A pesar de que el municipio de Río Grande cuenta con 14 millas de costa privilegiada, los accesos a las playas públicas en ese municipio del noreste de Puerto Rico son cada vez más limitados toda vez propietarios privados que han construido en zonas marítimo-terrestres han optado por clausurar ilegalmente el paso a la costa tanto del público en general como de pescadores que se ganan su sustento en todo ese litoral.
Ese es el caso de la conocida playa Las Picúas de ese municipio, que a pesar de que allí el problema de acceso ha estado presente desde la década de 1970, los pescadores y residentes de la zona han indicado que se ha recrudecido en los últimos años.
Ante la presunta indiferencia tanto del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y del alcalde de Río Grande, Ángel “Bori” González Damud, pescadores y vecinos de la zona organizaron el Campamento Erizo el pasado jueves como medida para reclamar el libre paso a la playa.
Como parte de su protesta, miembros del campamento arrancaron varios portones que se habían colocado supuestamente de manera ilegal por los residentes.
José Torres, uno de los portavoces campamento, explicó a Metro cuál es la situación a una semana de haber establecido el campamento.
“Por décadas se ha venido luchando con este problema de Las Picúas así que un grupo de pescadores nos unimos y decidimos comenzar con esta lucha ya que los pescadores salimos a buscar nuestro sustento de cada día en esta costa, pero algunos propietarios empezaron a trancar los portones y llegaron hasta el limite de que lo cerraron todo, hasta el camino de los pescadores para llegar a la playa”, denunció Torres, quien también es pescador.
Hace varios años atrás había por lo menos dos portones abiertos y no había problema, pero han seguido trancando el acceso y después del huracán María esto se puso peor”, añadió mientras indicó que la “gota que colmó la copa” de la paciencia de los pescadores fue la clausura la semana pasada del Camino Los Pescadores, única ruta que permanecía abierta.
“La única área que teníamos, que nos quedaba, era el camino de los pescadores y vinieron y lo cerraron también. Nosotros nos unimos y nos preparamos, educándonos sobre las leyes tanto estatales como federales, y vinimos y arrancamos esas vallas y estamos aquí apostados en un campamento hasta que el alcalde de Río Grande nos abra los 14 accesos, porque el es parte de este problema”, dijo.
El portavoz de los pescadores explicó además que el campamento busca ser un espacio donde, de forma colectiva, se le exija al alcalde de Río Grande, a la Legislatura Municipal y a los vigilantes del DRNA a que cumplan con su obligación de garantizar el libre acceso a todas las playas del municipio de Río Grande.
“Es indignante que por muchos años los desarrolladores y propietarios insistan en la práctica ilegal de impedir o entorpecer el acceso de los pescadores a la playa Las Picúas de Río Grande. Acción abusiva que nos impide realizar nuestro trabajo y llevar el sustento a nuestros hogares”, dijo Torres.
Torres indicó que en la playa Las Picúas sirve como fuente de sustento para al menos 100 pescadores que, paradójicamente en un municipio con tan amplia extensión de costa, carece de una villa pesquera desde donde estos trabajadores puedan operar.
“Se hacen de la vista larga”
Torres aseguró a Metro que, en su mayoría, las propiedades que han clausurado las entradas a la playa sirven como alquileres a corto plazo. También denunció que uno de los rumores que continúa tomando fuerza en Río Grande es que muchas de estas construcciones son hechas de manera ilegal ya que estos propietarios carecen de títulos de propiedad de los lotes de tierra en Las Picúas.
“Casi todas las construcciones y propiedades que hay en Las Picúas son Airbnbs”, aseguró Torres en referencian a las propiedades para rentas a corto plazo.
“Eso allí es zona marítimo-terrestre y no sé cómo han conseguido los permisos para construir allí. Lo que siempre hemos escuchado es que no tienen titulo de propiedad, sino que compran el terreno y construyen ahí sin permiso. Pero como nadie le ha puesto el cascabel al gato, nadie decía nada, pero ahora nosotros se lo estamos poniendo”, añadió el pescador.
Según indicó, las autoridades concernientes han ignorado el problema por años al ser estos desarrolladores individuos y compañías pudientes con posibles ataduras financieras con personas clave en el gobierno municipal y estatal.
“Se hacen de la vista largas porque son personas pudientes y donan a los políticos y a sus campañas”, señaló.
“Nosotros hemos sometido querellas e inclusive hemos hablado con el alcalde personalmente. Aparentemente pensó que, como éramos pescadores, éramos ignorantes, y nos dijo que nos organizáramos y así lo hicimos. Ahora no nos quiere dar cara”, reclamó.
Torres aseguró que el campamento permanecerá de pie todo el tiempo que sea necesario hasta lograr el libre acceso a todas las playas de Río Grande.
“Aquí todos los días viene gente particular, vienen personas de las iglesias, vienen de otros puntos de la isla a traernos víveres y agua. Esto se abrió el jueves pasado, este fin de semana estuvo caótico. Permaneceremos aquí todo lo que sea necesario hasta que nos devuelvan el acceso a las playas. Invitamos a todo el pueblo a que venga y nos apoye”, dijo.
Metro intentó contactar sin éxito al alcalde de Río Grande para que explicara la postura del ayuntamiento con respecto al campamento y corroborar que, en realidad, los desarrolladores en la zona poseen todos los permisos correspondientes.
