El Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) se prepara para radicar cargos a individuos beneficiarios de las leyes 20 y 22 (ahora Ley 60) en Puerto Rico tras una investigación realizada a petición del Congreso de los Estados Unidos.
Según publicó el medio estadounidense Bloomberg, la agencia ha estado investigado de cerca desde el 2021 a individuos que están tomando ventajas ilegalmente de los beneficios contributivos que ofrece el gobierno local.
Ante esto, la portavoz del Centro para la Democracia Popular, Marlyn Goyco denunció que a nivel local no se ha podido fiscalizar a los beneficiarios de la ley.
“La investigación del IRS confirma lo que es conocido por todos. Tenemos beneficiarios de Ley 22 (ahora Ley 60) que no solo incumplen con los requisitos mínimos de Ley, sino que además buscan cómo sacar mayor ventaja a la falta de fiscalización por parte del gobierno. El DDEC ha indicado públicamente que no cuenta con la capacidad para fiscalizar y los beneficiarios lo saben. La pregunta que nos debemos hacer ahora es, ¿si no pueden fiscalizar los decretos que otorgan, como pueden decir que la Ley está resultando en beneficio económico para Puerto Rico?”, expresó Goyco.
Por su parte, la Lcda. Ariadna Godreau Aubert, Directora Ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico reaccionó a la investigación del IRS como una “noticia agridulce”.
“Reconocemos en esta pesquisa la posibilidad de que rindan cuentas no solo aquellos inversionistas que vinieron a Puerto Rico para evadir su responsabilidad contributiva y especular, si no todo el andamiaje y sus colaboradores, sean estos del sector público o privado. Sin embargo, esto confirma que el gobierno local ha tenido una incapacidad reiterada - e intencionada- de fiscalizar esta legislación, con consecuencias nefastas para la economía local y la capacidad de obtener vivienda, por ejemplo”, expresó.
La noticia llega una semana después que el Departamento de Hacienda publicó su más reciente Informe de Gastos Tributarios en el que proyectó alrededor de $4.5 mil millones en ingresos no captados entre 2020 y 2026, por concepto de la Ley 22.
De igual forma, Julio Lopez Varona, portavoz de Construyamos Otro Acuerdo, denunció: “Ha quedado demostrado que la Ley 22 es un fracaso y los que se benefician están abusando de la ley mientras desplazan a nuestras comunidades. La carga económica de esas personas millonarias que no pagan contribuciones, las llevamos lo puertorriqueños de a pie, que trabajamos, que pagamos una electricidad cada vez más cara, que no tenemos acceso a servicios de salud de calidad, que nos recortan pensiones,y que nos desplazan mientras pagamos contribuciones. Somos nosotros quienes llevamos la carga en medio de esta crisis económica. Es momento de que se eliminen las disposiciones de la Ley 22.”
“Aunque es oportuna la fiscalización por parte del IRS, el gobierno de Puerto Rico también tiene que finalmente asumir su responsabilidad de fiscalizar adecuadamente el programa que ellos mismo crearon, con promesas de desarrollo económico que quedan sin cumplir”, culminó Goyco
La coalición PR No Se Vende lanzó la campaña Not Your Tax Haven en mayo, con el propósito de educar sobre la Ley 22 (actual Ley 60) y su impacto. La campaña cuenta con una estrategia local para exponer la falta de transparencia gubernamental, investigar su impacto económico y ambiental y denunciar el desplazamiento; así como una estrategia federal, que busca asegurar una adecuada fiscalización del IRS a los beneficiarios de la Ley 22.
