Ante la inminente aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ocho organizaciones ambientales y comunitarias aunaron esfuerzos para presentar ante la consideración del Tribunal federal, una objeción a dicho plan.
Según aseguró el grupo durante una conferencia de prensa desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) este PAD obstaculiza la transición de la corporación pública a energías renovables, como ha sido la meta trazada por el gobierno para 2050 convirtiéndola en una alternativa más costosa de lo que debería ser.
Los representantes legales del grupo aseguraron que el PAD no solo está en violación de la política pública, sino que no hace que la energía alternativa sea viable para el público.
Las organizaciones argumentarán en la corte que el PAD viola la política pública energética de Puerto Rico porque interfiere con la obligación de la AEE de terminar con la generación de energía mediante la quema de combustibles fósiles y porque el costoso “cargo heredado” o “impuesto al sol” penaliza la energía solar residencial (en los techos) dentro del programa de medición neta.
“Rechazamos el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE presentado por la Junta de Control Fiscal. La Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico dispone que se debe alcanzar un 40 por ciento de generación a través de fuentes renovables de energía para el 2025, 60 por ciento para el 2040 y 100 por ciento para el 2050. Por consiguiente, deben eliminarse las fuentes de energía de carbón y otros combustibles fósiles”, expresó Federico Cintrón Cintrón, portavoz de El Puente de Williamsburg Inc.-Enlace Latino de Acción Climática.
Las entidades previamente han fundamentado sus argumentos ante el tribunal en un informe del experto en sistemas de energía renovable, el ingeniero Agustín Irizarry Rivera, que concluyó que el cargo heredado que pretende imponer la JSF mediante el PAD crearía una carga energética a los puertorriqueños que se podrían escapar únicamente yéndose de Puerto Rico o desconectándose parcial o totalmente de la red eléctrica.
El experto también concluyó que el cargo heredado propuesto penalizaría a los consumidores que han adoptado la generación de energía renovable a través de la medición neta haciendo más costosa la energía solar en los techos.
“La costosa carga que impone el PAD a las personas, negocios e instituciones de Puerto Rico viola la Política Pública Energética de Puerto Rico y los mandatos legislativos al respecto al penalizar la energía solar residencial y obstaculizar la transición energética en Puerto Rico”, sentenció por su parte Laura B. Arroyo, portavoz de Earthjusitce.
El grupo advirtió que el PAD no puede ser confirmado porque el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) es el único ente gubernamental que tiene la autoridad legal para aprobar el “cargo heredado” no la Junta en el Plan propuesto.
“La Ley 17-2019 también dispone que la energía en Puerto Rico debe ser accesible universalmente y por consiguiente asequible para todas y todos los puertorriqueños. Este objetivo se verá frustrado si el PAD actual es confirmado”, advirtió por su parte Julia Mignucci, de Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, Inc.
“Esto es de gran importancia pues Puerto Rico atraviesa uno de sus momentos más críticos en la historia: habitado por una población cada día más envejeciente y donde casi la mitad de las personas de edad trabajadora se ven obligados a emigrar a los Estados Unidos para poder costear las necesidades básicas de vida: energía, comida, salud y techo”, añadió.
El grupo también subrayó que el PAD es insostenible e inviable ya que la carga económica que este pone sobre la ciudadanía ocasionará que las personas que puedan se desconecten total o parcialmente de la red eléctrica. Esto último conllevaría, dijeron, al colapso inevitable de los ingresos de la AEE y, por consiguiente, no se podrá pagar la deuda.
“Un aumento más a los múltiples que ya ha habido— y que han convertido el servicio eléctrico en el más caro de cualquier lugar en los Estados Unidos— nos conduce a únicamente dos escenarios: quienes tengan el poder económico optarán por abandonar la red eléctrica a través de la instalación de paneles solares en techos con almacenamiento, o quienes no tengan el lujo de desconectarse se verán obligados a abandonar el país”, aseveró por otro lado Lydia Díaz, del Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida Inc. (Yucae).
“La Corte debe asegurarse que el Plan que se apruebe en su día, no se base en deudas ilegales no auditadas, y que tampoco obstaculice la transición a la energía solar distribuida con almacenamiento. También, debe ser cónsono con lo dispuesto en la Política Pública Energética de Puerto Rico, que tenga la autorización del Negociado de Energía, y que no imponga una carga económica adicional al bolsillo de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, quienes ya de por sí luchan por pagar sus cuentas eléctricas y mantenerse a flote en un archipiélago que atraviesa una de sus peores crisis económicas”, concluyó Mirna Conty, de Amigos del Río Guaynabo, Inc.
