Emilio Colón miembro de la Asociación de Constructores (ACPR) se presentó en vista pública de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales que preside la senadora Ana Irma Rivera Lassén en la que señaló que, corroborables, hay alrededor de 90 mil casas construidas de manera ilegal.
Colón dijo que sus números llegan a las 919 mil residencias informales tomando como base del universo del Censo Federal que son 1,659,000 viviendas. Héctor Morales en representación de la Junta de Planificación añadió que “es un dato complejo”.
La ACPR estimó que para el 2018, se hallaron construcciones informales en el 55% de las viviendas en Puerto Rico. Según datos de la ACPR, más de 75,000 casas se han construido informalmente desde el año 1999.
Además, Colón mencionó varias recomendaciones y enfatizó la importancia de la construcción de viviendas informales. Ante esto expresó que “respaldamos que se estructuren o implementen programas de asistencia para proveer el apoyo técnico, y las ayudas necesarias para que las familias e individuos que no puedan adquirir vivienda en una urbanización, condominio u otro proyecto similar, puedan construir su vivienda, por medios y recursos propios, pero cumpliendo con la utilización y aplicación correcta de planos y los códigos de construcción”.
Por su parte, Héctor Morales hizo referencia a los datos estimados de la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico del 2021. “En los estimados de vivienda a cinco años de la Encuesta sobre la Comunidad del 2021 se había estimado 1,553,791 unidades de viviendas existentes. Las unidades de viviendas ocupadas se estimaron en 77.0 por ciento (1,196,790)”, indicó. Además, recalcó que son viviendas registradas.
La ponencia que fue entregada a la comisión por parte del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico lee que, “A la fecha, no contamos con datos sobre construcción informal o ilegal, ya que, por su naturaleza, esta actividad o estatus de vivienda se encuentra fuera de las regulaciones o registros gubernamentales. En todo caso, el análisis o investigación por el Gobierno de cualquier situación de construcción informal o ilegal corresponde a las agencias de planificación y permiso de usos de los municipios. En el caso del Gobierno de Puerto Rico, estas responsabilidades recaen en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que no cuenta con esta información de forma pública”.
La vista se llevó a cabo una mediante la Resolución del Senado 600, para investigar los mecanismos que tienen las agencias gubernamentales para garantizar una vivienda digna y segura para las personas en el país.
El propósito principal de esta Resolución es proveerle al Senado el mecanismo para poder indagar y auscultar qué soluciones se pueden promover para que toda persona en Puerto Rico tenga vivienda segura en la que pueda desarrollarse plenamente, como lo consignan la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“Esta resolución es porque estamos buscando información para el cumplimiento del derecho humano a la vivienda. Cómo se le garantiza a la gente que vive en Puerto Rico, el acceso o financiamiento a la vivienda. Todos los componentes relacionados con la vivienda. Queremos saber qué está sucediendo para llenar esas necesidades en Puerto Rico”, destacó Rivera Lassén.
En la audiencia, también participó como deponente Neyda Ortiz, secretaria de asuntos legales del Departamento de la Vivienda (DV), quien presentó un repaso de los proyectos que se llevan a cabo mediante el Programa CDBG-DR. “El Plan de Acción CDBG-DR, según enmendado, define el uso que se daría a los más de $10 mil millones en fondos CDBG-DR, aprobados por el Congreso de los Estados Unidos y asignados por HUD a Puerto Rico para la recuperación de la Isla a raíz de los daños y pérdidas generadas por los huracanes Irma y María, en septiembre de 2017″, explicó Ortíz.
A modo de ejemplo, mencionó que el Plan de Acción CDBG-DR contempla el Programa de Viviendas de Interés Social, con una asignación de fondos de $32.5 millones. Este programa crea oportunidades de vivienda para poblaciones con necesidades especiales, tales como: personas sin hogar, personas de edad avanzada, víctimas de violencia doméstica, personas con discapacidad intelectual, de desarrollo o física, pacientes de VIH/SIDA, e individuos que se recuperan de la adicción.
La senadora preguntó sobre el número de familias impactadas con los diferentes proyectos. Ortíz detalló que para el Programa de Asistencia al Comprador son 6,109 familias. En el programa de entrega de títulos son 395 familias y en viviendas de interés social hay 18 proyectos a través de 12 organizaciones sin fines de lucro.
