La proliferación de proyectos industriales de energía renovable en terrenos denominados como de alto valor agrícola y ecológicamente sensitivos, motivó a media docena de organizaciones ambientales a incoar una demanda esta mañana en contra del Gobierno de Puerto Rico por violación a las disposiciones del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico y las leyes de política pública energética, agrícola, ambiental y de cambio climático.
En el recurso legal las organizaciones solicitan al Tribunal de Primera Instancia de San Juan la prohibición inmediata al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), la Junta de Planificación (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de la aprobación de proyectos industriales de energía renovable en áreas que están designadas como reservas agrícolas.
Según argumentan los demandados las propias leyes de política pública establecen que los lugares aptos para proyectos de energía renovable son los vertederos en desuso, terrenos previamente contaminados, estacionamientos y techos
“La pérdida de tierras agrícolas de primera calidad para instalar proyectos solares de una magnitud industrial es un atentado grave a la seguridad alimentaria de Puerto Rico que ya está en precario”, indicó David Sotomayor, catedrático en suelos del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
“Hay que recalcar que casi ningún producto puede sembrarse de forma productiva debajo de las placas y la instalación conlleva destrucción de esos suelos con los movimientos de la construcción cambiando incluso la hidrografía”, añadió a la vez que advirtió que, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura y el Departamento de Geografía del Recinto de Río Piedras de la UPR, en un periodo de 70 años, entre 1935 y 2002, se documentó la pérdida de alrededor de 1.3 millones de cuerdas de terrenos agrícolas por diversos factores, principalmente el desparrame urbano.
No obstante, señaló el grupo en conferencia de prensa, que el NEPR aprobó una primera fase de 18 proyectos que ocupan unas 5,097 cuerdas de terrenos en suelos clasificados como de la Reserva Especial Agrícola y Suelo Rústico Especialmente Protegido que, de acuerdo con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, deben ser protegidos.
“Esas son tierras que no recuperaremos y se torna imprescindibles en una isla como la nuestra que depende casi exclusivamente de la importación de productos para podernos alimentar que no se pierdan más tierras porque se atenta contra la seguridad alimentaria particularmente en momentos de crisis por el cambio climático y por aspectos internacionales del mercado”, dijo Sotomayor.
Los demandantes también alertaron sobre la consideración de mas de 80 proyectos industriales de energía renovable por la NEPR sin antes haber identificado la clasificación de esos lugares tal y como requieren la Ley de Política Pública Energética y la Ley de Transformación y Alivio Energético.
“Pese a la letra clara de las referidas leyes, el NEPR ha aprobado contratos de compra de energía para 18 proyectos industriales de energía renovable que se pretenden ubicar ilegalmente en la Reserva Especial Agrícola, y estará considerando unos 80 proyectos industriales adicionales, sin antes identificar los lugares aptos conforme a la ley, sin considerar la ubicación, sin contar con las conclusiones que debe someter el DDEC, y sin excluir los terrenos de la Reserva Especial Agrícola”, lee la demanda.
La Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica Inc., el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc., el Comité Diálogo Ambiental Inc., Puente de Williamsburg Inc. (Enlace Latino de Cambio Climático), Sierra Club Puerto Rico y Liga de Ciudades de Puerto Rico Inc., figuran como los demandantes en el recurso legal y, además, cuentan con el apoyo legal de Earthjustice y el Resiliency Law Center.
Falta de transparencia
Las organizaciones denunciaron la presunta falta de transparencia con que el gobierno realiza estos proyectos, esenciales para la migración de energías fósiles a energías renovables, tal y como lo indica la política pública energética del gobernador Pedro Pierluisi.
Sin embargo, el grupo señaló que el NEPR realizó un proceso separado y confidencial para implementar el Plan Integrado de Recursos (PIR), sin divulgar los nombres de los proyectos en específico, su dirección física, su ubicación, la magnitud del proyecto, el tamaño de las fincas, la persona o entidad a cargo del proyecto y megavatios que generará.
“Toda esa información es pública, pero tuvimos que acudir al tribunal anteriormente y logramos que se ordenara que nos entregaran la información de los 18 proyectos. Ahí descubrimos que todos incumplían con las leyes porque impactan terrenos que deben ser protegidos”, señaló por su parte Alfredo Vivoni, portavoz del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc.
Se señaló además que el NEPR y otras agencias gubernamentales han hecho caso omiso a las exigencias de las organizaciones de cumplir con su deber ministerial de identificar los lugares que son aptos para los proyectos industriales de energía renovable.
Tampoco, insistió el grupo de demandantes, el NEPR cumplió con las normas establecidas en el Plan de Uso de Terrenos mientras que también fallaron en establecer un proceso que garantizara la protección de los suelos agrícolas y de valor ecológico, hídrico y de paisaje delimitados en ese plan.
“Los dos servicios que más se ven afectados con las emergencias climáticas son el acceso a la energía y alimentos saludables. Cerca del 95 por ciento del combustible fósil que utilizamos y sobre el 80 por ciento de los alimentos que consumimos vienen del extranjero. Por eso, cuando hablamos de adaptación climática, insistimos en aumentar nuestra capacidad de producir, localmente, energía renovable y alimentos”, señaló Federico Cintrón Moscoso, portavoz del Puente de Williamsburg Inc. y del Enlace Latino de Cambio Climático.
“Pero estas dos actividades no se pueden cancelar una a la otra, como estamos viendo en estos proyectos de energía industrial. Es inconcebible que cuando todos los estudios demuestran que la mejor ubicación para la energía solar son los techos de las casas y los lugares previamente impactados, el gobierno insista en desarrollarlos en terrenos agrícolas con un alto potencial para producir comida”, añadió.
En la demanda se argumenta además que la guía para la creación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático que contempla la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico establece que hay que “promover las energías renovables o alternativas aprovechando espacios ya alterados por la actividad humana, y minimizar así la ocupación innecesaria del suelo”.
Las organizaciones plantearon que las normas tienen que ser consideradas y aplicadas por todas las agencias, incluyendo el NEPR y el DDEC al identificar los lugares aptos para proyectos industriales de energía renovable. Igualmente, deben aplicarse conforme a la política pública ambiental de rango constitucional.
Posible conflicto de interés
El grupo de demandantes señaló que además de la falta de transparencia con que procede el NEPR con estos proyectos industriales de energía renovable, es preocupante el posible conflicto de interés entre el secretario del Departamento de Agricultura (DA), Ramón González Beiró, con respecto a cuatro proyectos industriales de energía propuestos por Clean Flexible Energy, una subsidiaria de la carbonera Applied Energy Services Puerto Rico (AES).
Afirmaron también que en varios medios de comunicación se ha reseñado una declaración jurada emitida por el agente de bienes raíces Ricardo Javier Pérez Ocasio y notariada por el licenciado Cristian A Santiago Montalvo el 17 de julio de 2023 en Guayama donde se detalla que el funcionario supuestamente intervino indebidamente en las negociaciones de un agente de bienes raíces y ofreció incentivos agrícolas para que se vendiera la finca a una empresa en la que el funcionario es accionista y su hijo es vicepresidente.
Los demandantes mostraron una querella radicada el 22 de noviembre de 2022 ante la Oficina de Ética Gubernamental, el agrónomo Carlos A. Flores Collazo, exsecretario de Agricultura detalló que en esos terrenos se ha propuesto construir un proyecto de energía renovable de la AES con el endoso de Agricultura.
