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Senado avala proyecto que busca enmendar el Código Electoral de Puerto Rico 2020

Varios legisladores se expresaron tras la aprobación del proyecto

Senado de Puerto Rico
Senado de Puerto Rico (Suministrada)

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En horas de la noche de hoy, viernes, fue aprobado el Informe de Comité de Conferencia al Sustitutivo de la Cámara a los Proyectos de la Cámara 4 y 114 y al Proyecto del Senado 909 para enmendar el “Código Electoral de Puerto Rico de 2020″, a los fines de insertar cambios y nuevas disposiciones que brinden certeza, garantías y confianza al proceso electoral de Puerto Rico.

“Esta Asamblea Legislativa tiene el firme propósito de tomar las medidas necesarias y con la antelación suficiente a los eventos electorales del año 2024 para fortalecer la integridad y la confiabilidad de nuestro sistema electoral en las circunstancias prevalecientes. Mediante estas enmiendas al Código Electoral vigente, ante, se busca garantizar la pureza de los procesos internos en la Comisión Estatal de Elecciones, se restablece el principio de balance electoral adoptado y en funcionamiento desde el año 1983, y se redefinen los procesos de selección del Presidente, Presidente Alterno y Secretario de la Comisión, así como sus facultades a la luz del principio de balance electoral”, cita la medida en su exposición de motivos.

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De igual manera, la medida establece como importante que el voto por correo se pueda instrumentar. “Pero, no basta con que la papeleta tenga un ‘bar code’. Es indispensable, que esta Asamblea Legislativa y la Comisión Estatal de Elecciones garanticen al País que quien solicita un voto por correo, sea el propio elector y que éste cumpla con los requisitos de domicilio electoral. A tales fines, se incorporan nuevamente las categorías de voto ausente y se aumenta el tiempo de solicitud de voto adelantado para poder realizar las investigaciones correspondientes para evitar el fraude electoral dentro de un marco de sana fiscalización”.

Por su parte, los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, en declaraciones escritas expresaron:

“Durante los últimos días, hemos participado, junto a la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana y los legisladores independientes, en un diálogo con el presidente del Partido Popular Democrático, el Representante Jesús Manuel Ortiz, en un intento de aprobar enmiendas al Código Electoral vigente que contribuyan a restituir elementos de confiabilidad y transparencia en los procesos electorales. Lamentamos que la iniciativa del PPD surgiera en un momento tan tardío de la sesión legislativa y que no incluyera puntos de gran importancia para nuestra institución como es el caso de las candidaturas coaligadas. Sin embargo, tratándose de un tema fundamental para el país, hemos cumplido con nuestra responsabilidad de promover y participar en el intercambio de ideas sosegado y serio, de reiterar nuestra posición sobre aspectos esenciales del Código y de aportar ideas concretas. El resultado de esta colaboración ha sido un nuevo Informe de Conferencia, que rescata algunos principios esenciales en los que habíamos insistido desde el comienzo del cuatrienio, como la representación equitativa ante la Comisión Estatal de Elecciones, el consenso en la selección del presidente de la CEE, la fiscalización de los votos especiales y mayor participación de los candidatos independientes en el proceso electoral. Este esfuerzo demuestra que aún desde perspectivas políticas muy diversas, es posible encontrar espacios de consenso para el bien del país. Queda ahora del pleno de ambos cuerpos aprobar este nuevo Informe de Conferencia, que de contar con los votos en Cámara y Senado, se someterá a consideración del Gobernador.”

El Presidente del Partido Popular Democrático, (PPD), Jesús Manuel Ortíz, agradeció el trabajo de los Presidentes Legislativos y de todas las delegaciones que participaron activamente en las conversaciones sobre la medida.

“Hoy logramos un ejercicio participativo, de diálogo y democrático con la aprobación de una medida que busca garantizar un proceso electoral justo e incuestionable. Agradezco la apertura y colaboración de los Presidentes de Cámara y Senado y de las delegaciones de mi partido en ambos cuerpos legislativos por el trabajo arduo sin el que no hubiésemos podido lograr la aprobación de esta importante medida. Agradezco además a las delegaciones del PIP, MVC, PD y a los compañeros independientes por su disposición de dialogar y llegar acuerdos por el país. Sin su participación tampoco hubiese sido posible. Ahora corresponde al gobernador Pierluisi y al PNP decidir si van a ser parte de este gran esfuerzo o si una vez mas le darán la espalda al país representado en todas las fuerzas políticas puertorriqueñas. La firma de esta medida es el camino correcto para garantizar un sistema electoral justo mientras que vetar la misma coloca a Pierluisi y al PNP una vez más legislando contra todos los sectores y por un sistema electoral cuestionable y poco confiable”, indicó Ortiz.

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“Durante las pasadas semanas, tanto este servidor como la Comisionada electoral Karla Angleró y el Secretario General, Gerardo “Toñito” Cruz, nos hemos reunido con los Presidentes y Comisionados de distintos partidos y los Candidatos Independientes en ambos Cuerpos Legislativos para presentarle nuestras propuestas. Todos los partidos y legisladores independientes aportaron a las enmiendas para garantizar un sistema electoral integro en el que todos estemos representados”, concluyó diciendo.

Por otro lado, la Comisionada Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Lillian Aponte Dones, expresó: “Hemos trabajado incansablemente durante este cuatrienio para lograr un verdadero esfuerzo de país en busca de una nueva reforma electoral. Hemos presentado más de 10 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, abarcando desde el establecimiento de un comité multisectorial para abordar una reforma electoral integral, hasta asuntos más específicos como el registro electoral a través del CESCO y la implementación de la segunda vuelta electoral, entre otros. Además, hemos establecido puentes de comunicación con las diversas oficinas en la CEE para sentarnos juntos y juntas en la mesa y trabajar en conjunto en un nuevo ordenamiento electoral. ¿Quién mejor que los/as comisionadas/os para conocer los detalles y las áreas de mejora dentro de la Comisión?”

“Lamentablemente, a pesar de nuestros esfuerzos, los resultados han sido infructuosos. El PNP tiene el código electoral a su gusto y no siente la necesidad de enmendarlo. Por otro lado, el PPD ha pasado casi tres años acompañando al PNP en la Comisión, perdiendo así una oportunidad gigantesca de liderar un gran frente de oposición para presionar por una verdadera reforma electoral. Hoy, en el último día de la sesión y con el ciclo electoral ya en marcha, las enmiendas llegan tarde y en una cantidad insuficiente. Un proyecto de esta magnitud merece mucho más que una discusión rápida y superficial de unas pocas horas. Requiere un diálogo amplio y un consenso genuino. Sin embargo, de manera irresponsable, el PPD presentó sus enmiendas a las 11:00 a.m. y, como mencioné ayer, les dimos la deferencia , las analizamos y las trabajamos. ¿Son estas enmiendas las que necesita el país? No lo son. La única forma en que nuestro país logrará una verdadera reforma electoral es si todos nos involucramos y nos convertimos en parte de la solución. Debemos votar, participar y comprometernos con el proceso electoral. Solo a través de una mayor participación ciudadana podremos fortalecer y legitimar nuestro sistema electoral, más allá de partidos, colores e ideologías de estatus. Aunque hemos votado a favor, se podría haber hecho mucho mejor, pero la Reforma Electoral que el país exigía y merecía se ‘estancó’ en las gavetas de los legisladores PNPPPD”, concluyó.

Proyecto del Senado 1197

De otro lado, se le dio paso al informe del comité de conferencia del Proyecto del Senado 1197 de la autoría de la vicepresidenta del cuerpo legislativo, Marially Gonzalez Huertas y del senador Rubén Soto por petición. Esta medida tiene como propósito aclarar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con relación a la inmunidad que le aplica a los estudiantes, médicos-residentes y médicos en adiestramiento postgraduado, de las instituciones médico-hospitalarias públicas y privadas, incluyendo los Centros Médicos Académicos Regionales.

La medida propone enmendar la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales y la ley conocida como Código de Seguros con el propósito de aclarar la política pública con relación de la inmunidad que le aplica a los estudiantes, médicos-residentes y médicos en adiestramiento postgraduado.

“Quiero establecer tres puntos importantes: no creamos derechos nuevos, sino restablecemos la normativa que estuvo vigente hasta el 2022 que, a través de una interpretación judicial, dejó desprovisto a los médicos residentes de instituciones privadas. También, al tenerlos desprovistos y solo estar cubiertos los médicos de nuestra institución pública, estamos discriminando contra aquellos que están en instituciones privadas. No podemos hacernos de la vista larga y mantener este discrimen. La medida solo protege a los médicos que se desempeñan en una formación académica”, resaltó González Huertas en un turno pasado cuando la medida fue discutida en el Senado antes de pasar al Comité de Conferencia.

Aprueban una extensión del nombramiento de Nino Correa como comisionado interino del NMEAD

También, fue aprobada la Resolución del Senado 816 para extender el nombramiento de Nino Correa como Comisionado Interino del Negociado para el Manejo de Emergencias.

“Tiene como propósito expresar la aprobación del Senado sobre la designación del señor Nino Correa Filomeno, como Comisionado Interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y que este pueda continuar dirigiendo el Negociado hasta finalizada la Sexta Sesión Ordinaria de la Decimonovena Asamblea Legislativa, o hasta que el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico designe a una persona al cargo en propiedad y sea confirmada por el Senado de Puerto Rico, lo que ocurra primero”.

Aprueban varios nombramientos

Además, fueron aprobados varios nombramientos a diversas posiciones en la judicatura y otras áreas de gobierno. Fue confirmada Marta Isabel Dávila Román para un nuevo término como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; Lizardo William Mattei Román para un nuevo término como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; Viviana Janet Torres Reyes para un nuevo término como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; licenciada Gretchen Marie Pérez Catinchi como Fiscal Auxiliar III y Christian Trinidad de Jesús como Comisionado en la Comisión de Practicaje de Puerto Rico, en capacidad de representante de la Autoridad de los Puertos, para un término que vence el 30 de marzo de 2027.

Asimismo, Arelys Marie Ortiz Rivera como Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia; Antonio Torres Miranda como Comisionado Asociado del Negociado de Energía de Puerto Rico; Evyanne Marie Mártir Hernández para un ascenso como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; Ing. Ferdinand A. Ramos Soegaard como Comisionado del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico y para un nuevo término como Comisionado Asociado del Negociado de Energía de Puerto Rico; Ana Miriam Silva Torres como miembro asociado a al Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales para un nuevo término; María Esther Hernández Medina para un ascenso como Fiscal Auxiliar III; Iris Alicea Martinez Juarbe para un ascenso como Fiscal Auxiliar III; Ignacio Enrique Morales Gómez para un nuevo término como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; Roxan Rivera Carrión para un ascenso como Fiscal Auxiliar II y Victor Javier Jirona González como juez superior del Tribunal de Primera Instancia.

Proyecto del Senado 893

Finalmente, fue aprobado el informe del comité de conferencia del Proyecto del Senado 893 de la senadora Elizabeth Rosa Vélez, Rosamar Trujillo Plumey y Juan Zaragoza Gómez, para establecer la “Carta de derechos de los y las Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico”; establecer la facultad de la Procuraduría del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento con las disposiciones de esta ley.

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