Luego de un extenso proceso de vistas judiciales hace varias semanas, la jueza federal de quiebras, Laura Taylor Swain concluyó que el valor de la reclamación de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuya deuda no es asegurada, asciende a $2,388 millones.

La cifra luce alineada a la expresión del viernes pasado de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el plan fiscal de la AEE sobre un recorte al pago de la acreencia en un Plan de Ajuste a la Deuda enmendado que radicarían en el Tribunal.

“Habiendo determinado que un síndico probablemente habría enfrentado oposición legal significativa y obstáculos regulatorios (supra sección II.B.2), el Tribunal observa que los modelos estadísticos propuestos por la Junta de Supervisión, los Tenedores de Bonos y el Comité no dan cuenta adecuadamente de estos factores de riesgo adicionales que podrían afectar la capacidad del receptor para llevar a cabo ciertas funciones. Los cálculos del Dr. (David) Plastino los reflejan solo como parte de una reducción de marcador de posición del 4% y los demás no los tratan en absoluto. El Tribunal, como se explicó anteriormente, encuentra una reducción del 20% del riesgo de éxito en lograr el flujo de caja proyectado a través de las acciones de un síndico y otros remedios equitativos apropiados. En consecuencia, el Tribunal aplicará una reducción adicional del 20% por los riesgos asociados con el nombramiento de un síndico”, lee parte de la orden recién emitida por la jueza que preside el proceso bajo la ley federal PROMESA.

La orden de 47 páginas cita extensa jurisprudencia sobre los procesos de quiebras en casos que pueden servir de referencia a la quiebra de la AEE. Por ejemplo, se cita que “el objetivo de la estimación es llegar a una valoración razonable del reclamo a la fecha de la declaración de quiebra”. Entre muchas otras citas de jurisprudencia.

Aquí puedes ver la orden:

En el fin de semana, Metro entrevistó a la abogada Eva Prados, quien ha sido vocal en el reclamo de auditoría de la deuda, y en ese momento planteaba que había que esperar el análisis de expertos sobre si aún la cifra de $2,388 millones era viable para ser pagada por Puerto Rico. “Nuestro planteamiento se mantiene, en que ahora mismo no es momento de aumentar la factura para pagarle a los bonistas”, dijo Prados.

La abogada indicó que el miércoles, 28 de junio seguirán marchando desde el Capitolio para reclamar al gobierno que también garantice que no se va a aumentar la factura y que van a proteger las pensiones presentes y futuras.

Aún queda pendiente también el tema de las pensiones de la AEE. El abogado John Mudd dijo en el fin de semana a Metro que este renglón podría verse en el Plan de Ajuste a la Deuda de la AEE. “Cuando se produzca el nuevo plan de ajustes, ahí es donde pondrán todos los números. De hecho, no se habían puesto los números del retiro, así que hay que considerar que el retiro va a aumentar lo que originalmente se había pensado, pero con el recorte que se va a hacer ahora, posiblemente sea un poco menos”, dijo Mudd.

La próxima vista dirigida por la jueza federal de quiebras, Laura Taylor Swain, está pautada para el 28 de junio. En la misma se estaría discutiendo la legitimidad del contrato de la empresa genera Genera PR, a petición de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, se expresa tras la decisión de la jueza

“Reivindicando las posiciones de la Administración del Gobernador Pierluisi, hoy, la jueza Laura Taylor Swain resolvió que los bonistas de la AEE tienen una reclamación no asegurada contra la AEE por $2,388 millones de dólares—y no los aproximadamente $9,000 millones que los bonistas reclamaban—una reducción del valor de su reclamación de aproximadamente un 75%. Esta es la segunda victoria crucial del Gobierno contra los bonistas de la AEE; ya que, a principios de este año, la jueza Swain determinó que los bonistas no tienen reclamaciones aseguradas contra la AEE o sus ingresos futuros como resultado del litigio de impugnación de gravámenes promovido por la AAFAF y la Junta de Supervisión Fiscal”, leen las expresiones escritas del director ejecutivo de AAFAF

“La opinión de la jueza Swain es el resultado de una cuidadosa evaluación de los argumentos jurídicos y fácticos que la AAFAF—y otras partes relevantes— presentaron ante el Tribunal. La Jueza en su decisión de hoy resalto que la AAFAF entiende a Puerto Rico, su régimen regulatorio y las circunstancias de la AEE; de las cuales los bonistas hicieron total abstracción en sus cálculos y posturas”, añadió.

“Esta determinación no hubiera sido posible si la Administración Pierluisi no hubiera tomado la crucial decisión de terminar el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración de la AEE de 2019, en marzo de 2022 (conocido como el “RSA” por sus siglas en inglés). La opinión de hoy tendrá consecuencias trascendentales para la reestructuración de la AEE y demuestra la diligencia y celo con los cuales la Administración Pierluisi ha representado y luchado por el bienestar de los clientes de la AEE y el pueblo de Puerto Rico. Aunque el proceso no ha terminado, la determinación hoy es un paso importante en la defensa por una AEE reestructurada como herramienta de desarrollo económico”, concluyó.