La Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes llegó a conclusiones similares a los hallazgos de una investigación que realizó la Unidad Investigativa de Género del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y Todas con el Miami Herald: el Negociado de la Policía de Puerto Rico falla en el manejo de la violencia de género que involucra a sus miembros.
La principal recomendación del informe aprobado el pasado miércoles es legislar para que sea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) la agencia que reciba, maneje e investigue las querellas de violencia de género que involucren a miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico para que luego sean consultadas con un fiscal ajeno a la región en la cual trabaja el querellado.
La presidenta de la Comisión, Jocelyne Rodríguez Negrón, indicó que la semana que viene presentará un proyecto de ley para crear una procuraduría especial de violencia doméstica que atienda las querellas contra miembros del Negociado de la Policía, y que trabaje dentro de la OPM.
Señaló que no requerirá asignación de dinero adicional, sino una transferencia de los fondos para atender el asunto de violencia doméstica de la Policía a la OPM.
“No hay que gastar mucho. Lo que sí tiene que haber es un ente independiente que investigue estas querellas”, enfatizó.
El informe es el resultado de la investigación legislativa que la Resolución de la Cámara 659 le ordenó a la comisión para indagar sobre los protocolos existentes para atender los casos de violencia de género dentro del Negociado de la Policía.
La Resolución también ordenó investigar las querellas presentadas contra miembros de la Uniformada, los recursos destinados a atender el problema de violencia doméstica dentro del cuerpo policial y las razones por las que no se esclarecen todas las querellas contra los oficiales, y para que se aclararan las causas por las que no se radican cargos contra algunos policías que incurren en esta conducta. También tenía que evaluar las posibles soluciones para agilizar y hacer más eficiente el proceso y para que los agentes tengan mayor capacitación y ayuda profesional.
Como parte las vistas públicas, la Comisión recibió información del Departamento de Justicia que señala que, entre el 1 de enero de 2017 y el 2 de noviembre de 2022, no se presentaron cargos en 242 querellas contra miembros del Negociado de la Policía, de un total de 372 que fueron consultadas con un fiscal.
“En otras palabras, el 65% de los casos son consultados y no radicados”, lee el informe que, además, resalta que “es alarmante observar la repetición de nombres de miembros de la uniformada, con distintos números de querella y fecha, donde la disposición final es consultada y no radicada”.
La falta de procesamiento judicial a los policías es uno de los aspectos de la investigación legislativa que más preocupó a la representante Rodríguez Negrón, coautora de la medida.
“Es indignante lo que hemos podido encontrar a raíz de la investigación. Lamentablemente, los casos no prosperan. Ni tan siquiera llegan al tribunal, se quedan en una mera querella. Eso levanta dudas sobre el asunto”, expresó la legisladora en entrevista con el CPI.
El informe incluye los nombres y datos de 24 policías contra los que se presentaron más de una querella por violencia doméstica en el periodo entre 2017 y 2021. En total, contra esos policías se presentaron 51 querellas, pero solo 21 llegaron a los Tribunales y en las otras 30 querellas nunca se presentaron cargos.
De esos casos judiciales, hubo cuatro veredictos de culpabilidad. Nueve terminaron con determinación de no causa para arresto, en cuatro no hubo causa para juicio o fueron desestimados en vista preliminar y dos fueron archivados. Un caso terminó en declaración de no culpabilidad.
Las conclusiones del informe de la Comisión cameral de Asuntos de la Mujer hacen eco de los hallazgos de la investigación que publicaron la Unidad Investigativa de Género y el Miami Herald, que reflejaron que cientos de policías fueron arrestados, entre 2010 y 2021, por delitos de violencia doméstica, pero muy pocos enfrentaron las consecuencias.
Un análisis de los datos que suministró entonces el Negociado de la Policía a las periodistas como resultado de una demanda del CPI, revelaron que más de 800 policías fueron arrestados por 960 incidentes de violencia doméstica. Solo 36 terminaron en convicciones.
Para el periodo de 2015 al 2020, el porcentaje de casos radicados con relación a las querellas presentadas contra oficiales por violencia doméstica fue de 63.7%, según la información que analizaron el CPI y el Miami Herald. Se trata de un porcentaje muy similar al 65% de casos no radicados que indica el informe cameral para un periodo más reciente –1 de enero de 2017 a 2 de noviembre de 2022–, lo que evidencia la continuidad de la tendencia.
Cuando, en mayo de 2022, el CPI y el Miami Herald confrontaron al comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa con las estadísticas de querellas presentadas contra los casos radicados en el Tribunal, este respondió que la discrepancia respondía a que es más frecuente que se arreste un oficial “aún cuando no existen los elementos” del delito para que luego sea un fiscal quien determine si presenta o no cargos. El Comisionado argumentó que eso ocurre porque el proceso contra un miembro de ese cuerpo “es más riguroso que para cualquier otro ciudadano”.
“Toda querella de casos de violencia doméstica que envuelve a un policía va a ser consultada con un fiscal, aun cuando, de la investigación, nosotros entendemos que no es un caso para llegar a un fiscal porque no existen los elementos”, explicó entonces la sargento de la Unidad de Violencia Doméstica Ivette Rivera Velázquez, al coincidir con la apreciación del Comisionado. “Activamos el protocolo para que no quepa duda de que la investigación se cumplió y que, no obstante, lo llevamos a un fiscal para que evalúe esa investigación”, agregó durante aquella entrevista.
Persisten las discrepancias
Varias de las personas, incluyendo sobrevivientes de violencia doméstica de parte de policías, que entrevistaron el CPI y el Miami Herald para su trabajo de periodismo investigativo, refutaron la explicación de la Policía. Una de ellas fue la directora ejecutiva de la organización Kilómetro 0, María Mari Narváez, quien también compareció a las vistas públicas que realizó la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara como parte de su investigación.
Mari Narváez estableció que la Policía “no cumple con los protocolos establecidos para el manejo de violencia doméstica y cuando cumple, resultan ser totalmente inefectivos”.
En los últimos cinco años, cuatro policías y dos expolicías fueron los feminicidas de sus parejas o exparejas.
El informe legislativo también resalta las discrepancias en el números de querellas presentadas contra policías que registran distintas agencias del mismo Gobierno de Puerto Rico.
Por ejemplo, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Pública informaron sobre 372 querellas contra policías por violencia doméstica entre el 1 de enero de 2017 y el 2 de noviembre de 2022. Mientras, los datos de la OPM –que obtiene estas estadísticas directamente del Negociado de la Policía– indicó que para un periodo de tiempo similar, del 1 de enero de 2017 al 24 de octubre de 2022, tenía registro de 422 querellas contra miembros de la Policía. Sus números representan 50 querellas más que las que presentaron el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Pública.
En incumplimiento los municipios
Uno de los hallazgos del informe de la comisión cameral es el craso incumplimiento de los municipios con la Ley 59 de 2020 para la Educación, Prevención y Manejo de la Violencia Doméstica para los Municipios de Puerto Rico. Esta legislación creó un Programa de Educación y Adiestramiento para la Prevención y Manejo de la Violencia Doméstica para todos los policías municipales, adscrito a la OPM.
Establece que los policías municipales y los funcionarios que laboran en los cuarteles municipales deben tomar ocho horas anuales de educación en procesos de prevención e intervención en los casos de violencia doméstica, incluyendo estrategias de investigación, entrevista a víctimas y testigos y manejo de escenas del delito.
De acuerdo con información provista por la OPM a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, solo 43 municipios han tomados los adiestramientos requeridos por la Ley 59, lo que representa el 58% del total de aquellos que cuentan con policía municipal, que son 74 –Culebra, Luquillo, Aibonito y Cayey no cuentan con Policía Municipal–.
La OPM aseguró a la Comisión que ha realizado “innumerables gestiones” para que los otros 31 municipios cumplan con el adiestramiento. Mencionó como dificultades que los participantes no se conectan o no llegan al lugar donde se ofrecerá el adiestramiento.
Entre las recomendaciones del informe se incluye que la OPM imponga multas administrativas a los municipios que no hayan cumplido con los adiestramientos de la Ley 59. También, realizar adiestramientos relacionados a los aspectos biopsicosociales de violencia de género dirigidos a toda la uniformada con un currículo que sea evaluado por la OPM.
Incierto el historial del exagente feminicida Diego Figueroa Torres
Una de las personas que estuvo convocada a presentar un memorial como parte de la investigación, fue el expolicía Diego Figueroa Torres, presidente de Frente Unido Policías Organizados (FUPO). Ocho días después que firmó una ponencia que establecía que “el Negociado de la Policía atiende todo caso de violencia de género como un problema de salud pública sin diferenciar el empleo de las personas envueltas en el asunto”, asesinó a Iraida Hornedo Camacho. Luego, se suicidó.
La Comisión solicitó retirar su memorial de los documentos a considerar en su investigación y requirió al Negociado de la Policía su historial de trabajo. De los documentos enviados a la Comisión, se desprende que Figueroa Torres fue querellado en múltiples ocasiones por diversas razones. Sin embargo, no quedó claro cuántas querellas en total tenía, debido a que la información suministrada por el Negociado de la Policía estaba incompleta y mezclada con datos de otros agentes.
El Negociado no le aclaró los datos a la Comisión antes de la publicación del informe.
