La Comisión de Impacto Comunitario, presidida por la representante Lydia Méndez Silva celebró una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 669, que busca investigar la paralización de varios servicios ofrecidos en el Centro de Rehabilitación Vocacional ubicado en el Complejo del Centro Médico en Río Piedras.
La pieza legislativa además persigue indagar sobre las condiciones de la infraestructura, equipo y personal disponible para ofrecer estos servicios e investigar las transacciones, contratos y manejo del presupuesto asignado al Centro.
“El Centro se encuentra en una crisis donde la Administración de Rehabilitación Vocacional no ha podido establecer una regla de arrendamiento con la Administración de Servicios Médicos (ASEM), lo que ha provocado que se afecten los servicios ofrecidos para la población con impedimentos. No podemos olvidar que los impedimentos son una parte natural de la experiencia humana y en ninguna forma disminuye el derecho de vivir independientemente y ser capaces de realizar su vida con éxito”, sostuvo Méndez Silva.
A la audiencia pública compareció el presidente de la Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad, David Figueroa Betancourt, quien solicitó a la Comisión cameral que se investigue a dónde han ido a parar los fondos federales que han sido reducidos del presupuesto, debido a que en el pasado alcanzó una cifra de $100 millones, y en la actualidad el Centro recibe $66 millones.
“No se dejen engañar, no hay que ir a la Universidad para saber que es más costo efectivo tener a las personas con impedimentos integradas en la fuerza laboral que tenerlos en sus casas siendo dependientes del Gobierno y, en muchos casos, muriendo por no haber recibido los servicios adecuados de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV)”, planteó Figueroa Betancourt.
El también galeno indicó que su organización ha recibido quejas de personas que informaron que no podían recibir los servicios en el Centro.
“Nuestra organización solicitó una vista ocular a la Legislatura la cual fue realizada, pero a la fecha de hoy, no hemos tenido respuesta ni acciones para resolver el problema”, indicó.
Ante esto, la vicepresidenta cameral, Méndez Silva adelantó que la Comisión tiene una fecha pautada para visitar el Centro.
“Ya tenemos fecha para realizar una visita ocular al Centro, y conocer de primer orden si verdaderamente se ha deteriorado lo que con tanto sacrificio se construyó”, apuntó.
Por su parte, el doctor Luis Cotto Ibarra mencionó que en el 2004 la ARV implantó una nueva estructura organizacional en la que se cambió el nombre del Centro a Centro de Avaluación y Ajuste (CAA). Además, se cambiaron los títulos de los puestos de los profesionales de la salud y seguidamente se cerraron las áreas de hospedajes y los servicios de restauración física fueron limitados a los casos ya admitidos a los mismos.
“Las facilidades fueron entregadas para que el edificio fuera destruido para que se construya el Centro Comprensivo de Cáncer. Estas decisiones se tomaron sin el debido proceso de ley que requiere la Ley Pública Federal de Rehabilitación Vocacional”, sostuvo el galeno, quien agregó que tampoco fueron informadas en el Plan Estatal que la ARV sometió a la Administración de Servicios de Rehabilitación.
Cotto Ibarra indicó que la persona a cargo durante estos hechos fue María Rosa Iturregui.
Al finalizar, la legisladora Méndez Silva recalcó que la población con impedimentos merece una vida digna y deben de tener todos los recursos necesarios.
“Esta servidora siempre defenderá los derechos de las personas que sí necesitan, no importa el Gobierno que sea. La política política debe de ser cónsona con la necesidad de la gente”, puntualizó.
