Ante cambios de políticas públicas, la creciente inflación y falta de atención por parte del Departamento de Educación (DE), proveedores de servicios se reunieron hoy para clamar por mejoras al sistema que ayuda a estudiantes con diversidad funcional.
La Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación (APPSSRE), se manifestó frente a los predios del DE en San Juan. Se trata de profesionales que brindan servicios terapéuticos bajo remedio provisional.
“Queremos reanudar una conversación, una mesa de diálogo con el Departamento de Educación, ya que el año escolar que está culminando, pues en principio la intención del Departamento era reducir nuestras tarifas, la tarifa que ellos nos pagan a nosotros como proveedores de servicios”, dijo Ángel Pérez, portavoz de APPSSRE.
Según explicó Pérez, no hubo una reducción de tarifa, pero tampoco llegaron a un acuerdo a futuro. Un estudio realizado por la agencia establecía que debían reducir las tarifas, contrario a un estudio realizado por la asociación, la cual busca un aumento de aproximadamente 25% de la tarifa actual.
“Ahora mismo como parte de los requisitos para el próximo año, ellos pretenden que nosotros les demos una evidencia de que somos solventes para poder seguir operando, y ellos tienen prácticamente un incumplimiento de pago”, mencionó Pérez.
En declaraciones escritas, APPSSRE indicó que la falta de disponibilidad de Educación para dar continuidad a los procesos de negociación, acudieron a manifestarse.
“De no tener la audiencia hoy pues vamos a persistir, este, y seguir haciendo un llamado para aumentar la convocatoria tanto de especialistas como padres, que también los padres se unan en reclamos, porque tenemos muchos padres que tienen muchas situaciones”, dijo Pérez.
Este también advirtió que, si el departamento continúa en su estado actual con los servicios, reducirá la lista de proveedores, damnificando los recursos disponibles para estudiantes de educación especial.
Entre las peticiones de la asociación, buscan que:
- Educación aumente y establezca tarifas coherentes.
- Se limite el registro de Proveedores de Remedio Provisional, con el fin de que quienes participan cuenten con los permisos oficiales, conforme al tipo de servicio que ofrezca cada individuo o corporación.
- La entrega del contrato para el año escolar 2023-2024 para aportar al mismo.
- Que se le exija al gobierno la evidencia por adelantado de la capacidad económica para cumplir con el pago de servicios, en vez de a los proveedores.
- Se les exima de cualquier deducción aplicable a los contratistas del gobierno y se desista de la deducción del 1.5% que le es retenida a solo algunos de los Proveedores.
- Educación y el gobierno se comprometan a defender y promover el derecho a la educación pública gratuita y apropiada.
“Realmente esperamos lograr que se abra de nuevo esa mesa de negociación, que tengamos audiencia por parte del Secretario de Educación y que podamos tener un diálogo en el cual nosotros podamos presentar, todas nuestras recomendaciones y que podamos escuchar nuestra parte y parte realmente, porque todos tenemos un mismo fin en común, que es el bienestar de los estudiantes”, explicó Pérez.
