El municipio de Ponce aún le adeuda más de $12 millones a varias agencias del gobierno por servicios esenciales como el agua y la luz, de una deuda que sobrepasa lo $20 millones, según los hallazgos de una auditoría de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso.
Según se desprende del informe, al 30 de junio del 2021, el municipio mantenía la deuda $20,237,627, con planes de pagos activos. A la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA), le debía $13,738,686, a la Autoridad de Energía Eléctrica $2,459,194, a la Junta de Retiro, $2,048,638 y al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), por seguro de desempleo, $1,991,109.
Sin embargo, el actual alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, indicó, que las deudas con la agencias y las corporaciones públicas fueron heredadas y está cumpliendo con el pago a través de las retenciones de las remesas del Centro de Recaudación de lngresos Municipales (CRIM).
“Actualmente, el balance total de la deuda de los referidos planes de pago es de $12,831,556.37, por lo que ya se ha pagado el 37% de la deuda. Nuestra administración municipal ha tomado y seguirá tomando las medidas de rigor para cumplir con el pago de las deudas y con la facturación corriente de la agencias del gobierno central y federal y con las corporaciones públicas”, establece el alcalde en los comentarios del informe.
Pero esta no es la única deuda, también se desprende de la auditoría, que el Municipio adeudaba $2,890,806 a una aseguradora del plan médico de los empleados municipales.
“Esta situación causó que el Municipio tuviese que pagar $683,626 en intereses y recargos, hecho que agravó aún más su situación fiscal y la posibilidad de que por las deudas, los empleados no tuvieran acceso a los beneficios que tienen derecho”, señala la contralora.
El 22 de junio de 2022 el Municipio firmó un acuerdo de pago con la aseguradora del plan médico por el balance de la deuda acumulada al 30 de junio de 2022, ascendente a $2,434,474. Se estableció un primer pago de $243,447 (10% del balance adeudado) y 27 pagos de $81,149 mensuales hasta el 30 de octubre de 2024. Además, debe realizar mensualmente el pago total de la factura corriente vencida, lee el informe.
Gastan miles en vehículos abandonados
Por otra parte, la auditoría revela que el municipio adquirió dos vehículos, una guagua de pasajeros y un trolley por más de $300,000, que se encuentran abandonados en un taller privado desde el 2014. La guagua fue adquirida en el 2012 a un costo de $187,777 y asignada al Departamento de Planificación y Desarrollo para el uso del Sistema Integrado de Transportación del Sur6 (SITRAS). El trolley, en tanto, fue comprado en el 2006 por $116,000 y asignado a la Oficina Municipal de Turismo.
Como parte del informe, el Municipio certificó a los auditores que el 17 de marzo de 2023 removieron las dos unidades mencionadas del taller y las trasladaron a las instalaciones de la Oficina de Transporte. El 20 de marzo de 2023 el Municipio inició el proceso para decomisar ambas unidades.
“El Municipio no mantenía los expedientes de las reparaciones y los gastos de mantenimiento de los vehículos. Estas situaciones propician el deterioro de los vehículos y que se cometan errores en los servicios de reparaciones”, señala la Contralora.
Los auditores develaron que el Reglamento de Transportación no había sido actualizado con las disposiciones de la Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico y con el Reglamento Municipal en los incisos sobre el uso y control de los vehículos de motor, servicios de mecánica y reparación de vehículos y sobre los cambios organizacionales y administrativos del Municipio.
El Informe publica también que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos del Contralor de la Legislatura Municipal, no ejerció su función fiscalizadora. En las tres reuniones celebradas del 2019 al 2020, no evaluaron dos informes de auditoría de la Oficina del Contralor, ni los estados financieros auditados del 2017-18 y 2018-19, y tampoco los siete informes emitidos por la Oficina de Auditoría Interna del Municipio. El expresidente de la Legislatura Municipal indicó que no se evaluaban los informes que no tenían hallazgos dirigidos a la Legislatura Municipal.
La auditoría, de igual manera, emite un comentario especial sobre el proceso judicial contra el alcalde. Repasa que el 11 de abril de 2023 el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) emitió una resolución en la cual indica que la Contralora de Puerto Rico refirió al secretario de Justicia una comunicación que establece alegada asignación de dos funcionarios para solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza y otros empleados. Se alega que esta acción tenía el propósito de realizar los pagos de un préstamo personal de la campaña electoral, así como otros gastos de carácter personal.
Además, se aduce la existencia de un esquema de kick back mediante el cual el alcalde asignó a otros funcionarios solicitar dinero a los empleados nombrados en el Municipio. El PFEI determinó asignar un fiscal especial independiente y un fiscal delegado para realizar la investigación de los hechos establecidos.
El nforme recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Ponce cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.
Este primer informe de Ponce, cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2021.
