WASHINGTON (AP) — Pagos secretos, documentos clasificados y, ahora, sus intentos por anular las elecciones de 2020 que condujeron al ataque al Capitolio. Donald Trump, quien ya enfrenta casos penales en Nueva York y Florida, se encuentra en un peligro legal cada vez mayor mientras las investigaciones sobre su lucha por aferrarse al poder tras su derrota electoral parecen llegar a un punto crítico.

Una notificación judicial enviada a Trump por Jack Smith, el fiscal especial, de que es sujeto de investigación penal, indica que pronto podría ser acusado de nuevos cargos federales, lo que se suma a la notable situación de un expresidente que se enfrenta a un posible tiempo en prisión mientras compite para recuperar la Casa Blanca como el favorito para la nominación republicana.

La amplia investigación de Smith sobre las semanas caóticas entre la derrota electoral de Trump y el ataque de sus partidarios al Capitolio el 6 de enero de 2021 parece llegar a su fin justo cuando podría haber otro caso en el horizonte. Un jurado de investigación que prestó juramento este mes en Georgia probablemente sopesará si acusa a Trump y a sus aliados republicanos por sus intentos por revertir su derrota electoral en el estado.

Trump ha negado haber actuado inapropiadamente en todos los casos y minimiza las acusaciones como intentos por dañar su campaña hacia las elecciones de 2024.

Este es un vistazo a la investigación del 6 de enero, los casos legales que ya enfrenta Trump y lo que podría suceder posteriormente:

¿Cuál es el enfoque de la investigación de 6 de enero?

El equipo dirigido por Smith, quien fue designado por el fiscal general Merrick Garland en noviembre, ha interrogado a una multitud de exfuncionarios de la Casa Blanca, aliados de Trump, abogados y funcionarios electorales estatales tanto en entrevistas voluntarias como ante el jurado de investigación que se ha estado reuniendo a puerta cerrada en Washington. Entre quienes han testificado ante el jurado —que en última instancia emitiría cualquier acusación— se encuentra Mike Pence, vicepresidente de Trump, quien ha hablado extensamente en público sobre los intentos del exmandatario de presionarlo para que rechazara la victoria electoral del presidente Joe Biden.

El equipo de Smith parece estar interesado especialmente en una reunión que ocurrió en la Casa Blanca a altas horas de la noche del 18 de diciembre de 2020 —y que un asistente calificó de “trastornada”—, en la que los abogados privados de Trump sugirieron que ordenara al ejército de Estados Unidos que incautara las máquinas de votación estatales en un esfuerzo sin precedentes para proseguir con sus afirmaciones falsas de fraude electoral.

En videos mostrados por la Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investigó el ataque del 6 de enero, un abogado de la Casa Blanca dijo que pensaba que la idea era “una locura”. Los jueces —incluidos algunos designados por Trump— rechazaron de manera sistemática las afirmaciones de Trump de un supuesto fraude electoral.

Smith también ha interrogado a testigos sobre las maquinaciones de los asociados de Trump para reclutar a votantes colegiados en estados clave para firmar certificados que afirmaban que Trump —y no Biden— había ganado en sus estados. Los certificados falsos de los votantes colegiados se enviaron por correo a los Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos (NARA, por sus siglas en inglés) y al Congreso, donde algunos republicanos los usaron para tratar de justificar el retraso o bloqueo de la certificación de la elección.

El equipo de Smith también ha mostrado interés en el relato de una trabajadora electoral de Georgia, Ruby Freeman, quien junto con su hija ha dicho que ha vivido con miedo tras las amenazas de muerte que recibió después de que Trump y sus aliados las acusaran falsamente de sacar boletas fraudulentas de una maleta en Georgia. Ese interés es para analizar una investigación penal en curso, según una persona familiarizada con la investigación, quien habló bajo condición de anonimato.

¿Qué pasará después?

No está claro cuándo podría terminar la investigación de Smith. Trump dijo que fue invitado a comparecer ante el jurado de investigación esta semana, aunque los objetivos de las investigaciones no tienen que testificar y rara vez acceden a hacerlo. El jurado, que se reúne en secreto, terminará por votar si hay pruebas suficientes para acusarlo de un delito. Un jurado federal de investigación está compuesto por entre 16 y 23 personas, y al menos 12 deben estar de acuerdo para presentar una acusación.

Entre los posibles cargos que los expertos legales han dicho que Trump podría enfrentar se encuentran conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de un procedimiento oficial: la certificación del Congreso de la victoria electoral de Biden. Cientos de las más de 1.000 personas acusadas de delitos federales en los disturbios del 6 de enero han sido acusadas del delito de obstrucción, que conlleva hasta 20 años de prisión.

Si es acusado en el caso del 6 de enero, Trump podría enfrentar a un grupo desafiante de jurados en un Washington abrumadoramente demócrata, cuyos residentes —muchos de los cuales trabajan en el Capitolio— tuvieron un asiento de primera fila frente al caos que se desató después de que Trump instó a sus seguidores a “pelear como demonios”.

Muchos manifestantes del 6 de enero han intentado sin éxito que sus juicios se trasladaran fuera de la capital de la nación, alegando que los partidarios de Trump no pueden recibir un juicio justo allí. Sólo dos acusados han sido absueltos de todos los cargos después de los juicios, y esos fueron juicios decididos por un juez, no por un jurado.

En los casos más graves del 6 de enero presentados hasta el momento, los jurados condenaron a los líderes de dos grupos radicales de extrema derecha —los Oath Keepers y los Proud Boys—, por conspiración sediciosa y otros cargos de lo que los fiscales describieron como complots para bloquear la transferencia del poder de Trump a Biden. Más de otros 600 acusados del 6 de enero se han declarado culpables de delitos federales.

¿Qué pasa con los otros casos de Trump?

Trump se declaró inocente el mes pasado de 37 cargos de delitos graves federales que lo acusan de acumular ilegalmente documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, y rechazar las demandas del gobierno de devolverlos. Un juez en ese caso escuchó el martes los argumentos sobre si ese juicio —que se llevaría a cabo en Florida— debería realizarse antes o después de las elecciones de 2024. Mientras los fiscales buscan una fecha para el juicio en diciembre, los abogados de Trump han presionado para que se retrase indefinidamente, argumentando que no puede recibir un juicio justo mientras hace campaña para presidente.

En la corte del estado de Nueva York, está programado que comience un juicio en marzo —en plena temporada de las elecciones primarias— en otro caso contra Trump presentado por Alvin Bragg, fiscal de distrito de Manhattan, quien alega un plan para enterrar las acusaciones de relaciones extramatrimoniales que surgieron durante su primera campaña para la Casa Blanca. Trump se declaró inocente en ese caso de 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales internos en su empresa privada sobre un pago de dinero secreto a la actriz porno Stormy Daniels. Trump trataba de trasladar el caso a un tribunal federal, pero un juez falló en contra el miércoles.

En Georgia, se espera que Fani Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton que ha estado investigando a Trump y a sus aliados por sus esfuerzos para anular su derrota electoral en ese estado, presente su caso ante uno de los dos jurados de investigación que prestaron juramento a principios de este mes. Willis ha sugerido que cualquier acusación probablemente ocurra en agosto. Un jurado especial separado —que no tenía poder de acusación y se disolvió en enero— presentó un informe con recomendaciones a Willis. Aunque la mayor parte de ese informe permanece en secreto por ahora, el presidente del panel ha dicho, sin dar nombres, que el jurado especial de investigación recomendó acusar a varias personas.

Mientras tanto, el fiscal general del estado de Michigan presentó el martes cargos por delitos graves, incluido el de falsificación, contra 16 republicanos que actuaron como votantes colegiados falsos para Trump en 2020, acusándolos de presentar certificados falsos que decían que eran votantes colegiados legítimos a pesar de la victoria de Biden allí.