Con la entrada de Genera PR a operar la generación eléctrica de Puerto Rico y la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que ahora se divide en cinco subsidiarias, hay algo que no queda claro, y es cómo el gobierno cumplirá con su propia meta de migrar hacia energías renovables para 2050.
Varios sectores que rechazan el uso de combustibles fósiles en el archipiélago han señalado incongruencias en la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico –Ley 17 de 2019– firmada a apenas semanas de la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló, pues mientras por un lado se hace compulsoria la migración a energías renovables, por el otro se abre la puerta para la utilización de gas natural en las plantas generatrices de la AEE.
El viernes pasado, durante el informe de situación de estado de la corporación pública, a solo horas de la entrada de Genera PR, el propio director ejecutivo de la AEE, Josué Colón Ortiz, hizo alusión a esta tendencia. “En el área de Costa Sur, el año pasado la planta completa estaba apagada. Hoy una de ellas está en gas natural. Esperamos que próximamente ambas [de Costa Sur] estén en gas natural”, dijo.
El contrato de alianza público privada (APP) entre Genera PR y el Gobierno establece que, a largo plazo, la mayor parte del ahorro esperado procederá del desmantelamiento de antiguas unidades de generación que aún utilizan combustibles fósiles y de la integración de nueva generación que utilice energías de fuentes renovables, como la solar.
No obstante, a 27 años de cumplirse el plazo para migrar al país en un 100 % a energías renovables, Puerto Rico apenas ha logrado un 3 % en los pasados 23 años.
La semana pasada, durante la visita a Puerto Rico del congresista demócrata y miembro de la Comisión de Recursos Naturales y Energía de la Cámara baja federal, Raúl Grijalva, una coalición de grupos ambientalistas llamó la atención del político estadounidense sobre las prioridades del gobierno federal al asignar apenas $1,000 millones para placas solares en techos residenciales, mientras tiene en su poder $20,000 millones disponibles para el sistema eléctrico.
“Ahora mismo el USACE (Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos) tiene una propuesta para utilizar $5,000 millones para instalar nuevas plantas de combustibles fósiles. Ese dinero no tiene por qué usarse de esa manera porque no es lo que necesita nuestra población”, tronó la semana pasada Ruth Santiago, portavoz del grupo Queremos Sol.
Santiago argumentó que la inversión de $20,000 millones debe usarse para proveer placas solares en techos, microrredes y sistemas de baterías distribuidos.
No va contra la política pública
Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), negó que el contrato con Genera PR indique que se realizaría una conversión de las plantas generatrices, que se espera la empresa decomise durante la próxima década, a gas natural antes de a energías renovables.
“Este contrato no contempla en lo absoluto la conversión de plantas a gas natural”, aseguró Fontanés en entrevista con Metro. “Esto es un contrato de operación y mantenimiento de las plantas legado de la AEE en su estado actual. De hecho, de la manera en que está estructurado el contrato es para fomentar que esas plantas se vayan apagando para permitir la entrada de las energías renovables”.
“[El contrato] no es contrario a esa política pública, no hay ningún compromiso de parte del gobierno, de la AEE, del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), ni de nadie de que estas plantas se vayan a convertir a gas natural y la obligación de Genera PR es supervisar las plantas como están al día de hoy y con los combustibles como están al día de hoy”, añadió.
Fontanés recordó que la obligación contractual de Genera PR es cumplir con el Plan Integrado de Recursos, aunque reconoció que, de este plan cambiar en un futuro, la obligación del contratista sería atemperarse a esos cambios so pena de cancelación de contrato.
El funcionario subrayó además que el contrato de la APP fue aprobado con el aval del NEPR, entidad que tiene como deber ministerial asegurarse de que el contrato cumpla con la política pública energética de Puerto Rico para mover el país hacia energías renovables lo antes posible.
No obstante, Ingrid Vila, ingeniera ambiental y presidenta de CAMBIO, organización no gubernamental que promueve las energías renovables en Puerto Rico, denunció en que es la propia política pública del gobierno la que abre la puerta para el uso del gas natural como fuente de energía.
“Recordemos que toda esta estructura de privatización está montada en la política pública establecida en la Ley 120 y la Ley 17. Esta última establece que todas las unidades (generatrices) tienen que convertirse para poder funcionar con dos combustibles, uno de ellos siendo gas natural”, señaló quien también se desempeñó como secretaria de la gobernación bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla.
“En esa política pública de la Ley 17, que supuestamente establece estas nuevas métricas de energía renovable, el incorporar ese lenguaje y ese requisito de conversión va totalmente en contra de lo que, a su vez, está proponiendo de alcanzar estas metas de energía renovable”, cuestionó la ingeniera.
Vila fue enfática en que el contrato de Genera PR le quita autoridad al NEPR en la determinación de las unidades de combustible fósil a retirar, según el Plan Integrado de Recursos y le entrega la responsabilidad de tomar esa determinación la AAPP, en consulta con el operador LUMA Energy.
Washington impulsa
Los vientos de convertir a Puerto Rico en un centro energético de toda el área del Caribe han soplado ya desde 2018 cuando Rob Bishop, entonces presidente de la Cámara baja durante la presidencia de Donald Trump, comenzó a promover activamente políticas que abogaban por un plan para crear dependencia del gas natural producido por Estados Unidos, el mayor productor de gas natural en el mundo así también como su mayor consumidor.
Según reportó el medio estadounidense sin fines de lucro, The Intercept, en un reportaje de mayo de 2018, el viernes, 4 de mayo se celebró una conferencia de prensa en San Juan con Bishop de la cual también participó la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, donde el entonces congresista dijo que había consultado con empresas petroleras y de gas natural en Washington sobre cómo traer gas natural a la isla.
“Puerto Rico podría ser una sede para toda el área del Caribe”, dijo Bishop según reportó The Intercept en 2018.
“Esa podría ser una fuente de energía no solo para Puerto Rico, sino que también podría ser una fuente de exportación de ese tipo de energía a otros lugares. Al mirar hacia el futuro, visualizo a Puerto Rico como el centro energético de toda el área del Caribe… Para hacer eso, tendría que involucrar a mucha gente, y el sector privado tiene un papel en tratar de impulsar eso”, añadió Bishop en ese momento.
El excongresista también indicó durante la conferencia de prensa que le encantaría ver más puertos de gas natural, ya sean estacionarios o terminales flotantes, de la misma manera que la industria de gas natural de los Estados Unidos posee en otras jurisdicciones.
Diversos medios de prensa y periodistas reportaron en aquella época los donativos políticos a Bishop por parte de empresas ligadas al gas natural.
Por su parte, Vila no descartó de que la insistencia en el uso de gas natural se trate de un impulso congresional para adelantar la agenda de la industria de ese combustible fósil en Puerto Rico.
“A la luz de la inversión de $5,000 millones por parte del USACE para más combustibles fósiles, tenemos que pensar que evidentemente hay un sector sumamente poderoso que continúa tratando de impulsar el gas natural para Puerto Rico y en conflicto, quizás, con otros esfuerzos genuinos que se puedan estar tratando de hacer”, dijo la ingeniera.
“$1,000 millones para proyectos de energía renovable puede sonar como mucho, pero $1,000 millones de $20,000 millones que ya se han asignado tanto para la reconstrucción de la red y ahora esos $5,000 millones para esas unidades de combustibles fósiles a través del USACE, pues la batalla está totalmente desigual”, añadió.
New Fortress Energy, contratista privado que provee gas natural a la AEE es la empresa matriz de Genera PR.
Metro intentó infructuosamente dialogar con algún portavoz del NEPR.
