La magistrada Laura Taylor Swain reservó hoy su conclusión al finalizar el último de los tres días pautados por la jueza federal para resolver el tranque entre las partes en litigio sobre a cuánto asciende la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico en el caso de Título III de la ley federal Promesa para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La jueza federal pautó la próxima vista de conferencia previa al juicio de la AEE para el próximo 12 de julio a las 9:00 a.m.
Durante el cierre de argumentos de las partes, la controversia entre el informe pericial comisionado a la economista Maureen M. Chakraborty por parte de los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el comisionado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo del también economista, David Plastino, tomó el enfoque central de la vista.
En los pasados tres días, ambos argumentos parecieron tener peso, pero le toca cargar ahora a la magistrada Swain con el peso de decidir cuál de los dos estimados es el correcto.
Según el informe de Plastino, los cálculos utilizados por los bonistas para reclamar la suma de $8,500 millones están plagados de errores y excluyen información disponible en el momento en que la AEE invocó el Título III de la ley federal Promesa.
Sin embargo, el estudio de Chakraborty argumenta que el valor de la reclamación de sus clientes no es tan bajo como estima Plastino, quien cree que la deuda pública de la AEE está valorada en solo $2,100 millones.
El protagonista silente de la vista, no obstante, fue el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la AEE, que, luego de que sea confirmado, modificaría la cantidad reclamada por los bonistas, según se explicó durante la vista.
Uno de los representantes legales de la JSF, Martin Bienenstock, infomó a la corte que ese organismo federal certificará un nuevo plan fiscal para la corporación pública la próxima semana, pero anticipó que este plan podría sufrir más cambios luego de que LUMA Energy habría identificado una presunta tendencia a la baja en el consumo de electricidad en Puerto Rico.
Por su parte, Gary Orsek, abogado del grupo Ad Hoc de bonistas de la AEE mostró preocupación por la certificación del plan que incluirá nuevos datos e información a semanas de que se discuta el PDA en el tribunal.
Cuestionan cuantía sugerida por bonistas
La disputa sobre la cuantía que deberá pagar la corporación pública a través de la imposición de un nuevo cargo a la factura de energía eléctrica continuó hoy en una batalla argumentativa entre ambas partes.
La abogada de la JSF, Margaret Dale, cuestionó la veracidad del trabajo analítico presentado por el grupo de bonistas mencionando unas 60 contradicciones que incluyen desde qué elementos se consideran como gastos operacionales hasta cuánto podría recaudar la AEE en los próximos 30 años.
“La diferencia más marcada que evidencia el análisis erróneo de los bonistas es que no se incluyó la obligación financiera que la AEE tiene con sus pensionados”, señaló Dale ante la magistrada.
La abogada también argumentó que la evidencia presentada por la JSF confirma fehacientemente que estimar el valor de una reclamación no se resume a un cálculo matemático.
Dale añadió que Chakraborty cometió una “violación cardinal” al incluir en sus cálculos información en el PDA de 2023 de la AEE, cuando la orden del tribunal fue analizar la reclamación solo con la información disponible al momento de la quiebra en 2017.
“Nuestro análisis es el apropiado”, aseguró Dale a la jueza Taylor Swain mientras insistió que la valoración de la reclamación del grupo de bonistas de la AEE no debe exceder de $2,100 millones.
Por su parte, Bienenstock, también abogado de la JSF argumentó que existen dos razones para acoger el análisis presentado por el organismo federal.
El representante legal aseguró que Plastino logró su cálculo utilizando la información disponible en 2017 así como en el efecto que tendrían los altos precios de la electricidad en los hábitos de consumo de los abonados a la AEE.
“La venta de electricidad caería en un 23 por ciento según nuestras proyecciones y Puerto Rico corre el riesgo de entrar en un círculo viciosos negativo de tarifas más altas, menos abonados conectados y menos consume”, explicó Bienenstock.
“No hay decision más crítica para la gente de Puerto Rico que esta”, añadió.
El representante legal del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), Pedro Jiménez, sostuvo por su parte que en la vista quedó meridianamente demostrado que la efectividad de un síndico para la monitorear las finanzas de la AEE solo funcionaria en un escenario hipotético presentado por los bonistas.
Jiménez sostuvo que un síndico no puede permanecer al mando por un periodo extenso de años y tampoco puede aumentar las tarifas de manera inmediata.
Asimismo, señaló otras deficiencias en el informe de Chakraborty, que se centra en la tasa de descuento 5.5 por ciento que aplicó la experta para valorar la reclamación de los bonistas de la AEE.
Según el abogado del UCC, más allá de las fallas en los cálculos de la valoración de los bonistas, el informe Chakraborty deja fuera la necesidad de pagar por gastos operacionales y capitales que serían necesarios para que la AEE continúe con sus operaciones.
Sobre los hombros de los abonados
Por parte de la aseguradora municipal Assured Guaranty, el abogado Mark Ellenberg, estableció que hablar de la carga que conlleva el proceso no procede al ser un ejercicio hipotético que, en realidad, quedará sobre los hombros de los abonados al servicio eléctrico.
Ellenberg sostuvo que la razón por la que su cliente y los bonistas deben recibir la totalidad de su reclamación es porque les asiste en Derecho un remedio para cobrar su acreencia.
Según el abogado, esa deuda debe resarcirse de los ingresos que genera la AEE y sostuvo que el análisis de Chakraborty establece que la deuda de la corporación pública puede cubrirse en un plazo de 50 años.
El abogado de Assured subrayó que su cliente no pretende “apagar las luces” de Puerto Rico y que tampoco el informe de Chakraborty implica ese escenario.
Ellenberg también planteó que mientras la otra parte ha asegurado que un alza tarifaria no sería factible sin el aval del Negociado de Energía de Puerto Rico, en la Declaración Informativa del PDA de la AEE se establece que el regulador aprobará ajustes para asegurar el pago a los bonistas.
“Ellos quieren rechazar nuestro remedio equitativo”, dijo Ellenberg en referencia a la propuesta de la JSF.
