La procuradora del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la licenciada Naihomy Álamo Rivera, reveló hoy en vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, que hace alrededor de siete años la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR OSHA, por sus siglas en inglés) está en incumplimiento con las directrices de OSHA por la disparidad de las multas, lo que pone en riesgo el plan estatal.
“OSHA nos ha notificado que estamos en incumplimiento y, esto supone un riesgo para la revocación del plan estatal de PR OSHA, lo cual implicaría que OSHA asumiera la autoridad sobre la mayoría de los lugares del país”, expuso Álamo Rivera ante Comisión que atiende el proyecto 1772 que busca enmendar la “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” (Ley 16-1975), para establecer la administración y el uso del Fondo Especial para la Promoción de la Salud y Seguridad Ocupacional.
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La funcionaria insistió en la aprobación de la medida para que se evite que OSHA asuma jurisdicción sobre los lugares de trabajo delegados a PR OSHA.
Cabe resaltar que PR OSHA tiene jurisdicción exclusiva en todos los lugares de trabajo en Puerto Rico, tanto del sector público como privado; excepto las industrias dedicadas al Manejo de Carga Marítima, Construcción y Reparación de Barcos y el Servicio Postal de Correos, las cuales permanecen bajo la jurisdicción del gobierno federal.
La medida busca realizar cambios a la administración e imposición de penalidades sobre seguridad y salud en el trabajo. Además, dispone que las penalidades civiles podrán ser fijadas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) cuando sea requerido para la vigencia del plan estatal de Puerto Rico.
Fondo Especial para la Promoción de la Salud y Seguridad Ocupacional
Durante la vista, presidida por el representante Domingo J. Torres García, Álamo Rivera mencionó, además, que hay $11 millones que no se han podido utilizar por la burocracia que hay en la creación de la Junta del Fondo Especial, organismo que nunca se constituyó luego de creada la Ley 16 en el 2002.
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El proyecto 1772 propone designar al secretario del DTRH como administrador del Fondo Especial ya que “es el paso más lógico y razonable para que se utilicen los recaudos de las multas de forma cónsona con los propósitos que persigue la Ley 16″.
Por su parte, el legislador Torres García sostuvo que con la cantidad que hay en el pote se podría dar un buen uso para la clase trabajadora del país.
“Tenemos aproximadamente 20 años sin utilizar ese dinero, pudiendo haber dado un buen uso en cuestión de orientación para los trabajos y material promocional para que los empleados sepan lo que conlleva cualquier tipo de multa cuando no cumple con la salud y seguridad en el empleo”, dijo.
El Fondo se creó para la Promoción de la Salud y Seguridad Ocupacional, el cual se nutre de los recaudos provenientes de las penalidades civiles.
Actualmente, la administración del Fondo está a cargo de una Junta compuesta por Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE); el Secretario del DTRH; el Coordinador del Programa de Higiene Industrial del Departamento de Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. También, por dos representantes del sector obrero, y dos representantes del sector patronal.
Al concluir, el representante, Torres García adelantó que la Comisión estará trabajando las recomendaciones respecto a este proyecto de ley para llevarlo a votación en una vista de consideración final la próxima semana, y de esa manera aprobarlo en esta quinta sesión legislativa que concluye a final de mes.
