El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, denunció junto a otros miembros de la colectividad que los llamados “cabilderos de la estadidad” están violando la ley que creó la delegación congresional de Puerto Rico en la capital federal por lo que radicará una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
Según expresó Ortiz en conferencia de prensa, el grupo de delegados para abogar por un proyecto de anexión de Puerto Rico como estado y actualmente no existe un proyecto que abogue por la estadidad de la isla.
“Este grupo de delegados, fue creado para abogar exclusivamente por un proyecto de anexión de Puerto Rico como Estado, basado en el plebiscito del 2020 y actualmente en el Congreso de los Estados Unidos, no existe un proyecto de anexión que busque que la Isla, sea admitida como un Estado de la Nación Americana. Es decir, ellos no están cumpliendo con su mandato de Ley”, expresó Ortiz González.
Para el año 2021, el Congresista Darren Soto radicó el HR 1522 que no tuvo mayor futuro desde finales del año 2022 luego de las elecciones congresionales. Debido a que actualmente no existe un proyecto de anexión, el presidente del PPD dijo que radicará una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para que se investigue el trabajo de la delegación.
“Ante este cuadro, no hay razón para que los cabilderos por la estadidad, estén derrochando el dinero del pueblo para promover otra consulta que no tendrá resultados en Washington. Por esta razón, estaremos radicando una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental para que investiguen si los delegados por la estadidad están cumpliendo lo estipulado en Ley o si están violentando su propia ley habilitadora. De estos no estar cumpliendo con la misma, deberán reponer cualquier dinero público pagado a través de las facturas presentadas que tengan que ver con gestiones a favor de la celebración de otro plebiscito y no en favor de un proyecto de admisión, tal y como lo estipula la Ley 167 de 2020″, añadió.
Continuó diciendo Ortiz González que en el 2022, “el Secretario de Justicia de PR, Lcdo. Domingo Emmanuelli, compareció ante los Tribunales para solicitar la destitución de la delegada congresional Elizabeth Torres Rodríguez por incumplir los deberes de su cargo. En su recurso legal, Emmanuelli expresó que la entonces delegada, incumplía con el juramento que realizó para adelantar la estadidad para Puerto Rico, ignorando el mandato expreso de la Ley 167 de 2020 e incumpliéndola. Así que el Dpto. de Justicia, mediante su Secretario en 2022, reconoce que los delegados de la estadidad están violentando su propia Ley habilitadora al incumplir con el estatuto. Basado en esto, mañana mismo, el Secretario de Justicia, Domingo Emmanuelli tiene que ir a los Tribunales a pedir la destitución de todos los delegados congresionales”, denunció.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus y Veterano de la Cámara de Representantes, Joel Sánchez Ayala expresó que está atendiendo la derogación de la Ley 167-2020 mediante el PC 139.
“Ante la negativa de la Rama Ejecutiva de eliminar los cabilderos por la estadidad, nuestra delegación está trabajando, entre otras cosas, por derogar la ley. El pasado martes, 5 de septiembre de 2023 la comisión que presido realizó una sesión pública de consideración final y aprobó el PC 139, el cual tiene el propósito de derogar la Ley 167-2020, legislación que creó la delegación congresional. Este proyecto se evaluará y se aprobará en la sesión ordinaria de hoy martes, 12 de septiembre”, expresó el representante.
Mientras que el senador Juan Zaragoza, quien preside la Comisión de Asuntos Federales en el Senado, denunció que pasado año, los salarios y reembolsos pagados a cinco de seis cabilderos en lo que va de cuatrienio ascendió a la cantidad de $1,008,560.86
“Mientras los cabilderos de la estadidad están violentando su propia ley habilitadora gastando el dinero del pueblo, tenemos deficiencias en otras áreas importantes que impactan la calidad de vida de los puertorriqueños. No podemos continuar permitiendo el gasto público para adelantar causas políticas como estas. Todo el mundo tiene un derecho constitucional a peticionar al congreso. Ese derecho se le respeta a los estadistas igual que a todo el que lucha por lo que cree. Ahora bien, lo que tenemos que cuestionar es si el dinero que está gastando el pueblo de Puerto Rico sería más útil en otras áreas”, expresó el también presidente de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal.
El también secretario Auxiliar de Asuntos Federales del PPD, Pablo José Hernández, expresó que estos delegados de la estadidad están adelantando posturas del Partido Nuevo Progresista con fondos públicos, una conducta reprochable.
“La ley habilitadora dispone que su trabajo es impulsar la admisión de PR como estado a base del plebiscito de 2020. La ley no dispone que su trabajo sea impulsar la celebración de otro plebiscito. Ellos están cabildeando a favor de otro plebiscito, no de la admisión de Puerto Rico como estado, y, por lo tanto, están violando la ley”.
Añadió además que “Este embeleco bochornoso de delegados congresionales ha costado más de un $1 millón, y es uno de un millón de ejemplos de cómo el PNP lleva 20 años yendo a Washington con la agenda de algunos —la celebración de plebiscitos estériles y antidemocráticos— en vez de ir a Washington con la agenda de todos: el desarrollo y bienestar económico”.
Ortiz González finalizó exhortando al Gobernador Pedro Pierluisi a derogar la Ley y destituir de inmediato los delegados por la estadidad.
