La Cámara de Representantes evalúa los pasos a seguir luego que el fallo de la jueza Laura Taylor Swain que anuló la Ley 41-2022 de Reforma Laboral fuera confirmado por el Primer Circuito de Apelaciones y no se descarta acudir al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Al denunciar la determinación, el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, junto al presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García, afirmaron que la misma extendió el poder de la jueza Swain “a asuntos no relacionados con el procesos de quiebra y mantuvo la ambigüedad sobre el contenido mínimo que deben incluir los informes de impacto fiscal requeridos para que el gobierno local pueda defender la legislación aprobada en Puerto Rico”.
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“Esta lucha no termina. En primer lugar, estamos evaluando todas las alternativas disponibles para pedir reconsideración y agotar los remedios disponibles antes de recurrir al Tribunal Supremo Federal. No obstante, anticipando cualquier revés en el proceso judicial, la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara radicó una nueva versión de las enmiendas a la Reforma Laboral (PC 1651) que incluirá un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) para subsanar cualquier deficiencia suscitada en el proceso previo”, indicó Torres García.
Por su parte, Hernández Montañez, sostuvo que la Cámara de Representantes, “acorde con su compromiso con el país, compareció en defensa de los trabajadores del sector privado - tanto por escrito como en una vista oral - para exponer las razones por las que este estatuto no tiene impacto fiscal, y que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) fue incapaz de demostrar lo contrario”.
Como parte de su comparecencia antes el Primer Circuito de Apelaciones, la Cámara argumentó que la JSF excede la autoridad concedida por la Ley Promesa al pretender menoscabar el gobierno electo de Puerto Rico para imponer una visión filosófica de gobernanza - el empobrecimiento de la clase trabajadora del sector privado - a pesar de que la Ley 41-2022 carece de consecuencias económicas para el Estado.
También destacó que la Junta demandó al gobierno de Puerto Rico, pero nunca pidió un interdicto preliminar para suspender su aplicación, por lo que la ley entró en vigor, surtió efecto y la economía no sufrió el colapso anticipado.
Además, se argumentó que la Junta nunca pudo proporcionar datos científicos corroborables para validar el impacto fiscal de la reforma laboral. “Al contrario, la Cámara de Representantes, a través de sus economistas, refutó esa teoría vacía y proporcionó sus propios datos al suministrarle al Tribunal un informe completo certificado por un doctor en Economía”.
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“Precisamente, esta lucha innecesaria para defender una ley aprobada en Puerto Rico para restituir los derechos de los trabajadores - sin ningún tipo de impacto fiscal - es la razón principal por la cual radicamos el HR 4853 en el Congreso, junto a Lori Chavez-DeRemer, para enmendar la Ley PROMESA con el propósito de darle legitimidad a los informes de impacto fiscal de la OPAL”, añadió Hernández Montañez.
Por su parte, Torres Garcia anticipó que “en los próximos días, le notificaremos al país cuáles serán los pasos específicos en nuestra agenda de trabajo. Estamos listos para darle continuidad a nuestra estrategia en defensa de los trabajadores del sector privado en todos los foros que sean necesarios para asegurar los derechos de los trabajadores: la vía legislativa, la congresional y la judicial”.
