Un panel de tres peritos coincidió hoy en que, de ser aprobado por la magistrada Laura Taylor Swain, el Plan de Ajuste (PAD) para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sería nefasto para Puerto Rico.
Durante una conferencia de prensa desde el Colegio de Abogados de Puerto Rico, los economistas José Alameda y Ramón Cao, en compañía de Tom Sanzillo, director de análisis financiero del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, en inglés) advirtieron sobre la inviabilidad del acuerdo y las consecuencias del aumento proyectado a la tarifa de energía.
Cao, experto en economía y quien realizó el estudio para el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), advirtió que alzas adicionales en las tarifas eléctricas de la magnitud contemplada en el PAD tendría un impacto negativo significativo en la economía local.
“Aumentos en las tarifas de la magnitud que contempla la Junta impactarían negativamente la economía pues disminuiría el nivel de actividad económica a lo largo del tiempo lo que también redundaría en una reducción de más de 75,000 empleos para el año 2030″, insistió.
El economista indicó además que en su análisis encontró varios puntos preocupantes del PAD, entre estos que el mismo está basado en una serie de supuestos que no son “económicamente razonables” y que tampoco considera los efectos macroeconómicos que tendría en la isla.
Según señaló, la propuesta también tendría como consecuencia directa la reducción del Producto Interno Bruto (PIB) real de la economía mientras que aseguró que el PAD no provee los recursos suficientes para financiar la reestructuración de la deuda y la modernización que la corporación pública tiene que realizar.
“El PAD para la deuda heredada es de $5.68 millones, que eso excede el límite superior de sustentabilidad y a esa cifra hay que sumarle $425,000 millones en gastos de inversión capital que tendrían que financiarse por emisión de deuda. Pero, aun, esos números no son consistentes con el resto de la evidencia”, dijo Cao.
Por otro lado, Alameda, quien también es especialista en asuntos fiscales, coincidió en que la imposición del cargo heredado crea una carga adicional para los residentes, así como para los sectores industriales y comerciales reduciendo los ingresos del gobierno central.
“Cuando se considera el impacto del Legacy Charge junto con el pago de la deuda del gobierno central y las transferencias al Commonwealth Trust Fund, se vuelve insostenible el Plan Fiscal propuesto por el gobierno central”, señaló.
El economista explicó que a través de su análisis logró proyectar las tarifas en Puerto Rico tanto para residencias, como para comercios y el sector industrial extrapolándolas con el aumento del cargo heredado.
“En la medida en que la AEE tendrá menos ingresos tiene más compromisos con ese ingreso hacia dos Alianzas Público-Privadas que no traen capital, todo lo contrario, vienen a cobrar”, señaló Alameda.
“El impacto de Hacienda al Fondo General neto se reduciría anualmente”, añadió.
De otra parte, Sanzillo, quien además es experto en asuntos energéticos y financieros, aseguró que el PAD propuesto no es viable y no proporciona los recursos capitales y operacionales necesarios para garantizar un servicio eléctrico confiable y asequible para Puerto Rico.
“Este plan mantendrá a la isla dependiente de las costosas importaciones de combustibles fósiles, sin tomar en cuenta otras opciones disponibles que podrían reducir y estabilizar los costos y disminuir nuestra dependencia de estos combustibles”, dijo.
Sanzillo también afirmó que existen alternativas que podrían ser consideradas a través del proceso de quiebra, que podrían conducir a una solución realmente viable para la economía y el sistema eléctrico de Puerto Rico.
Ante estas preocupaciones planteadas, el trío insistió en explorar alternativas que puedan conducir a una solución equilibrada y sostenible para el problema de la deuda de la AEE.
