El representante novoprogresista Víctor Parés presentó la Resolución Conjunta de la Cámara 488, la cual busca crear un marco regulatorio para manejar el reciclaje de placas y baterías solares en Puerto Rico y ordenaría al Negociado de Energía a realizar un estudio abarcador para establecer centros de reciclaje de estos equipos, así como establecer la reglamentación necesaria para la disposición de los mismos al llegar al final de su vida útil.
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A través de declaraciones escritas, Parés explicó que: “En Puerto Rico ya hay sobre 70,000 residencias con sistemas de energía solar y todos los meses entran 3,400 más. A medida que crezca el mercado fotovoltaico en Puerto Rico, para llegar a la meta –establecida por ley– del 100 por ciento de generación con fuentes renovables en 2050, también lo hará el volumen de paneles solares y baterías de almacenamiento desechados al final de su vida útil, lo que amenaza con convertir la solución a la crisis energética en un problema ambiental, a menos que se tomen medidas preventivas desde ahora”.
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“Al momento, no hay un problema de manejo y disposición de estos equipos, ya que la gran mayoría de las instalaciones son recientes. La vida útil de los paneles es de 25 a 30 años, mientras que las baterías duran de 10 a 14, o cinco a siete años, dependiendo si son de iones de litio o ácido-plomo, respectivamente. Pero tenemos que actuar ya para evitar una crisis a finales de esta década”, añadió el legislador.
En la medida se asegura que los paneles solares son altamente reciclables gracias a los materiales de los cuales están hechos, principalmente de vidrio y aluminio. No obstante, estos se tienen que llevar a un punto limpio para que los elementos que componen el módulo se procesen y que así puedan recibir una segunda vida. El reciclaje ayuda a disminuir la explotación y consumo de recursos naturales, ayuda a rebajar el consumo de energía y la contaminación de la atmósfera y disminuye el uso de vertederos que contaminan el ambiente.
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Los expertos coinciden en que, si no se aprovecha la ventana de tiempo para delinear una hoja de ruta, los inconvenientes comienzan a partir de 2030.
Las posibles acciones incluyen desde política pública que prohíba el depósito de paneles y baterías en los vertederos (casi todos saturados y en incumplimiento ambiental) hasta el desarrollo de industrias locales de reciclaje, lo que generaría, a su vez, actividad económica.
