La coalición Queremos Sol volvió a exigirle al gobierno la cancelación del contrato de LUMA Energy, al denunciar la “incapacidad” del consorcio para administrar el sistema de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico y exponer al país para la próxima temporada de huracanes que se avecina.
“Expone a los puertorriqueños a sufrir más y prolongados apagones en los próximos meses cuando se aproxima la temporada de huracanes”, denunció hoy la coalición.
El grupo se refirió a la alegación de LUMA de que los $121.7 millones de fondos públicos que recibirá hasta el 30 de junio no le alcanzan para cumplir la gestión con la que se comprometió. El conjunto de organizaciones emplazó al gobierno a dar por terminado el contrato que puso en manos de la compañía la administración de infraestructura vital para el país.
“La historia se repite y lo advertimos. Este contrato amañado desde el comienzo solo ha redundado en un peor servicio con más interrupciones, fluctuaciones de voltaje constantes, aumentos en contrataciones, falta de transparencia, politización y alzas en costos. LUMA claramente no tiene la capacidad ni para administrar ni para operar el sistema y el gobierno tiene el deber de ponerle fin a este contrato. Desde el primer día el pueblo de Puerto Rico ha estado perdiendo con la privatización”, dijo la ingeniera Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta y cofundadora de CAMBIO, una de las organizaciones proponentes de Queremos Sol.
Por su parte, el doctor Agustín Irizarry, miembro de la coalición, recordó que “Puerto Rico ya vivió esta experiencia del privatizador que a poco tiempo pide más dinero cuando se le cedió a Ondeo la administración de la Autoridad Acueductos y Alcantarillados en el 2002″.
“A poco más de un año de iniciar la empresa también le exigió al gobierno más dinero para realizar la labor por la que se habían comprometido. El gobierno rechazó el reclamo y canceló el contrato en el 2003 regresando la operación al sector público. La fórmula no cambia porque la expectativa es generarle ganancias al privatizador a costa de reducirle servicios indispensables a la ciudadanía”, sostuvo en declaraciones escritas.
Apenas cuatro meses después de que el gobierno extendió a LUMA el contrato suplementario vigente a fines de noviembre de 2022, el pasado 27 de marzo de 2023, en una carta a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (P3), la privatizadora adujo que su capacidad para operar el sistema estaría comprometida porque el presupuesto proyectado para el próximo año fiscal no le es suficiente. En la misiva, pide extender la fecha límite para la entrega del presupuesto anual del año fiscal 2024. Previamente, trascendió que la empresa ordenó a compañías subcontratadas detener los servicios de limpieza de vegetación en las líneas de transmisión de 115 y 230 kilovatios porque ya agotó los $50 millones que presupuestó para ello.
“Estamos a poco menos de dos meses de que comience la temporada de huracanes. Paralizar las labores de manejo de vegetación en las líneas de transmisión por deficiencias administrativas, sea intencional o por incapacidad, atenta contra la seguridad y el bienestar de los puertorriqueños. Era previsible que el dinero no le iba a dar si, habiendo destinado $50 millones a esas labores, contrató los servicios por $70 millones. Es claro que lo que la empresa pretende representar dista de sus acciones. La intención es evidente: agotar los recursos asignados para que le asignen más fondos. Son insaciables”, expresó la abogada Ruth Santiago, parte de la coalición.
La suspensión del manejo de vegetación hasta que entre en vigor el próximo año fiscal repercute, además, en la estabilidad laboral de entre los 500-600 obreros de las empresas subcontratadas para hacer el trabajo que antes realizaban los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
“Aquí también se repite la historia, como advertimos desde el principio. Están dispuestos a sacrificar el pan que llega a la mesa de cientos de familias de esos trabajadores con tal de no hacer ajustes que reduzcan las ganancias de los dueños y ejecutivos de LUMA. Necesitamos recuperar el sistema eléctrico de Puerto Rico para que esté en manos públicas bajo un modelo de gobernanza que saque del medio las influencias económicas y partidistas”, dijo Josué Mitja, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).
