El gobierno podría procesar criminalmente a cualquier periodista o persona que, según su juicio, divulgue rumores o noticias falsas en tiempos de estado de emergencia, según una moción presentada ante el Tribunal Federal.
La legislación, conocida como “fake news”, había sido impugnada hace tres años por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por siglas en inglés), en representación de los periodistas Rafelli González y Sandra Rodríguez Cotto.
Entre los cargos, se encuentra cumplir tres años de cárcel y pagar una multa de $5 mil a $10 mil.
Según una información publicada en el blog En Blanco y Negro, la moción de reconsideración de 21 páginas apelando el caso fue radicada el viernes en la noche por el gobernador Pierluisi, el secretario de Justicia Domingo Emanuelli, el Secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, y el Comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.
Al momento, solo una persona, que resultó ser un pastor evangélico, enfrentó un cargo bajo una ley de 2017 luego de que en los primeros días del encierro por la pandemia del Covid-19 provocara una aglomeración en comercios al decir, mediante un mensaje en WhatsApp, que el gobierno cerraría todos los negocios y los puertos el día siguiente.
