La exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, fue anunciada por las organizaciones First State Educate (FSE) y First State Action Fund como su nueva directora ejecutiva a pesar de que su gestión en Puerto Rico culminó con un caso a nivel federal por actos de corrupción que la llevaron a cumplir prisión.
Estados dos entidades trabajan en conjunto para realizar un cambio radical en el sistema educativo del estado de Delaware. La exfuncionaria del gobierno de Puerto Rico, fue escogida luego de una búsqueda donde se consideraron más de dos docenas de candidatos, según de indica en el comunicado de prensa publicado en el portal de las organizaciones.
PUBLICIDAD
Luego de abordar sobre la carrera de Keleher, en el documento se destaca que “su papel en Puerto Rico generó controversia” y se indica que fue objeto de una investigación federal por la que terminó siendo sentenciada a seis meses de prisión federal y doce meses de confinamiento domiciliario.
“He visto de primera mano las devastadoras consecuencias que las escuelas públicas de bajo rendimiento pueden tener en las comunidades. Estoy saliendo de mi experiencia reciente completamente movida a mejorar los sistemas que afectaron a los educadores y las familias”, expresó Keleher en el comunicado.
Fue precisamente en el mes de julio del 2022 que Keleher culminó su condena de prisión.
La exsecretaria Educación bajo la administración de Ricardo Rosselló se declaró culpable en junio del 2021 de dos cargos por delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos.
En diciembre del 2021, fue sentenciada a seis meses de cárcel. Durante la vista de sentencia pidió perdón a Puerto Rico por los actos cometidos.
PUBLICIDAD
El primer cargo por el que Keleher se declaró culpable fue por conspiración de fraude electrónico en torno a la contratación de la empresa Colón y Ponce en el Departamento de Educación. Con relación a este caso, la exsecretaria habría intervenido para pagar de forma ilegal el salario de María Estela Cestero por medio de las empresas Colón y Ponce y BDO, en contravención al contrato de la agencia, que prohibía la subcontratación.
Mientras, el segundo cargo –por conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos– versa sobre una conspiración a favor de un coconspirador para la cesión de unos 1,034 pies cuadrados de la escuela Padre Rufo a cambio de un bono para la compraventa de un apartamento en el complejo de Ciudadela. Según este cargo, Keleher habría utilizado su posición como secretaria para recibir pagos, regalos o cosas de valor de otras personas a cambio de ceder dichos predios.
El acuerdo permitía que Keleher viviera en un apartamento en Ciudadela por un precio nominal de $1.00 mensual. Luego, en mayo de 2018, la denuncia detalla que las compañías A, B y C conspiraron para otorgarle un bono de $12,000 a Keleher para la compraventa del apartamento.
