En una sesión ordinaria, el Senado dio luz verde al Proyecto del Senado 1084, presentado por la senadora Elizabeth Rosa Vélez, con el objetivo de establecer un protocolo para el manejo de escuelas cerradas o por cerrarse en Puerto Rico.
La pieza legislativa introduce enmiendas a la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico y la Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la Seguridad en las Escuelas. Según la senadora Rosa Vélez, el objetivo primordial de esta medida es “promover las herramientas necesarias para que las comunidades puedan reutilizar los edificios cerrados que fueron utilizados como escuelas, a través de un proceso seguro, participativo, transparente y ágil, garantizando su uso para el interés público”.
Una destacada parte del proyecto hace referencia al cierre masivo de escuelas públicas en Puerto Rico desde el año 2007. Con casi la mitad de las instituciones educativas cerradas en el país, muchas de ellas se encuentran en estado de deterioro y desuso. La medida enfatiza la importancia de revitalizar estos recursos en desuso a través de procesos de planificación comunitaria genuinamente participativos, respaldados por el gobierno.
El Proyecto del Senado 1084 toma en cuenta un informe conjunto del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH) y la Universidad de Berkeley (UCB) publicado en 2020. El informe reveló que, de 119 escuelas analizadas, el 25% se encuentra en proceso de reutilización, mientras que el 69% permanece en desuso o abandonadas. Entre las escuelas en estas condiciones, el 41% ha sufrido daños y problemas de seguridad.
La senadora Vélez afirmó que “es fundamental que, incluso bajo la responsabilidad gubernamental, se fomente una estrategia efectiva para garantizar que estas estructuras sean transformadas en activos valiosos para nuestras comunidades”.
Igualmente, en el ámbito de la educación, se avanzó con la Resolución Conjunta del Senado 410, presentada por la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón. La resolución tiene como propósito instruir al Departamento de Educación a permitir la participación de las especialistas que realizan evaluaciones en las reuniones del Comité de Programación y Ubicación de Educación Especial. Estas evaluaciones ayudarán a establecer los Programas Educativos Individualizados de los estudiantes del Programa de Educación Especial, sin que se impongan obstáculos burocráticos innecesarios o impedimentos adicionales.
Además, avanzó la Resolución Conjunta del Senado 400, presentada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y la senadora del distrito de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey. La resolución insta al Departamento de Transportación y Obras Públicas y al municipio autónomo de Humacao a llevar a cabo un estudio de viabilidad para mejorar el acceso a la Urbanización Villa Humacao. Asimismo, se prevé la asignación de los fondos necesarios para el estudio y se establecerán acciones con base en los resultados obtenidos.
También, fue aprobado el Proyecto del Senado 1166 de la autoría del senador del Partido Nuevo Progresista, Juan Oscar Morales, para enmendar la Ley de Travesías de Puerto Rico a los fines de atemperar sus disposiciones al estado de derecho vigente en cuanto a los límites de responsabilidades de los municipios en accidentes que ocurran en carreteras o aceras públicas.
“En el año 2019, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 143-2019, para enmendar la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico con el propósito de proveer a los municipios protección contra acciones por daños y perjuicios por accidentes que ocurren en carreteras y aceras del estado”, sostiene la medida. Añade que, de esta manera, en caso de presentarse cualquier reclamación en los tribunales contra un municipio por accidentes en carreteras o aceras del estado, no existirán disposiciones de ley que puedan interpretarse como contradictorias.
