vale Moreno asegura que no dudaría “que alguna legisladora o legislador se le ocurra hacer un proyecto de ley tratando de restringirlo también”.
“Porque eso es lo que hacen, roban ideas que están ocurriendo en Estados Unidos y la copian para Puerto Rico sin verlas, sin sentarse a pensar en cómo esto afecta a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y persona gestante y que realmente no impide que las pacientes hagan abortos, lo que pasa es que van a ser abortos inseguros, quitándole herramientas a la paciente de accesar medicamentos que están probados”, sostuvo.
Recalcó que el medicamento que fue aprobado hace 23 años por la FDA, además de terminaciones de embarazos, también es utilizado para manejo de pérdida de embarazo.
“Es un medicamento altamente seguro y eficaz. Y quiero ser enfática con eso porque cualquier caso legal trae consigo buenas expectativas de que si lo traen es porque algo malo tiene. Pero la realidad es que la gente que trabaja este caso tiene una visión bien conservadora de cómo debe ser la reproducción de las mujeres y las personas gestante y básicamente no traen ninguna evidencia científica al caso. Ellos traen básicamente el proceso que la FDA llevó a cabo en el 2000, que fue cuando se aprobó el miceprex y el proceso no fue el adecuado. Eso es lo que ellos dicen. Pero claro, 23 años más tarde, tenemos millones de pacientes que han utilizado esta pastilla con alta seguridad y alta eficacia y por lo tanto es para los grupos más conservadores, pues algo que se sienten con la necesidad de controlar, porque, obviamente, de eso se trata, de controlar los cuerpos de la mujer y las personas gestantes”, puntualizó.
Cabe destacar que el Departamento de Justicia federal presentó el lunes una apelación a un fallo de un tribunal de Texas que suspendería la aprobación de un fármaco utilizado en el método más común de aborto en Estados Unidos, diciendo que se trata de una decisión “extraordinaria y sin precedentes”.
De mantenerse, la orden que el juez federal Matthew Kacsmaryk emitió la semana pasada podría restringir el acceso al medicamento abortivo mifepristona incluso a partir de este viernes, afectando a los proveedores de servicios de aborto menos de un año después de que la anulación del fallo del caso Roe vs. Wade restringiera significativamente el acceso a la interrupción del embarazo.
En esencia no existe precedente de que un sólo juez anule las decisiones médicas de la FDA, y ejecutivos farmacéuticos firmaron el lunes una misiva en la que advertían que la decisión podría poner en riesgo a otros medicamentos.
En su apelación ante la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, el gobierno federal señaló que la “orden extraordinaria y sin precedentes” de Kacsmaryk debería permanecer suspendida en lo que se impugna la decisión.
“Si se permite que entre en vigor, la orden del tribunal podría obstaculizar el discernimiento científico de la FDA y perjudicar gravemente a las mujeres, en especial para las que la mifepristona es una necesidad práctica o médica”, escribió la agencia.
Kacsmaryk, designado al cargo por el presidente Donald Trump, emitió su decisión el viernes, pero señaló que no entraría en vigor sino hasta dentro de siete días, es decir a finales de esta semana, a menos que otro tribunal intervenga.
Además de la incertidumbre persistía el lunes una confusión pendiente en torno a una orden contradictoria por parte de otro juez federal en el estado de Washington, que unos 20 minutos después de la decisión de Kacsmaryk emitió un fallo por separado que instruía a las autoridades federales a no realizar ningún cambio que restringiera el acceso al fármaco en los por lo menos 17 estados en donde los demócratas han interpuesto demandas.
