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Presidente del Colegio de Abogados no ve con buenos ojos los destaques de fiscales

El licenciado Manuel A. Quilichini también confirmó que el Whistleblower Act cobijaría a la fiscal Bethzaida Quiñones.

Ante la necesidad de recursos en la lucha contra el crimen —incluyendo fiscales en el Departamento de Justicia—, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el licenciado Manuel A. Quilichini, calificó como una práctica peligrosa el movimiento de fiscales a otras funciones gubernamentales mediante el mecanismo de destaque.

“Para mí eso es una práctica peligrosa, porque tenemos un recurso limitado. Si tú limitas los recursos del Estado, definitivamente vas a ver justicia lenta, porque no hay suficiente gente”, expresó Quilichini en entrevista Metro al Mediodía.

El licenciado también explicó que los fiscales son quienes ayudan a procesar la criminalidad en la isla, comenzando su integración desde la fase de investigación de un caso. “Así que si tú remueves al fiscal, la investigación se atrasa. Yo no veo que eso sea una práctica buena para la administración de la justicia, y mucho menos en este momento en que estamos viendo la justicia tardía”, añadió.

La discusión sobre los destaques a fiscales ha retornado a la opinión pública con el caso de las denuncias de la fiscal Bethzaida Quiñones en el sentido de que le habían detenido importantes investigaciones en casos de alto perfil. El informe de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente descartó las denuncias, pero señaló que las investigaciones asignadas a la fiscal Quiñones se retrasaron por su destaque a la Asamblea Legislativa.

A la fiscal Betzaida Quiñones, en efecto le cobija el Whistleblower Act

Por otro lado, con el reciente referido de la fiscal Quiñones a la oficina de Recursos Humanos del Departamento de Justicia, el licenciado Quilichini destacó que, en efecto, le aplica el Whistleblower Act, y no la pueden despedir o afectar sus condiciones de empleo por radicar la querella que trajo a recluir la situación.

“Puerto Rico tiene una ley en contra de las represalias. Una persona que testifique o que provea información a una agencia de gobierno, una instrumentalidad en otras situaciones similares está protegido contra represalias en el empleo”, dijo Quilichini.

El presidente del Colegio de Abogados hizo la salvedad de explicar que la situación puede variar en el sector privado. También apuntó que este caso de represalia apenas está empezando.

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