Nueve años luego del cierre de The Battery Recycling Company (TBRC), que operó por 20 años en una zona inundable en el barrio Cambalache en Arecibo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) atenderá la contaminación por plomo, arsénico, antimonio, cromo y cobre en el suelo y el agua subterránea que ocasionó la instalación.
La agencia federal presentó cinco alternativas de remediación en una reunión pública comunitaria, el pasado 29 de agosto en la Casa Ulanga, en Arecibo.
Las propuestas para remediar la zona con altas concentraciones de químicos involucran la excavación, tratamiento y disposición o contención del sedimento contaminado y la demolición de las estructuras de TBRC, que fungió como una instalación de fundición secundaria de plomo. En 2015, la EPA había realizado una remoción del terreno contaminado, pero aún se detectaban concentraciones del químico. Entonces, en 2017, se incluyó a la planta de reciclaje en la Lista de Prioridades Nacionales de la EPA, que reconoce el área como de alta amenaza por la presencia de contaminantes y permite la intervención a largo plazo por la agencia, bajo la Ley de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental Integral, conocida comúnmente como Superfondo.
Los residentes de las comunidades aledañas que asistieron a la reunión denunciaron, entre otros sucesos, la demora de la antigua Junta de Calidad Ambiental en atender querellas radicadas contra la empresa y que las alternativas de remediación de la EPA son “agresivas”, por lo que causarían mayor impacto ecológico. Por tanto, el biólogo Idelfonso Ruiz sugirió la introducción de vegetación en la zona afectada para que absorba los químicos y luego quemar el material. No obstante, Zolymar Luna Díaz, gerente de proyectos en la EPA, indicó que se busca implementar el plan que “da resultados más rápidos” para limitar o prevenir la exposición.
Según la ley de Superfondo, los criterios para el remedio escogido son que debe proteger la salud humana y del medio ambiente, ser costo efectivo, cumplir con leyes estatutarias, utilizar soluciones permanentes y proveer alternativas de recuperación de recursos.
Por otro lado, el residente y planificador Iván Elías Rodríguez verbalizó su escepticismo ante la legalidad de la instalación por falta de claridad relacionado al proceso de permisología de TBRC y a la declaración de impacto ambiental requerida. Luna Díaz no pudo confirmar si la planta contaba con estos documentos previo a la instalación porque son procesos que se manejan a través de las agencias locales, contestó.
“Nos invitan a hablarnos de una remediación y la confianza es necesaria para uno poder decir en que ustedes van a cumplir con las normas”, denunció Rodríguez. El ingeniero preguntó, además, por la calificación de la zona, porque, pese a ser identificada como zona industrial, refutó que debe ser zona marítimo terrestre protegida para evitar futuros proyectos de desarrollo.
Previo a esta compañía de reciclaje, operó la Puerto Rico Chemical Company, de 1966 a 1979, cuya propiedad se la arrendó la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico. Esta instalación producía ácido fumárico y ácido ftálico y cerró por una explosión en los predios.
La economista Martha Quiñones Domínguez, también residente de Arecibo, secundó el reclamo de la zona de calificación de Rodríguez. “Arecibo está cansado de los abusos ambientales. Hay muchos abusos ambientales, incluyendo el vertedero que está más abajo. Nos tardamos 23 años en evaluar esto. 23 años que las personas han estado expuestas. Lleva allí 50 años el vertedero de Arecibo, la gente quejándose y no se evalúa. Vamos a ser más responsables con la salud y la seguridad de las personas”, declaró.
La profesora expuso su preocupación por los niños contaminados por plomo durante la operación de la planta industrial y la falta de su mención en la ponencia de la EPA, que se limitó a presentar el trasfondo de las evaluaciones, los resultados y los planes de remediación. “Me preocupa que en ningún momento se mencionaron a las personas contaminadas. Fueron varios niños y varios adultos. Cuando el head start [que está más cercano a ellos] hizo una evaluación, todos los niños estaban contaminados con plomo. Ahora, todos ellos son adultos y nadie ha hecho algo por la salud de ellos”, manifestó.
Efectos por altas concentraciones de plomo
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Por otro lado, en el agua subterránea, las muestras tomadas en un pozo excedieron el criterio de 15 microgramos por litro de plomo y encontraron presencia de cloruro de vinilo, un compuesto que suele ser indicador de biodegradación de otras sustancias químicas.
De no atenderse las áreas contaminadas, continuarán como una fuente de contaminación a través del arrastre del viento, escorrentía de aguas pluviales e infiltración de precipitación, advierte la EPA. La agencia federal publicó que los niños menores de seis años son la población en mayor riesgo del contaminante, cuya exposición les puede provocar problemas de conducta y aprendizaje, crecimiento lento, anemia, entre otros efectos. Además, según la exposición al químico, puede afectar negativamente al sistema nervioso, la función renal, el sistema inmunológico, los sistemas reproductivo y de desarrollo y el sistema cardiovascular.
El período de comentario público del plan de remediación propuesto se extendió hasta el 16 de octubre y se pueden enviar por correo electrónico a la gerente de proyectos, Zolymar Luna Díaz, a Luna.Zolymar@epa.gov. La directora de la División de Protección Ambiental del Caribe de la EPA, Carmen Guerrero Pérez, indicó que en este proceso las agencias reglamentadoras también pueden participar para incluir sus perspectivas. Para obtener información adicional y ver el plan de limpieza propuesto, se puede acceder a la página del sitio Superfondo de Battery Recycling Company.
