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Abogados levantan banderas por altas fianzas a manifestantes de La Parguera

El abogado del caso, Gabriel Olivieri Miranda, le indicó al doctor en derecho, José Efraín Hernández, que prestaron la fianza de un 10%

Las fianzas a los manifestantes de La Parguera que en conjunto sumaron casi medio millón de dólares no se alinean al propósito de garantizar la comparecencia a los procesos de los acusados, según tres abogados entrevistados por Metro, que levantaron bandera sobre la posibilidad de que se esté utilizando como disuasivo a la protesta.

La jueza municipal del Centro Judicial de Mayagüez, María del Pilar Vázquez, encontró causa para arresto y les impuso una fianza global de más de $490,000 a los ocho manifestantes que protestaron en el sector Playita Rosada del barrio La Parguera en Lajas el pasado 9 de julio. La manifestación fue en protesta a una construcción en una residencia que se alega es de los suegros de la comisionada residente, Jenniffer González esta semana.

El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Manuel A. Quilichini, el abogado y doctor en derecho, José Efraín Hernández y el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), William Ramírez coincidieron en calificar como excesivas las cuantías de las fianzas impuestas a los manifestantes de La Parguera. Esto porque no se cumplió con la Regla de Procedimiento Criminal sobre la imposición de fianza.

Incluso, el doctor Hernández —quien es profesor en la Universidad Interamericana— señaló que son fianzas inconstitucionales tanto bajo lo establecido en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como en la Constitución de Estados Unidos. “Ambas constituciones establecen que si se impone una fianza no debe ser excesiva”, señaló el académico.

Por su parte, el director ejecutivo de ACLU sostuvo que si el propósito de la fianza es garantizar la comparecencia, al ver la cuantía de las impuestas a los manifestantes de Parguera les lleva a concluir “que más que un instrumento para garantizar la comparecencia es más para disuadir la protesta y eso obviamente para nosotros es muy peligroso que se utilicen tribunales con ese propósito”.

“Se están tratando como delincuentes comunes y aquí hay delincuentes comunes que no se le impone esa fianza. Para nosotros es una exageración la fianza y más para los propósitos que se utiliza que es para comparecer una fianza”, recalcó Ramírez.

Con él coincidió Quilichini, quien citó las disposiciones de la Regla 218 de Procedimiento Criminal sobre la fianza. Aunque resaltó la discreción del juez al imponer la fianza, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico sostuvo que el juzgador debe guiarse por la regla.

“Si vemos los factores anteriores, ninguno de los imputados en el caso de La Parguera cumple los criterios para la imposición de una fianza, mucho menos una fianza elevada”, destacó Quilichini.

También mencionó que “la imposición de fianzas excesivas tiene un efecto disuasivo para cualquier imputado de delito porque corre el riesgo de ser encarcelado por un tiempo. Un activista o cualquier ciudadano que ejerza su derecho a manifestarse y protestar y sea acusado de algún delito, pudiese terminar en prisión con una fianza alta o excesiva. Es por ello que no se debe usar la fianza como castigo o disuasivo y se debe honrar lo dispuesto en nuestro ordenamiento de que la fianza es solo para garantizar comparecencia a juicio”.

El profesor Hernández trajo a colación que en Puerto Rico nunca se ha realizado un estudio con académicos y expertos sobre el tema de la fianza. “Se ha mantenido la política de meterle fianza excesiva a las personas para lograr propósitos como este o cuando son casos realmente meritorios asesinatos, masacres y demás que en realidad debería de establecerse es una prisión provisional o una detención preventiva sin derecho a fianza”, resaltó Hernández.

El doctor en Derecho detalló que la fianza en una cuantía alta es para una persona que puede constituir un peligro de fuga, un riesgo para la comunidad e incluso que al estar en la calle pueda representar un peligro para él mismo. En este caso, sostuvo que los manifestantes no cumplían con algunos de estos aspectos.

El director ejecutivo de la ACLU concluyó que la intención es detener las protestas en La Parguera. Sin embargo, dijo que “creo que van a fracasar en eso porque entre más uno reprime más se eleva el nivel de protesta”.

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