El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) radicó una querella contra los suegros de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, con relación a la controversia que rodea la residencia de la familia en la zona marítimo terrestre en Lajas.
En la querella, divulgada en redes sociales por el medio de comunicación Bonita Radio, señala que durante inspecciones realizadas en junio se encontraron violaciones a la Ley Orgánica del DRNA (Ley 23 de 1972); a los artículos 1.4, 4.1, 4.2 y 4.3 de su reglamento; y a la Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico (Ley Número 241 de 1999).
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Según el documento, habrá una conferencia de partes el 22 de agosto en la Oficina de Asuntos Legales en el Departamento de Recursos Naturales. Además, los suegros de la comisionada residente, José del C. Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, están citados a una vista administrativa para el 12 de septiembre las oficinas centrales del DRNA.
La carta donde se les notifica la cita, se envió mediante correo certificado el pasado 1 de agosto.
La residencia localizada en La Parguera ha sido eje de polémica, luego de que un informe técnico del DRNA constatara que una construcción realizada “ilegalmente” había provocado daños a los mangles rojos y negros de la zona.
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La semana pasada, durante una conferencia de prensa, González acusó a la secretaria del DRNA de actuar irresponsablemente, luego de culpar a el departamento de “hacer declaraciones públicas cuando ni siquiera han concluido las investigaciones y cuando hace públicos documentos internos de la agencia que ni siquiera le han enviado a las partes”.
Entre sus otras expresiones, la comisionada defendió que, en contrario a la multa que se imputa por el espuma party en Salinas, el manejo del DRNA hacia su situación familiar ha sido motivada por razones políticas y “exclusivamente” selectivas, e incluso muestra una “visión errónea” sobre el tratamiento de la propiedad privada en la isla.
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La secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, negó la acusación e identificó que es su compromiso la protección de los recursos naturales en la isla.
“Nuestra intervención no fue un acto selectivo ni de irresponsabilidad, sino un cumplimiento con nuestro deber como guardianes de la naturaleza y el medio ambiente. Si se ha llevado a cabo alguna actividad sin el debido permiso, es nuestra obligación intervenir, sin importar a quién pertenezca la propiedad en cuestión. En el DRNA atendemos con profunda seriedad todas las querellas y casos activos”, expresó la Secretaria.
Metro tuvo la oportunidad de entrevistar al planificador y urbanista, Pedro Cardona Roig, para involucrar su perspectiva sobre el intercambio sucedido entre ambas titulares.
“Primero que todo hay que recordar que aquí no hay tal cosa como algo privado. Aquí hay dominio público y la responsabilidad principal de la Secretaria no son los suegros de la Comisionada, sino hacia el pueblo y, por lo tanto, tiene que proteger la integridad de esos bienes de dominio público que han sido invadidos por la familia Vargas Llavona y otras 111 entidades”, manifestó el urbanista.
Cardona Roig, también, debatió contra los cuestionamientos de la Comisionada sobre la multa que enfrenta el espuma party en Salinas, preguntando si siempre calificó la sanción como “un chiste” o ahora se utiliza para tratar de justificar la presunta invasión ilegal de la familia.
“La Comisionada tiene la resposabilidad de velar por el cumplimiento de la ley, tanto del espuma party como en el caso de la invasión en La Parguera. Y si bien, ella tenido el título de Comisionada antes de haberse casado, tenía que haber velado por esto desde antes. Yo me pregunto, ¿Cual fue su opinión cuando se encontró que la multa de la fiesta era errónea o si es que ahora lo utiliza para justificar los actos ilegales de su familia? “, continuó Cardona Roig.
Por otra parte, González Colón también acusó a grupos liderados por Eliezer Molina de vandalismo, por lo que el planificador está en desacuerdo.
“Realmente, el único acto vandálico y originario de todo esto fue el cometido por los caseteros en los cuales están sus suegros. Si no tiene la capacidad de reconocer ese hecho, ¿cómo es posible que pretenda reindicar una posible situación en relación a sus familiares? Ella bien conoce que hay unos asuntos públicos que tendrían que estar por encima de los asuntos, alegadamente, privados porque no hay asuntos privados. Lo que hay son aprovechamientos ilícitos de algo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico”, culminó.
