El Partido Popular Democrático (PPD) finalmente ya cuenta con un Protocolo de Prevención y Manejo de Casos de Violencia de Género para tratar casos de violencia y discrimen por razón de sexo en los que pudieran estar involucrados miembros de la colectividad.
El pasado 20 de junio durante la reunión de la junta de Gobierno del PPD, el presidente Jesús Manuel Ortiz presentó varias resoluciones entre las que estaba adoptar un protocolo de manejo de casos de violencia de género que fue avalada y aprobada de manera unánime.
“La aprobación de manera unánime de protocolo para la prevención y manejo de casos de violencia de género, es un paso en la dirección correcta y nosotros vamos a no solamente expresarnos en contra de cualquier conducta constitutiva de este tipo de delito o de actuación, sino que queremos poner la acción, de mover la palabra y es que de eso se trata”, así lo expresó el presidente del partido en una mesa redonda con Metro Puerto Rico.
Ortiz González también comentó que el reglamento del PPD atiende claramente cuáles son los pasos a seguir cuando un funcionario electo tiene una acusación criminal. Sin embargo, dijo que cuando se trataba de casos civiles el reglamento era un poco escueto. Precisamente en la actualidad el renunciante representante popular, Orlando Aponte, tiene una orden de protección en la que detallan agresiones físicas y sexuales contra su esposa. Esto es un proceso civil.
“Probablemente tengamos que, en algún momento, revisar el reglamento para poder incluir pasos a seguir para manejar personas que son miembros de la institución en situaciones donde lo que enfrentan es una situación que no sea criminal”, explicó el presidente del PPD.
Ada Álvarez Conde, quien es parte de la Junta de Gobierno, explicó que el partido siempre ha tenido una política anti-hostigamiento sexual y violencia de género por lo que faltaba era un protocolo.
Por su parte, la vicepresidenta del PPD, Migdalia González, calificó el nuevo protocolo como “un paso de avanzada y queremos que nuestros afiliados se sientan seguros de que nosotros vamos a dar la batalla en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, pero particularmente en contra de la violencia de género, defendiendo y protegiendo nuestra mujer”.
De igual forma, la también senadora reconoció las lagunas con relación a los casos civiles.
Se creó un comité especial para atender asuntos relacionados con el nuevo protocolo compuesto por tres personas, aunque la o el secretario podrá aumentar el número de miembros, según vea necesario.
El nuevo protocolo será aplicable a los miembros de la Junta de Gobierno, oficiales institucionales, miembros de organismo institucionales, miembros de organizaciones sectoriales, designados presidenciales, oficiales electos, aspirantes, candidatos y voluntarios del partido.
El mismo se activa cuando se presenta una queja o si la información se desprende de un medio de comunicación bona fide en la que un miembro institucional del partido incurre en conducta de violencia de género. Una vez la queja sea presentada al Secretario General, será referida al Comité Especial para la preparación de un informe.
Luego de recibido el informe inicial del Comité Especial, el Secretario General notificará su determinación a las partes involucradas, así como las medidas cautelares aplicables. Sin embargo, si alguna de las partes no está de acuerdo con la determinación, podrá solicitar revisión a la Junta de Gobierno.
“Atiende también el tema de la violencia de género en una manera bien amplia, con todas las formas de violencia que están incluidas en el concepto violencia de género, desde violencia sexual, violencia doméstica, ciberacoso, sextorsión, hostigamiento sexual en el empleo, acoso”, expresó Ivonne Lozada del grupo Abogados Populares.
Lozada añadió que este es un protocolo mucho más amplio, con una noción de lo que son los espacios políticos.
Por su parte, la licenciada Ingrid Colberg destacó que, aunque el protocolo sí tiene sanciones reglamentarias, también contempla sanciones pedagógicas. “En casos en que lo amerite, pues quien haya cometido la falta o la violación, pueda entender cuál es la gravedad de su comentario o quizás la forma en que actuó y eso es importante porque nosotros queremos educar a los que componen al partido popular”, subrayó Colberg.
Como parte de las medidas cautelares se incluye el requerimiento de componente pedagógico, orientado a la formación y sensibilización sobre los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQIA+ tales como: asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas.
La vicepresidenta del partido enfatizó que “no es unilateral, también vamos a escuchar al querellado. Hay un proceso de apelación también que se puede dar, o sea que va a ser un proceso justo, pero más que todo y la importancia es que nosotros como colectividad debemos dar ejemplo”.
El resto de los partidos
El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Pichy” Torres Zamora, dijo a Metro que su colectividad tiene un protocolo para trabajar casos de hostigamiento y cualquier otro tipo de querella que surja en contra de personas electas. El acusado se refiere a un comité que también es conocido como “Quejas y Agravios”.
“Si se habla del caso específico de hostigamiento sexual, el secretariado va a activar un protocolo y va a tomar conocimiento de lo que se presenta en el caso. El secretario entonces se comunica con las personas involucradas para confirmar la información que se está ventilando. De ahí entonces, una vez recibida la información, se pasaría entonces a un comité que puede ser el comité de queja y agravio o levantar inmediatamente al directorio del partido”, explicó el representante.
La evaluación dependerá del tipo de señalamiento que se le hace al acusado. “Puede ir directo al comité o puede ir directo al directorio para que sea el rector principal del partido, el que entonces dé las argumentaciones o vea el caso y tome la decisión”, dijo.
Por otro lado, el vicepresidente de Proyecto Dignidad (PD), Juan Manuel Frontera, aseguró a través de declaraciones escritas que, la colectividad tiene un código de ética y un reglamento interno que provee para la investigación inmediata de cualquier señalamiento o acusación que puedan ser motivo de escándalo, controversias de índole personal o pública y que a su vez, puedan dañar la imagen de la institución o estar sujeto a determinación de causa probable para arresto por delitos que conlleven depravación moral como la violencia intrafamiliar o cualquier otro tipo de violencia, incluyendo el hostigamiento sexual o violencia por razón de sexo.
Explicó que dicha investigación podría resultar en sanciones contra los miembros bona fide del partido que hayan incurrido en las mismas o que exista sospecha de haber incurrido en las mismas, en las que incluye su destitución.
“En caso de que dicha falta haya sido incurrida por un candidato electo, cada uno de nuestros candidatos han firmado a priori un acuerdo de que pone su cargo a disposición del partido para que este decida en consecuencia sobre la continuidad o no en el mismo”, lee las declaraciones del Frontera Suau.
Asimismo, la secretaria de Asuntos de Género del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez, indicó que el partido ya cuenta con un protocolo para la evaluación y solución de conflictos basados en discrimen por razón de género.
El mismo estipula que “No se tolerará ningún acto constitutivo de hostigamiento sexual por parte de la militancia del partido.” También que los actos que se consideren delito serán referidos a las autoridades competentes de forma inmediata, y brindar a la persona agraviada la asesoría correspondiente para iniciar el trámite.
A su vez, el Movimiento Victoria Ciudadana tiene un protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en la colectividad.
Uno de los objetivos es “Establecer un riguroso procedimiento, la organización específica y las medidas necesarias para que, a través de los órganos facultados para ello, se pueda prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de violencia de género en la vida política que se produzcan en el MVC, comprometiendo a los órganos de dirección y a sus instancias disciplinarias”.
El mismo aplicará en todo acto de violencia de género ocurrido en el ámbito político-electoral o en cualquier otro ámbito, público o privado; ocurrido en cualquier momento, incluido en el periodo electoral.
El protocolo añade que la presentación de la denuncia puede provenir de toda persona integrante del MVC, simpatizante, persona interesada en ser parte de la organización, voluntarios(as), personal empleado o contratado y suplidores que entienda ha sido víctima de violencia de género, según establecido en este protocolo.
