Luego del revés que sufrieran ayer los fiscales del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) en 49 denuncias de fraude contributivo contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, y luego de una racha de casos archivados contra diferentes funcionarios, varias voces expertas en el tema cuestionan la necesidad y efectividad del ente jurídico independiente que opera con fondos públicos.
Los dos cargos en los que la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Iraida Rodríguez Castro, encontró causa probable fueron en las dos denuncias sometidas en el referido original del Departamento de Justicia (DJ) por violaciones a los artículos 212 y 269 del Código Penal con respecto a los informes financieros de 2020, donde la prueba mostró que posiblemente se reportó una cantidad menor de ingresos de los realmente reportados y también por Nogales Molinelli no haber divulgado su participación en la corporación familiar como presidenta y tesorera.
No obstante, en los 49 cargos adicionales que el PFEI sometió ante la consideración del tribunal y que, según se indicó en sala, surgieron de la evidencia recopilada a través de la investigación del propio organismo, la jueza no halló causa probable.
Para la experimentada abogada criminalista, Mayra López Mulero, el trabajo de los cuatro fiscales, liderados por el fiscal Ramón Mendoza Rosario, fue totalmente deficiente.
“Era obvio que no tenían dominio de la materia a la que se referían las denuncias”, opinó López Mulero.
“Me parece que queda demostrado categóricamente ante los ojos del espectador el caos existente y cómo ha colapsado esa institución que se ha convertido, desde mi perspectiva, en una agencia que está al servicio de los intereses políticos del gobierno de turno y que utiliza esa estructura para perseguir al disidente y para procurar acallar y destruir al adversario político. Al que tenía duda de eso, ayer le quedó confirmado”, añadió.
La letrada aseguró además que el desempeño de los cuatro fiscales ayer en la sala 907 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, donde se llevó el proceso de Regla 6 de procedimiento criminal contra Nogales Molineli, es cónsono con las denuncias que repetidamente ha esbozado a través de su trayectoria como jurista en Puerto Rico en contra del PFEI, organismo creado en virtud de la Ley 2 de 23 de febrero de 1988 para lidiar con el problema de corrupción gubernamental, pero que responde al gobernador.
“Pienso que el PFEI es una estructura que colapsó y que hay que reformar y rediseñar, y tomar las medidas que correspondan para crear una entidad que haga un trabajo de excelencia distanciada totalmente de consideraciones político-partidistas y movida exclusivamente por el objetivo que debe ser el sacerdocio de un fiscal, que es la búsqueda de la verdad”, señaló López Mulero.
“Yo creo que ya ha quedado demostrado que definitivamente en Puerto Rico estamos incurriendo en prácticas fascistas que atentan contra la estabilidad de un sistema democrático y el pueblo tiene que repudiar esto a tiempo”, añadió.
Por su parte, el veterano criminalista y profesor, Joaquín Monserrate Matienzo, catalogó el desempeño del PFEI como un fracaso “total y absoluto”.
“Demuestra que esos fiscales no estaban preparados para radicar un caso adecuado y bien investigado. Solo se encontró causa en dos cargos, eso es una vergüenza para el PFEI”, aseguró Monserrate Matienzo.
“Es una vergüenza y creo que debe haber una reorganización de esa institución. Yo creo que es innecesaria y costosísima. Había cuatro fiscales para un solo caso de dos causas probables. Esa gente cobra por hora y cobra un salario sustancial por hora para hacer determinaciones malamente motivadas”, añadió.
El jurista recomendó que se revise la estructura del PFEI y que el Departamento de Justicia (DJ) retome la responsabilidad de investigar la corrupción de cuello blanco.
“Deben volver al sistema de los fiscales profesionales del DJ, de sus divisiones de crímenes de cuello blanco, contributivos… todo eso debe tener sus propios fiscales. No hace falta ese gasto para tener esa calidad de fiscales especiales independientes. Se ha demostrado que esa oficina se debe disolver y se ha demostrado con la cantidad de fracasos que tienen año tras año. Esa gente acusa y no ganan ni un caso”, lamentó.
Se cuelgan 49 de 51
Carlos J. Sagardia Abreu, también experto en litigio criminal, cuestionó, por su parte, el criterio del panel tres miembros en propiedad, que incluyen a la presidenta del organismo, Nydia Cotto Vives, y dos miembros alternos para decidir qué denuncias proceden y cuáles no para ser presentadas ante el tribunal.
“Lo más serio aquí es que para que estos abogados fiscales hubieran tenido la autorización de radicar los 51 cargos que radicaron, se pasó por el crisol de tres jueces del tribunal de apelaciones, en la oficina del panel del FEI. Así que cuando uno juzga eso a la luz de que la Rama Judicial determina 49 no causa cuando el panel entendió lo contrario, pues te deja saber que posiblemente hay algo mal en ese panel”, explicó Sagardia Abreu.
“Cuál fue el proceso que siguieron esos jueces para evaluar esa prueba, porque todo eso ocurre de una manera oscura y el pueblo no tiene acceso ni a la manera que la presidenta del PFEI recluta a estos abogados ni tampoco tiene control de cómo le asignan los casos”, cuestiono el abogado criminalista.
No obstante, Sagardia Abreu vio con buenos ojos el hecho de que el Tribunal Supremo autorizara que se transmitiera el caso en vivo por los medios del país porque, de esa manera dijo, sirvió como revelación para los constituyentes sobre lo deficiente que resulta ese organismo que opera con fondos públicos.
“Es bueno que la vista se haya televisado porque así el pueblo tiene acceso a lo que verdaderamente es el PFEI y yo exhorto a la Inspectora General de Puerto Rico a que inicie una auditoría sobre los procesos que se siguen en la oficina del PFEI para el trámite de estos casos. Para que los corrija, porque ciertamente alguien tiene que dar cara”, sostuvo.
Mutis del PFEI
Metro intentó sin éxito obtener una reacción de la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives. La funcionaria contestó la petición de este rotativo a través de mensaje de texto indicando que no haría comentarios sobre el caso al tener programado ir en alzada en los tribunales.
“A todos los medios que me han hecho acercamientos, les he explicado que no considero propio expresarme de casos que están ante el tribunal, más aún cuando los FEI irán en alzada”, explicó Cotto Vives en un breve mensaje de texto.
El propósito de la entrevista era cuestionar a la presidenta del PFEI sobre el costo de estos fallidos sometimientos de casos ante el tribunal y conocer sobre el criterio utilizado por el panel para añadir 49 señalamientos adicionales a los dos que originalmente había sometido Justicia y en los que sí se encontró causa probable.
