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“Frívola” demanda del MVC y el PIP según comisionada electoral del PNP

La funcionaria del colectivo estadista dijo que presentarán ante el tribunal una moción para desestimar la demanda

Luego de que ayer, miércoles, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) radicaran un pleito legal en conjunto para retar la constitucionalidad de dos artículos del Código Electoral vigente que prohíben las coaligaciones de candidatos y alianzas políticas entre partidos, hoy, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, quien también figura entre los demandados, aseguró que el recurso legal es uno frívolo.

“Entendemos que esta demanda puede ser una frívola toda vez que desde 1997 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo ante sí una controversia idéntica a esta y en ese momento se determinó que la Legislatura y el Estado tienen la capacidad de poder reglamentar, regular o impedir que se dé este tipo de alianzas entre partidos políticos porque la libertad de asociación es para los individuos y no para los partidos políticos entre sí”, aseguró la funcionaria del PNP en entrevista con Metro Al Mediodía.

“Nosotros estamos evaluando todas las alternativas y no quiero adelantar las estrategias legales que utilizaremos, ya cuando contestemos la demanda podremos abundar más, pero anticipo que compareceremos una vez se nos emplace y vamos a exponer todas las cuestiones de Derecho que están a nuestro alcance para nosotros demostrar que, en efecto, esta demanda es frívola”, añadió.

No obstante, Santo Domingo aseguró que aún no ha sido emplazada formalmente y por ello no han contestado a la demanda.

Sobre las alegaciones de la demanda de que ambos artículos del Código Electoral, el 6.1 y el 7.9, violentan los derechos de asociación y el derecho de selección de los electores de Puerto Rico así como de los partidos políticos, la comisionada del PNP aseguró que ese derecho cobija a los individuos y no a los colectivos políticos.

“Quien hace esas expresiones no ha leído el Derecho al Voto, el derecho es del elector y no del partido y nosotros le garantizamos ese derecho a través de las diferentes modalidades de voto, integro, mixto y a candidatura, cada cual escoge a su candidato e incluso llegamos al extremo de tener una Columna de nominación directa para que usted pueda incluir a un candidato que no aparece en la papeleta para ese puesto”, aseguró Santo Domingo.

“Nosotros tenemos que regular los procesos, no pueden quedar abiertos, pero más allá de eso, lo que tenemos que ver es que aquí hay unos candidatos que tienen la intención y pretenden que su fotografía aparezca mas de una vez en una papeleta, y yo no sé, pero por donde quiera que yo lo veo lo puedo explicar solo como una competencia desleal”, añadió.

No obstante, Santo Domingo no abundó sobre el alegato de la demanda de que la enmienda al código electoral vigente para prohibir las coaligaciones y las alianzas carece de interés apremiante por parte del Estado como estipula la Constitución de Puerto Rico.

“Nosotros estamos trabajando en la estrategia y esos ‘issues’ los traeremos oportunamente al pleito. Lo que si te puedo decir es que deber ser un hombre, un voto. No puede ser de otra forma, de lo contrario estaríamos dándole ventaja a unos candidatos sobre otros y queremos que todos estén en las mismas condiciones”, indicó la funcionaria del PNP.

Santo Domingo dijo que es muy posible que el pleito se someta al Tribunal Supremo de Puerto Rico por la vía de la certificación por la propia naturaleza del pleito, al tener que ver con asuntos constitucionales y con los electores.

Sin embargo, la comisionada electoral aseguró que la manera de enmendar el derecho vigente no es a través del tribunal sino de la Legislatura.

“Si nos interesa cambiar el estado de derecho vigente la forma de hacerlo es a través de la Legislatura porque ya la jurisprudencia interpretó este cuestionamiento y se determinó constitucional que una legislatura reglamente las alianzas yo creo que el foro adecuado era la legislatura”, indicó Santo Domingo.

“El MVC y el PIP quieren cambiar el criterio del legislador y su capacidad de legislar por el criterio del juez cuando aquí vivimos en un sistema republicano de gobierno que debemos tener una separación de poderes, que ellos han violentado”, dijo.

Temen a un caso como este

Lillian Aponte Dones, comisionada electoral del MVC dijo no sorprenderle el argumento que utilizará el PNP de considerar la demanda frívola toda vez la colectividad teme a un caso de esta magnitud y aseguró que utilizan de manera equivocada la cita de un caso federal en el foro local.

No nos sorprende viniendo del PNP porque entendemos que tienen miedo a lo que presupone un caso como este. Yo creo que ellos están citando erróneamente un caso a nivel federal porque, como sabemos, la Constitución de Puerto Rico da unos derechos que no otorga la Constitución en los Estados Unidos entonces entramos en la cuestión de cuál de las dos aplicaría. En Puerto Rico no pueden violentar un derecho constitucional tan fácilmente, especialmente el derecho de asociarse, tanto de los partidos como de los candidatos”, indicó Aponte Dones a Metro.

La funcionaria del MVC concurrió en que el caso iría directamente ante la consideración del alto foro judicial.

“Anticipamos que el caso suba mediante certificación directamente al Tribunal Supremo por ser un derecho constitucional que se está violando y por ser algo tan sensitivo e importante, que es el derecho de la asociación, el derecho de elegir, el derecho al voto. Entendemos que sea el tramite que le de la vía judicial y entendemos que el tiempo apremia porque estamos en un año donde se van a ver las radiaciones de candidaturas que comienzan en diciembre así que es importante que esto se vea con la seriedad que amerita el caso y que se vea de la manera adecuada”, añadió.

Ante la resistencia de la comisionada electoral del PNP de atender el asunto con la seriedad que dijo ameritar y tildar el reclamo como uno frívolo, la funcionaria del MVC recordó que este tipo de alianzas se utiliza en Puerto Rico desde principios del Siglo 20.

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