El presidente del Senado de Puerto Rico; José Luis Dalmau Santiago, solicitó el miércoles, una revisión formal de la definición de Estado Libre Asociado (ELA), en la que propone criterios para futuros proyectos congresionales
“El H.R.2757 está diseñada para crear una mayoría artificial a favor de la opción de la estadidad, excluyendo la alternativa de Estado Libre Asociado y privando a sus seguidores de votar por el estatus de su preferencia”, afirmó Dalmau Santiago en declaraciones escritas.
“El proyecto de estatus H.R.2757 busca intencionalmente privar del derecho al voto a los partidarios del estatus actual en Puerto Rico. Peor aún, esta medida pretende imponer un mecanismo de auto ejecución de los resultados en el Congreso, mientras les oculta a los electores los efectos nocivos que un cambio de estatus hacia la estadidad le causaría a Puerto Rico y a los Estados Unidos. El H.R.2757 no incluye información relevante ni análisis económico sobre el proceso de transición para un cambio de estatus. Ignora los devastadores efectos de integrar el Código de Rentas Internas federal en la economía de la isla, lo que socavaría nuestro sector industrial que representa la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) de la isla”, indica el senador en su misiva.
Dalmau expresó que el proyecto que auspicia el PNP “ignora el impacto que probablemente crearía un incumplimiento de las obligaciones del pago de la deuda pública recientemente reestructurada, debido a la eliminación de nuestro código tributario existente. Además, no hay referencia a temas importantes para los puertorriqueños como la permanencia de nuestro idioma español, nuestro orgulloso patrimonio cultural y el Comité Olímpico Puertorriqueño”.
El legislador popular plantea cinco principios fundamentales para cualquier discusión sobre el futuro político de la isla:
Primero: toda legislación federal a considerar debe ser coherente con los requisitos establecidos en la Ley Pública 113-76 (P.L.113-76), la Ley Consolidada de Asignaciones del 2014, que establece que cada alternativa de estatus debe ser previamente sometida al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) para su evaluación y validación.
Segundo: el mismo proceso de evaluación del DOJ debe llevarse a cabo para los materiales educativos, las papeletas y el uso de los $2.5 millones asignados para una futura consulta.
Tercero: El proyecto H.R.2757 debe descartarse y en su lugar, el proyecto del Senado 4560, presentado el año pasado por el senador Roger Wicker (R-MS), debería usarse como punto de partida. Ese proyecto de ley, incluye todas las alternativas de estatus, corrige las deficiencias del H.R.2757 y establece un proceso justo y organizado para las diferentes opciones.
Cuarto: el tema de la inminente pérdida de la ciudadanía estadounidense por nacimiento bajo las opciones de la independencia y libre asociación, debe exponerse claramente en el texto de la legislación, y bajo ninguna circunstancia debe haber un lenguaje confuso o manipulado que intente dar la falsa impresión de que la ciudadanía estadounidense por nacimiento es posible si Puerto Rico se convierte en un país soberano. La misma claridad y certeza deben incluirse en la eliminación de fondos federales bajo ambas modalidades de independencia.
Quinto: la opción de la estadidad debe exponer claramente que el pago de contribuciones federales se aplicará de la misma manera que en el resto de los estados y que un proceso de transición indefinido – en el que Puerto Rico se convierta en un estado de la Unión con representación proporcional sin la aplicación del Código de Rentas Internas – no es posible”.
Dalmau Santiago anunció, además, futuras visitas a Washington DC, donde pretende discutir estos criterios en detalle, así como abordar otras áreas prioritarias, como la salud, la educación y la promoción de incentivos para la industria manufacturera en la isla.
