Del CPI.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó este miércoles a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, para que cumpla con su deber de entregar información pública sobre expedientes en su poder relacionados a tres querellas ambientales.
La petición de mandamus se presentó en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan tras siete meses de gestiones para poder examinar los expedientes completos de las querellas y casos ambientales contra las empresas Ochoa Fertilizer de Guánica, PROTECO de Peñuelas y Battery Recycling de Arecibo.
Desde enero de 2023, la periodista Gabriela Carrasquillo, becada del Instituto de Formación Periodística del CPI, solicitó a Rodríguez Vega acceso a la información pública contenida en tres expedientes sobre la operación, intervención y seguimiento que hizo la agencia y la Junta de Calidad Ambiental en tres instalaciones en diferentes municipios de la isla. El DRNA no ha cumplido con su deber de proveerla a pesar de los continuos esfuerzos que se hicieron para obtenerla.
En mayo de este año, el DRNA sólo permitió el acceso a uno de los expedientes solicitados. La directora editorial del CPI, Wilma Maldonado, acudió al edificio del DRNA junto a Carrasquillo para examinar los documentos para acelerar el trabajo investigativo aun cuando el deber de la agencia era entregar copia del expediente. Luego de una intervención de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, la agencia entregó unos documentos mínimos que no eran la totalidad de los otros dos expedientes pedidos a la agencia.
“El DRNA no ha dado razón alguna para justificar su negativa a proveer la información pública solicitada, lacerando así el derecho constitucional de acceso a la información de la parte peticionaria”, señala la petición de mandamus radicado.
“La información solicitada por periodistas del CPI es información pública, a la cual cualquier persona puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita”, indicó Carla Minet, directora ejecutiva del Centro. “Entendemos que los dos documentos entregados por correo electrónico el 2 de junio sobre Ochoa Fertilizer y de un examen presencial de expedientes de Battery Recycling y PROTECO, no constituyen la totalidad de los documentos públicos”.
Las tres compañías en controversia fueron designadas por la EPA hace décadas como sitios de Superfund, bajo la ley federal conocida como Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act. Según la EPA, el programa del Superfondo “es responsable de limpiar algunas de las tierras más contaminadas de la nación y responder a emergencias ambientales, derrames de petróleo y desastres naturales. Para proteger la salud pública y el medio ambiente, el programa Superfund se enfoca en hacer una diferencia visible y duradera en las comunidades, asegurando que las personas puedan vivir y trabajar en lugares saludables y vibrantes”.
“A base del examen de los expedientes relacionados con las otras dos empresas, así como su conocimiento general sobre el tema ambiental y el trabajo que se realiza en Puerto Rico y afuera en relación con los sitios designado por el programa de Superfund, las periodistas del CPI tienen la certeza de que no se ha entregado todo”, señala la petición de mandamus.
