Economía

Contradictorio diagnóstico para la industria de cannabis en Puerto Rico

A punto de cumplirse ocho años de la legalización del cannabis medicinal en Puerto Rico, Metro da una mirada a la industria.

Jarras con cannabis.
Cannabis medicinal Hasta el momento, la industria del cannabis no ha generado los recaudos esperados. (Archivo)

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La breve historia de la aún infante industria del cannabis medicinal en Puerto Rico no ha carecido de su porción de controversias y críticas tanto por parte de los componentes que la conforman como del gobierno en su deber ministerial de fiscalizarla. Sin embargo, aunque se trata de una industria que según los datos del Departamento de Salud genera millones de dólares anualmente, varios sectores protagonistas insisten en que la misma continúa estancada.

El 3 de mayo se cumplen ocho años de que el entonces gobernador Alejandro García Padilla diera los primeros pasos para permitir el uso de cannabis medicinal en la isla a través de la Orden Ejecutiva Número 10 de 2015, respondiendo a un movimiento tanto nacional como internacional a favor de la legalización de la planta para su uso medicinal y recreacional. No obstante, en Puerto Rico esta industria aparenta continuar rezagada y seguir incumpliendo con las metas establecidas por la ley y, según aseguran algunos, sin producir los recaudos esperados.

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Productores, manufactureros y dispensarios han sido constantes dando la voz de alerta desde que fue aprobada la Ley 42, o Ley Medicinal de 2017 sobre aspectos que necesitan ser atendidos puntualmente para lograr que la industria finalmente despunte al igual que ha ocurrido en estados como Colorado, California y Oregón, entre otros. A nivel de los Estados Unidos, la industria generó $17,900 millones en 2020.

Por ejemplo, asuntos como la aglomeración de dispensarios en la zona metropolitana, la otorgación de licencias para operar dispensarios sin analizar el mercado y la postura punitiva que tiene la Ley Medicinal, que no permite la apertura, son solo algunos de los asuntos que los miembros de esta industria en Puerto Rico continúan señalando y que el gobierno parece no atender.

No obstante, el año pasado, la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal (JRCM), organismo gubernamental que fiscaliza las operaciones de la industria, emitió una circular ordenando la suspensión por 120 días del otorgamiento de licencias para dispensarios de cannabis medicinal reaccionando al llamado que hicieran dueños de dispensarios, manufactureros y productores sobre la necesidad de nivelar la demanda con la oferta del producto.

El presidente de la organización Miembros de la Industria de Cannabis Medicinal (MICaM), José Aleczer Rivera, lamentó que este problema de desbalance continúe sin ser atendido por el estado, poniendo en riesgo la existencia de decenas de pequeños y medianos empresarios.

“La realidad de la industria es una bien triste y terrible. La cantidad de dispensarios, centros de manufactura y cultivo que están en estos momentos en condiciones bien precarias económicamente es altísima”, indicó Rivera.

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“Y eso está directamente relacionado con el exceso de licencias y la saturación que existe en el mercado y la competencia canibalística que existe entre los miembros de la industria para poder sobrevivir. En la medida en que hay una desproporción abismal entre la cantidad de pacientes y la cantidad de licencias otorgadas, la lucha de los dispensarios del día a día se recrudece”, añadió.

El presidente de MICaM aplaudió, sin embargo, la iniciativa del gobierno de hacer un alto en la otorgación de licencias de dispensarios, pero aseguró que no es suficiente y urgió al estado a tomar medidas contundentes para nivelar el mercado.

“Ellos (la JRCM) determinaron cerrar parcialmente la convocatoria de solicitudes de licencia de dispensario mas no así de las licencias de cultivo y manufactura, o sea que el problema de saturación que se manifiesta a nivel de retail también se manifiesta a nivel de cultivo y manufactura”, dijo Rivera, quien añadió que todavía existen 310 solicitudes para dispensarios en proceso de recibir su licencia. Asunto que, prevé, exacerbará el ya saturado mercado en Puerto Rico.

No hay crisis

La directora ejecutiva de la JRCM, Arlene Questell, aseguró, sin embargo, que la industria ha mostrado un crecimiento estable en los últimos años y descartó que la misma estuviera pasando por una crisis.

“Siempre hay quejas de que hay crisis en la industria, pero yo no te puedo decir eso, al contrario, lo que puedo decir es que sigue habiendo solicitudes para nuevos establecimientos. Claro, ha habido cierre de alguno que otro dispensario, pero no puedo decir que hay cierres masivos. Cambios de dueños existen como existen en todas las industrias, así que yo lo veo como un programa sólido que va en crecimiento, pero que va en un crecimiento de acuerdo con la población”, indicó la titular de la JRCM.

Según dijo la funcionaria, actualmente existen en Puerto Rico 128,350 pacientes activos de cannabis medicinal y 207 médicos certificados para recomendar cannabis medicinal. La edad promedio de los pacientes es de 42 años, con un 57 por ciento de hombres y un 43 por ciento de mujeres.

Questell admitió, no obstante, que su oficina se encuentra falta de personal con apenas 15 empleados, incluyendo al personal administrativo, y solo nueve inspectores para cubrir toda la isla. La directora ejecutiva indicó que su meta es aumentar el personal para realizar no solo inspecciones de renovación, como actualmente se hace por la falta de personal, sino inspecciones esporádicas como herramienta de monitoreo y en cumplimiento con la ley.

La directora ejecutiva señaló además que las estadísticas levantadas en los pasados años evidencian estabilidad de la industria.

Según señaló, en 2022 se registraron 121,168 pacientes mientras que en 2021 se registraron 118,379. Y a pesar de que durante el año pandémico de 2020 se registró un pico inusual de 110,018, continuó la curva ascendente en comparación con 2019, cuando se registraron a penas 77,949 pacientes. Las bajas registradas responden, indicó Questell, a diferentes variables como, por ejemplo, personas que no renuevan sus licencias y la migración masiva, entre otras.

No obstante, la titular de la JRCM reconoció que los números continúan muy por debajo de la expectativa inicial.

“Yo creo que la expectativa cuando se creó la ley fue irreal”, aseguró Questell en entrevista con esta publicación. “Tener 300,000 pacientes en un año cuando se creó la ley fue un numero irreal. Tenemos que recordar que esto es una recomendación médica por unas condiciones debilitantes específicas, tampoco es como que sea recreacional, es un programa medicinal, así que vamos subiendo poco a poco”.

La directora ejecutiva de la JRCM lamentó la situación económica por la que atraviesan los dispensarios, pero apuntó hacia la recesión económica del país como la responsable y no a deficiencias en el andamiaje administrativo de la industria.

“Se escucha mucho que la industria está en crisis, pero veo los números de todos los establecimientos, las ventas todos los días, y la realidad es que es una industria sólida, es un programa sólido. Yo creo que la clave aquí es la educación a los pacientes, que empieza con ese primer contacto con médico y con nosotros como oficina”, indicó la funcionaria sobre la necesidad de licenciar más pacientes de cannabis medicinal.

Según señaló, las ventas de cannabis medicinal en Puerto Rico para 2018 registraron ingresos de $8,744,011, sin embargo, en tan solo un año la cifra se disparó astronómicamente con recaudos ascendentes a $82, 895, 920 en 2019.

El año pandémico de 2020 registró la monumental cifra de $202,662,006 millones en ventas, sin embargo, y a pesar de ser un recaudo inusual, para 2021 y 2022 los números continuaros saludables con recaudos de $186,267,703 y $188,216, 924, respectivamente.

“Hay una queja de que están perdiendo, pero no, yo creo que la competencia en cada país es necesaria. Las ventas siguen en aumento, y aunque hay más dispensarios y tal vez las ganancias que tenían los dispensarios han bajado, pero eso no significa necesariamente que hay pérdidas, sino que están dejando de ganar”, explicó la funcionaria.

Estudio de saturación

El presidente de MICaM recordó, sin embargo, que la JRCM se encuentra en violación a la Ley 42 al no haber cumplido con el requerimiento de entregar un estudio anual que analice el mercado del cannabis medicinal en la isla para evitar, precisamente, la sobresaturación del mercado.

Rivera recordó también que, ante la imposibilidad del gobierno de realizar un estudio de mercado, las organizaciones que agrupan a los miembros de la industria tomaron la iniciativa de realizar un estudio privado comisionado al economista Gustavo Vélez, que demostró que existía un desbalance entre la oferta y la demanda del producto que debía ser atendida de inmediato.

“Creo que el estudio que ha comisionado la JRCM simplemente va a validar los reclamos que hemos estado haciendo y el estudio independiente que comisionamos y obviamente despertará en ellos una necesidad urgente de tomar acción que no sea poniendo parchos sino acciones que realmente ayuden a la industria del cannabis a sobrevivir”, indicó.

“Aquí hay dos visiones, la de ellos (el gobierno), que es traer la mayor cantidad de licencias posible y cobrar esos aranceles que se pagan y dejar que la industria se regule sola en términos del mercado, y la nuestra es que el gobierno debe intervenir con herramientas que realmente puedan ayudar a desarrollar el potencial que tiene esta industria”, explicó.

Por su parte, Questell justificó la falta de un análisis por problemas de presupuesto.

“No podíamos hacer un estudio de saturación, pero en este momento ya los fondos están asignados, también se hicieron unos acuerdos con la Universidad de Puerto Rico para comenzar este proceso, que tomó mucho tiempo porque había que conseguir los fondos, pero ya estamos en posición de hacer el estudio de saturación, a nivel de todas las licencias”, señaló la funcionaria.

“En realidad el reglamento en la ley establece que cuando se llegara a los 100,000 pacientes se iba a hacer un estudio de saturación con relación a cultivo y manufactura, pero no incluía dispensarios. Eso es lo que se desprende de la ley”, aclaró.

La titular de la JRCM aseguró además que ya el proceso para comenzar el estudio se encuentra en la etapa final del Requerimiento de Propuesta para identificar al ente privado que lo realizará. Y aunque no pudo especificar el costo a que ascenderá el mismo, sí aseguró que los resultados estarían disponibles este año.

Ha sido politizado

El presidente de MICaM lamentó que el tema del cannabis medicinal en Puerto Rico haya sido politizado en la Asamblea Legislativa y citó la derrota con 19 votos a favor y 26 en contra del Proyecto de la Cámara 1037 (PC 1037) que buscaba despenalizar la posesión simple de 5 gramos o menos de marihuana y el tranque con el Proyecto de la Cámara 1191 (PC 1191), que busca regular el uso controlado de la marihuana para mayores de 21 años, como ejemplos de ello.

“Definitivamente la politiquería está matando la industria, el proyecto de Héctor Ferrer Santiago (PC 1191), que fue bien pensado, consultado con miembros de la industria y con expertos en el tema, y fue derrotado por eso”,

“Es un proyecto que no tan solo viene a atender un proyecto de política pública y un problema de criminalización, que, al día de hoy, todavía existe. Y aunque el proyecto de Ferrer Santiago no tenía como objetivo directo resolver los problemas que enfrenta la industria, en el efecto práctico al abrir un mercado de cannabis para uso adulto controlado, resolvería en gran medida la situación crítica”, añadió.

Por su parte, Ferrer Santiago, autor del PC 1191, coincidió en que el tranque con su proyecto se debió más a razones políticas que a una genuina preocupación de parte de sus detractores por los constituyentes.

“(La derrota del proyecto) Es algo electoral y lo dije desde un principio. Yo, por mi parte, voy a presentar la medida que entienda que sea de mayor beneficio para el pueblo no importa el costo político. Hay otras personas, sin embargo, que le temen al costo político”, dijo el legislador en entrevista con Metro.

El legislador popular aseguró que no retirará el proyecto de ley y continuará impulsando herramientas para el desarrollo de una industria que a todas luces podría generar miles de millones de dólares para la economía local.

“Espero que los compañeros representantes puedan continuar educándose y ciertamente continuar ese debate en la isla. Continuar educando al público y espero que en las elecciones de 2024 ese sea uno de los temas serios en la discusión. Yo creo que el asunto de las drogas se debe tocar y debe ser uno de los asuntos fundamentales que deben estar en la discusión de las elecciones”, señaló.

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