El instituto de estadísticas de México reconoció que el año pasado tuvo que pagar a bandas para poder ingresar a ciertas ciudades a realizar el censo. Y algunos analistas dicen, al respecto, que los cárteles de la droga tienen como blanco a los trabajadores de ese organismo, a empresas encuestadoras e investigadores de mercadotecnia en algunas partes de México por numerosas razones.
La directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Susana Pérez, declaró la víspera ante una comisión de la Cámara de Diputados que empleados del organismo se vieron obligados a contratar a delincuentes para realizar algunas entrevistas del censo, y que uno de los funcionarios fue secuestrado mientras intentaba realizar entrevistas.
Pérez afirmó que el problema era peor en las zonas rurales del país, y que el INEGI tuvo que emplear varios métodos para poder operar en esas regiones.
“Hay diversas estrategias desde en algunos casos pagar por entrar”, indicó la directora al explicar que también recurren a la contratación de personal que vive en esas zonas que son conocidos por los pobladores y por “quienes podían estar incurriendo en cuestiones de delincuencia”.
En el centro y norte de México, donde hay problemas de violencia por las guerras territoriales del narcotráfico y la migración, los trabajadores del censo encontraron comunidades agrícolas abandonadas sin nadie a quien encuestar.
El INEGI es financiado por el gobierno, pero goza de una autonomía casi total para garantizar que las estadísticas no sean alteradas por los políticos.
El analista de seguridad, David Saucedo, dijo el viernes que en efecto los cárteles de la droga y las bandas tienen como blanco a los trabajadores del INEGI, así como a colaboradores de empresas encuestadoras y de mercadotecnia en algunas partes de México.
“Hay casos en donde los grupos del crimen organizado extorsionan y piden dinero a los encuestadores y supervisores para dejarles hacer encuestas. En este caso se trata de un delito de extorsión simple y llana”, afirmó Saucedo.
Otros factores hacen que ir de puerta en puerta para hacer preguntas sea un trabajo aún más peligroso, sostuvo el analista. “En ocasiones los cárteles hostigan a los encuestadores al confundirlos con integrantes de otros grupos delictivos, debido a que grupos rivales se disfrazan de brigadistas de gobierno o encuestadores para hacer trabajos de inteligencia en zonas bajo el control del enemigo”, agregó.
