Del Centro de Periodismo Investigativo
Paradiso College Preparatory Real Estate Two, LLC — corporación a través de la cual se compró el edificio que alberga la Escuela Alianza Paradiso College Preparatory en Río Piedras — aceptó que el permiso único que obtuvo para operar esa chárter no es válido y se allanó a que el juez Alfonso Martínez Piovanetti lo revocara mediante la sentencia dictada hoy, jueves en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Su director y fundador, Robert Acosta, se comprometió a no operar la institución educativa hasta que no obtenga el permiso único sujeto al resultado de la consulta de ubicación.
La nueva escuela chárter se encuentra en un edificio clasificado en zona turístico comercial, que no permite operar como escuela. La consulta de ubicación es un proceso necesario, que conlleva vistas públicas cuando se quiere cambiar el uso que una estructura tiene según la zona donde se ubica.
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El Municipio de San Juan acudió al tribunal para revocar el permiso único que un profesional autorizado otorgó mediante la Oficina de Gerencia de Permisos para Paradiso College Preparatory y paralizar el uso del edificio 1000 de la Avenida Ponce De León, luego de que el alcalde Miguel Romero calificara el proceso de permisos de la escuela chárter como “altamente irregular”, en reacción a una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El pasado viernes el ayuntamiento presentó la demanda de interdicto contra la corporación de responsabilidad limitada, porque “Paradiso hizo una representación fraudulenta y engañosa al representar que estaría utilizando la propiedad para oficinas administrativas cuando es una escuela para estudiantes de quinto a octavo grado”.
Acosta había solicitado una entrevista con el CPI programada para la mañana del jueves pero el director de Paradiso College no acudió a la cita.
En la tarde del lunes, 14 de agosto, a dos días de que comenzaran las clases, se presentó en el sistema de permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos una consulta de ubicación para Paradiso College. Al día siguiente se subió un permiso único otorgado por un profesional autorizado para operar oficinas administrativas y cuatro salones de clase en el edificio del casco urbano de Río Piedras.
“Es irónico que una institución educativa, en lugar de enseñar los valores de una sociedad de ley y orden, actúe al margen de la ley, haciendo representaciones falsas para lograr su cometido. Nos preguntamos si ese es el ejemplo que una institución ‘educativa’ le quiere dar a su estudiantado”, cuestionó el Municipio en la demanda.
Sin embargo, Acosta aseguró el lunes que, “la Junta de Planificación, a nivel estatal, tiene un proceso administrativo que se puede correr sin consulta de ubicación. Con solamente un proceso administrativo con el cual sueltas la <T> de [la zona de clasificación de] turismo, con el endoso del [Departamento de] Turismo, el cual tenemos. Así que la consulta de ubicación, legalmente, no hace falta; es una práctica que se lleva a cabo para obtener una <E>, zona educativa, y cuando vas a zona educativa miras el entorno. Al lado mío hay UPR, educativo. Fundación de Puerto Rico, educativo. La Escuela Vila Mayo, educativo. Así que no estamos hablando de poner un hotel cinco estrellas en el medio de [residencial Luis] Lloréns Torres”.
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El capital semilla para operar esta escuela surge del registro del fondo de cobertura entre el director ejecutivo de Paradiso, Robert Acosta; Brenton Nevárez, Joshua Kruger y Patrick Horsman. Kruger y Horsman son beneficiarios de la Ley 22 y la 60, al igual que Kira Golden, quien es socia de Nevárez en otras corporaciones de responsabilidad limitada, también beneficiaria de la Ley 60 y compradora original del edificio de la Ponce de León. Además, Kruger y Horsman forman parte de la corporación Coral Capital, dedicada a la inversión en activos digitales.
Acosta abordó a estos inversionistas, “porque ellos tienen un beneficio en este país, pienso que es digno y justo que estas personas también aporten a Puerto Rico de una manera económica de modo que se vea el reflejo de esa aportación en edificios, en cosas que sean tangibles, en empleos”.
Paradiso también tropieza en Arecibo
El 1 de agosto la maestra retirada Lizette Rullán acudió con su vecino de 88 años de edad, Andrés Placeres, a las oficinas de la Junta de Calidad Ambiental del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) en Arecibo para someter una querella contra la Escuela Alianza Paradiso College Preparatory. Ambos — pacientes de asma — alegan que son insoportables los gases y ruidos producidos por un generador eléctrico con el que opera la filial de esta escuela chárter en Arecibo.
“Allí dijeron que había que esperar más o menos como tres meses, porque en lo que eso [la querella] subía al sistema, luego asignaban a alguien, lo autorizaban, venía de visita [a inspeccionar]. En tres meses ya nosotros podemos estar muertos”, sentenció Rullán, en referencia a la inhalación de gases de diésel durante una conversación telefónica con el CPI.
El 9 de agosto Rullán escribió un correo electrónico a Acosta, director ejecutivo de la escuela, “explicándole la situación, que no podía soportar el olor de la planta esa que tenía desde las 7:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche. Me respondió que comprendía, pero era que LUMA no lo ayudaba y estaba gestionando placas solares. Yo soy asmática, fui al neumólogo y me tienen en tres meses de tratamiento”.
La estructura en donde se ubica la escuela chárter de Arecibo fue la desaparecida fábrica de gaseosas Arecibo Soda Water, luego se convirtió en un edificio de apartamentos, contó al CPI Andrés Placeres. “Ahí lo que había eran apartamentos, como 30 apartamentos, y lo destruyeron todo por dentro e hicieron salones de clase. Eso no tenía número de contratistas, el nombre de la compañía, nada para identificarse [los proponentes de la construcción]. No hubo vistas públicas”, criticó.
La estructura era propiedad de la banca, pero en noviembre de 2020 la corporación PAD Capital la compró por $190,000 a Oriental Bank. La empresa con fines de lucro con sede en Delaware tuvo como administradores a Gale Smith-Camp y Lindsay Gordon. Gordon es beneficiaria de la Ley 22 desde el 2015. El 27 de enero de 2023 Paradiso College Preparatory Real Estate One, LLC — representada por Brenton Nevárez — compró la propiedad por $345,000.
Placeres denunció que el humo del generador eléctrico “por donde entra es pa’dentro de la casa mía y dentro de la casa de la vecina, que es asmática también. Tengo que estar con la máquina de terapia todo el tiempo. No puedo ver ni la televisión por el ruido y por el humo. Tengo todo cerrado. A veces tengo que coger el carro e irme para poder respirar”.
Acosta, junto a un encargado de Paradiso College en Arecibo, le ofrecieron un aire acondicionado a Rullán, y un generador a Placeres, en un intento de subsanar los inconvenientes que la operación de la escuela generó en el entorno.
“Yo le dije que no vendo mi dignidad porque yo vivo, pobrecito aquí, pero yo no vendo mi dignidad por dinero. Parece que lo que me queda de vida la tengo que sufrir aquí o morir envenenado”, sentenció Placeres.
A los vecinos entrevistados por el CPI también les preocupa la seguridad de los niños, por la cercanía de la escuela con la carretera #2, una vía que consideran peligrosa por el volumen y velocidad del tráfico.
“Lo que ponen son unos conos de esos rojos cuando esos nenes llegan por la mañana y cuando salen a las tres, y la gente cruzando entremedio de los carros con los niños, porque ellos no tienen parking, ellos no tienen espacio de nada”, advirtió Placeres.
Rullán indicó que el volumen de público que atrae la nueva institución educativa perjudica el acceso a estacionamiento por los padres que bloquean la entrada a sus hogares al dejar o recoger estudiantes. “Aquí hay un muchacho impedido que pasa por la acera y una señora con su bebé, y todos tienen que tirarse por la carretera para poder pasar porque ellos [padres y madres de la escuela] ocupan toda la carretera”, criticó.
Sin embargo, Mildred López, madre de un estudiante de sexto grado en la Paradiso de Arecibo, no expresó preocupación sobre la cercanía de la carretera #2 porque el horario de llegada y salida de los estudiantes está organizado por grados y hay personal encargado de las salidas y entradas de los alumnos.
López aseguró que, “a mi niño le gustó mucho [la escuela]. Académicamente veo que están organizados. Estructuralmente está en unas condiciones excelentes, tiene su aire acondicionado. El área de educación física es espectacular, tienen unos salones con trotadora, tienen salones con bicicletas estacionarias. No se dedican solamente a hacer un deporte como tal porque tienen también baloncesto y voleibol, pero tienen esas facilidades deportivas a nivel de escuela de Estados Unidos”. Convencida por estas características de la escuela chárter sacó a su hijo de un colegio privado, donde le habían aumentado los costos de matrícula.
Sobre el hecho de que la institución esté operando con un generador eléctrico también se expresó despreocupada porque “ni te das cuenta que están corriendo con planta”, aseguró al CPI.
Para Adaxay Aquino, una madre que intentó matricular a su hijo en Paradiso College de Río Piedras, la experiencia fue muy distinta. Aseguró que la orientación a padres y madres siempre fue mediante un chat de la aplicación WhatsApp. El hijo de Aquino es un estudiante de sexto grado del Programa de Educación Especial. Desde el primer momento que se acercó a la Escuela Alianza Paradiso dejó clara la necesidad educativa de su hijo, incluso llevó una copia de su Plan Educativo Individualizado.
“Lo estuve llevando por tres días para que cogiera unas pruebas, como para saber más o menos qué él sabía. Tomó todas esas pruebas y yo estuve esperando que me llamaran para matricularlo. Tres días antes de las clases, contando el fin de semana, escriben en un chat diciendo que iban a llamar a los padres de los niños de Educación Especial para hablar con ellos. Inmediatamente me comuniqué, y ahí fue que me dijeron que no contaban con maestros de Educación Especial”, detalló. También cuestionó lo tarde que confirmaron la falta de maestros para esta población estudiantil, y lo peor fue que hasta el pasado viernes la llamaron para preguntar por qué el niño no había ido a la escuela. “Les dije que no entendía qué tipo de organización tenían, que no sabían que ellos mismos me habían dicho que el nene no podía estar en la escuela porque no contaban con el recurso. No están organizados, están jugando a ver cómo sale”, aseguró.
