Una vista que se llevó a cabo hoy en la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, que preside la senadora Ana Irma Rivera Lassén, abundó sobre los mecanismos que tienen las agencias gubernamentales para garantizar una vivienda digna y segura para las personas en el país.
“Esta resolución es porque estamos buscando información para el cumplimiento del derecho humano a la vivienda. Cómo se le garantiza a la gente que vive en Puerto Rico, el acceso o financiamiento a la vivienda. Todos los componentes relacionados con la vivienda. Queremos saber qué está sucediendo para llenar esas necesidades en Puerto Rico”, destacó Rivera Lassén.
En la audiencia, participó como deponente Neyda Ortiz, secretaria de asuntos legales del Departamento de la Vivienda (DV), quien presentó un repaso de los proyectos que se llevan a cabo mediante el Programa CDBG-DR.
“El Plan de Acción CDBG-DR, según enmendado, define el uso que se daría a los más de $10 mil millones en fondos CDBG-DR, aprobados por el Congreso de los Estados Unidos y asignados por HUD a Puerto Rico para la recuperación de la Isla a raíz de los daños y pérdidas generadas por los huracanes Irma y María, en septiembre de 2017″, explicó Ortíz.
Por ejemplo, mencionó que el Plan de Acción CDBG-DR contempla el Programa de Viviendas de Interés Social, con una asignación de fondos de $32.5 millones. Este programa crea oportunidades de vivienda para poblaciones con necesidades especiales, tales como: personas sin hogar, personas de edad avanzada, víctimas de violencia doméstica, personas con discapacidad intelectual, de desarrollo o física, pacientes de VIH/SIDA, e individuos que se recuperan de la adicción.
La senadora preguntó sobre el número de familias impactadas con los diferentes proyectos. Ortíz detalló que para el Programa de Asistencia al Comprador son 6,109 familias. En el programa de entrega de títulos son 395 familias y en viviendas de interés social hay 18 proyectos a través de 12 organizaciones sin fines de lucro.
De igual manera, Pedro Cintrón de la Administración de Vivienda Pública (AVP) explicó el Plan de Mejoras Permanentes que forma parte del Plan Anual y el Plan de 5 años. “En el mismo, se identifican las propiedades que recibirán fondos federales de mantenimiento y/o modernización durante los próximos cinco años. Al presente, el Residencial Bernardino Villanueva en Aguadilla se encuentra en la primera fase de su modernización, la cual impactará 132 unidades de vivienda con un costo de construcción revisado $24 millones”.
También , mencionó los proyectos que están en proceso de subasta o de publicación de documentos de subasta para modernización comprensiva: Agustín Stahl en Aguadilla con 88 unidades; Brisas del Turabo en Caguas con 122 unidades; Bella Vista en Arecibo con 150 unidades; y Alturas de Cupey con 154 unidades. Rivera Lassén preguntó si existe algún plan de vivienda estatal más allá del año 2014-18. Ortíz indicó que ese es el vigente, porque debido a los huracanes Irma y María no se pudo trabajar en el plan. Añadió que en estos momentos se está desarrollando un nuevo plan.
Por su parte, la senadora novoporgresista, Migdalia Padilla Alvelo, preguntó cómo funciona el proceso de reembolso de fondos federales de FEMA. Cintrón explicó que los fondos son a través del mecanismos de reembolso, pero recientemente a través del COR3 se permitió el 25 por ciento de adelanto y se han comenzado algunos proyecto para beneficiarse de ese por ciento.
Además, participó como deponente Héctor Morales en representación de la Junta de Planificación, quien hizo referencia a los datos estimados de la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico del 2021. “En los estimados de vivienda a cinco años de la Encuesta sobre la Comunidad del 2021 se había estimado 1,553,791 unidades de viviendas existentes. Las unidades de viviendas ocupadas se estimaron en 77.0 por ciento (1,196,790)”, indicó. Además, recalcó que son viviendas registradas.
En su turno, Emilio Colón miembro de la Asociación de Constructores, mencionó varias recomendaciones y enfatizó la importancia de la construcción de viviendas informales. Ante esto expresó que “respaldamos que se estructuren o implementen programas de asistencia para proveer el apoyo técnico, y las ayudas necesarias para que las familias e individuos que no puedan adquirir vivienda en un una urbanización, condominio u otro proyecto similar, puedan construir su vivienda, por medios y recursos propios, pero cumpliendo con la utilización y aplicación correcta de planos y los códigos de construcción”.
A preguntas de la senadora sobre el estimado de casas informales en el país, Morales señaló que corroborables son alrededor de 90 mil. Por otro lado, Colón dijo que sus números llegan a las 919 mil residencias informales tomando como base del universo del Censo Federal que son 1,659,000 viviendas. Morales añadió que “es un dato complejo”.
También, participó como deponente Argie Díaz del Departamento de la Familia quien repasó los programas de vivienda que ofrecen para sus participantes. Entre estos mencionó el Programa de Soluciones de Emergencia (ESG, por sus siglas en inglés) e informó que se han atendido sobre 29 mil participantes. “Destacamos que el Departamento de la Familia recibió una asignación especial bajo los fondos del Cares Act para atender la población de personas sin hogar”, mencionó Díaz.
De igual manera, dijo que la Administración de Familias y Niños a través de la Administración Auxiliar de Prevención a la Comunidad contrata entidades gubernamentales y no gubernamentales, que brindan servicio de albergues a las víctimas sobrevivientes de violencia doméstica y sus hijos. Los programas son subvencionados bajo los fondos federales de “The Family Violence Prevention and Services Act” .
