Ante una nueva ola de proyectos de escuelas chárter, que se impulsa en Puerto Rico, la Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico (FMPR) reclamó una moratoria en la aprobación de estos contratos para privatizar la enseñanza y a esos efectos convocan al pueblo a una marcha el 1 de junio frente a Fortaleza.
“Las escuelas chárter, también conocidas como escuelas alianza, vienen a desangrar los fondos públicos que deben ir destinados a fortalecer la educación pública, para sufragar entidades privadas educativas. Ya hemos visto como la privatización ha sido sinónimo de corrupción y pésimos servicios a la ciudadanía: Así lo demostró LUMA y lo hemos visto en el propio esquema de las chárter en Puerto Rico con la compañía South Bronx Charter School, cuyo contrato tuvo que cancelar Educación el año pasado al comprobarse que uno de sus incorporadores había sido convicto por malversar fondos en Nueva York. Esto es lo que fomenta la privatización”, planteó Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR.
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La FMPR y organizaciones presentes en la Conferencia se opusieron a la implementación de las escuelas chárter y reclaman la aprobación de una reforma educativa que sustituya la Ley 85-2018 impulsada por Abel Nazario y Julia Keleher. A su vez exigen que se apruebe de inmediato en la Legislatura un proyecto de moratoria al establecimiento, expansión o modificación de las empresas chárter y que el gobernador lo firme.
Tanto miembros de la FMPR, como del partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Victoria Ciudadana, entre otros convocaron a la marcha frente a un edificio que se encontraba en construcción para ser convertido en una escuela chárter administrada por la compañía Paradiso College Preparatory, que contará con una chárter en Arecibo y otra en Río Piedras.
En la conferencia de prensa se presentó Roberto Acosta fundador, director ejecutivo y dueño del proyecto que administra su compañía Paradiso College Preparatory. Acosta se encontraba previamente en el edificio que se encontraba en arreglos. Esto causó un revuelo entre los allí presente y le fue solicitado que se retirara de la conferencia en varias ocasiones. “Se quejaban de que Kira Golden había comprado nueve propiedades vengo yo puertorriqueño los compro y me atacan a mí”, dijo y añadió que consideraba que todo lo que decían los miembros de la FMPR era meramente político.
Ante ello Martínez dijo que Acosta era un descarado y que, “esto es un tipo de desplazamiento, de desahucio de nuestras comunidades. Por un lado, privan a las escuelas públicas de infraestructuras seguras, recursos humanos, materiales, condiciones dignas de trabajo-aprendizaje, autonomía escolar y por otro le garantizan todo ello a las chárter. Adicional a ello, millones de dólares de fondos federales asignados durante la pandemia en reconocimiento al trabajo del magisterio por su sacrificio le es denegado, mientras por otro lado descaradamente se anuncian millones en fondos federales para asignar a estas escuelas chárter. Esto es inaceptable. Es parte del plan de desmantelar la educación para que el pueblo pida a gritos la privatización”.
Además, añadió que las escuelas que mandaron a cerrar no sirven para el gobierno como escuelas públicas, pero que se las pretenden dar a casi ningún costo a estas compañías para asignarles recursos y remodelarlas.
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Por su parte, Carmen Warren, defensora de los derechos de los niños y niñas pertenecientes al programa de educación especial, por otro lado, recalcó que “en el historial de las chárter en Estados Unidos se evidencia que discriminan contra los estudiantes con diversidad funcional y comunidades marginadas”.
“En el caso de los maestros no les garantizan sus derechos, ni beneficios marginales en muchos de ellos. Este es un modelo de negocios corporativo que busca lucrarse y privilegiar a unos pocos mientras a miles de estudiantes de escuelas públicas les priva de una educación segura y de calidad”, comentó Edwin Morales Laboy, vicepresidente de la FMPR.
De igual forma la senadora María de Lourdes Santiago del PIP dijo que el área de Rio Piedras está perdiendo el carácter de espacio comunitario al ser desplazados todos los residentes por los inversionistas de Ley 22. Mientras que Rafael Bernabe del MVC dijo que las escuelas chárter no tienen algún beneficio. “El interés no es mejorar la educación, el interés es convertir la educación en una fuente de ganancia privada”, concluyó.
