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Piden establecer Ley de la Universidad de Puerto Rico

Profesores y estudiantes esperan que esta ley despolitice la Junta de Gobierno de la UPR.

En Vista Pública de la Comisión de Educación, Arte y Cultura, presidida por la representante Deborah Soto Arroyo, celebrada hoy, estudiantes, profesores e integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) pidieron que se establezca la “Ley de la Universidad de Puerto Rico” a los fines de dotar a la UPR de herramientas para garantizar su autonomía.

El Proyecto de la Cámara 1314 que busca establecer la Ley de la UPR fue radicado por el presidente cameral Rafael Hernández Montañez, entre los planteamientos principales del proyecto incluyen herramientas que otorguen mayor autonomía al cuerpo universitario y democracia en sus procesos con participación amplia.

La profesora Martha Quiñones Domínguez estableció en su ponencia que esta ley corrige dos problemas comunes en la UPR que tiene repercusiones en la realidad social puertorriqueña; la intervención político-partidista en la gobernanza de la institución y la insuficiencia de recursos y las implicaciones que esta tiene sobre todos los elementos de su misión y sobre todo sobre el acceso y éxito de los estudiantes que habitan en su región de servicio y que provienen de los sectores tradicionalmente más desventajados.

“Este proyecto fortalece esa gerencia y la Junta de Gobierno (Consejo Universitario) y los compromete a defender la UPR, el presupuesto y el buen uso de los fondos. Reconoce espacios democráticos y participativos, introduce el rendir cuentas y la transparencia en el manejo de la UPR”, expuso Quiñones Domínguez en su ponencia.

Christian José Roig-Laboy egresado de la UPR de Cayey, explicó que el primer cambio substancial de este proyecto en contraste con la ley actual es balancear los puestos dentro los existentes organismos de gobernanzas para que sea más inclusivo con la comunidad universitaria; esto incluye la Junta Universitaria y el Consejo Universitario. Aseguró que en el P. de la C. 1314 se propone que estos dos cuerpos trabajen en conjunto y que ningún cuerpo vaya por encima de otro en poder.

Roig Laboy también dijo que las huelgas y paros no son las razones principales por las que los estudiantes se van de la UPR sino por los altos costos de créditos. “Yo fielmente creo que el PC 1314 atenderá ese miedo que estudiantes, padres, legisladores, etc. tienen sobre los paros y huelgas e igual que la decisión de ir a una universidad privada en vez de la UPR”, añadió.

En los pasados 5 años el costo del crédito han visto un alza de $100. De $57 en el año fiscal 2018 a $157 en el año 2023.

Por su parte, Edward J. Maldonado Rosa presidente Consejo General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Ponce, no estuvo presente en la vista, sin embargo, aseguró en su ponencia que para este semestre de agosto 2023 el costo de matrícula subgraduada promedio (12 a 15 créditos) ronda en los $2,000 sin incluir cuotas de mantenimiento, tecnología y laboratorios.

Maldonado dijo favorecer la aprobación del P. de la C. 1314, siempre y cuando se le añadan las enmiendas que se presenten de parte de la Comisión Multisectorial por la Reforma Universitaria.

Despolitizar la UPR

Los deponentes explicaron que la persona recomendada para la gobernanza de la institución debe ser por méritos y no por pertenecer a un partido político en particular.

“Queremos eliminar que cada vez que cambia la gobernación de x o y partido cambia también quien forma parte de la Junta de Gobierno que también aprueba los rectores y decanos”, puntualizó Christian Roig-Laboy.

Por su parte, Ángel Rodríguez del Consejo de Estudiantes de Derecho explicó que para despolitizar hay que añadir un filtro en los procesos de nombramientos y administración de la UPR que pueda complicar a que las personas nombradas para ser parte de la Junta De Gobierno actúen a beneficio de su partido político.

Rodríguez añadió que la rendición de cuentas que fue implementada para la Junta de Gobierno sea un mecanismo en la ley orgánica para que la comunidad universitaria tenga mayor facultad de rendir cuentas a los rectores.

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