La Contralora de Puerto Rico; Yesmín Valdivieso, reveló el miércoles que la Universidad de Puerto Rico (UPR) pagó 607,786 dólares en 2020 por un proyecto fallido de migración de datos a la nube.
“El proyecto no benefició al interés público ni tuvo utilidad”, se expresó en el informe de la Contraloría.
Una de las razones fue la reclamación laboral presentada por el personal técnico de la Oficina de Sistemas de Información (OSI), quienes no entregaron la información necesaria al contratista a tiempo.
Antes de firmar el contrato, se afirmó que los servicios no creaban una relación obrero-patronal. No obstante, meses después, Recursos Humanos estableció que el contrato quitaba funciones esenciales a los empleados.
La comunicación entre las partes fue intermitente. Cuando la OSI finalmente entregó la información al contratista, ya era tarde y la Universidad decidió cancelar el contrato.
Se confirmó en 2022 que los datos no se movieron a la nube y la infraestructura del sistema aún está en la OSI.
Se recomienda al presidente de la UPR que instruya a los directores pertinentes a realizar análisis detallados antes de establecer contratos y evaluar si los servicios pueden ser realizados por personal universitario.
El informe completo se puede encontrar en el sitio web www.ocpr.gov.pr
Gobernador Pierluisi dice que van a buscar alternativa con el monitor para acabar la Reforma de la Policía
El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que va a procurar con el monitor de la Policía, Alejandro del Carmen, presentarle al juez Francisco Augusto Besosa, las recomendaciones solicitadas para finiquitar la Reforma de la Policía.
“Entiendo que el juez pidió que se le haga unas recomendaciones para cómo mejorar la reforma, cómo agilizar el cumplimiento de todos los requisitos que tiene la reforma. Y ahí por lo menos mi visión entiendo que es la del secretario, es que trabajemos en equipo con el especial master y su equipo y su gente para cursar unas recomendaciones conjuntas al juez, cosa de que no venga solo de nuestra parte, sino que ya el especial máster que nombró al juez sea parte de esa recomendación”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.
“Creo que son más de 240 requisitos y quedan pendientes de cumplimiento alrededor de 56. El resto todo se ha cumplido. Así que la meta es llevar la policía a total cumplimiento a la mayor brevedad, porque esta reforma es costosa, o sea, el costo de todos estos consultores que asisten tanto al, al juez, al monitor y a nosotros acá en el lado de la policía, ese costo es bien significativo, ya que es el interés de todas las partes que agilizar esto y lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con mucho respeto, no así por la libre, sino todo comunicando como debe ser, en coordinación con la especial master que nombró el juez y de forma coordinada con el monitor que supervisa el trabajo de la policía”, añadió.
Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Publica (DSP), Alexis Torres rechazó que en algún momento se haya discutido imponer un síndico para la Policía.
“Lo que sí yo menciono y lo digo, lo digo aquí públicamente, lo del síndico o sindicato, eso no ha sido un tema de discusión en las partes, las primeras tres partes”, mencionó.
Por el tema de la Reforma, el Departamento de Seguridad Publica desembolsa 20 millones de dólares anuales.
En una orden del pasado 17 de agosto, el juez Besosa sostuvo que “la reforma ha estado activa por sobre 10 años, costándole cantidades enormes de dinero a los contribuyentes de Puerto Rico, pero el Negociado de la Policía sigue en incumplimiento de 56 de los más importantes párrafos de un total de 179 párrafos que el Monitor y su equipo examinaron para propósitos (del informe semestral).
