El Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) llegaron este sábado a un acuerdo para implementar parcialmente la Ley 80-2020 conocida como “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para los Servidores Públicos” para trabajadores públicos cuyas plazas de empleo fueron catalogadas como “no esenciales” por sus patronos.
Según explicó el gobernador, Pedro Pierluisi, sobre 1,200 empleados elegibles podrán retirarse con un 50 por ciento de su retribución anual al momento de acogerse. Además de su pensión vitalicia, recibirán $100 de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años y pago de sus vacaciones acumuladas.
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El primer ejecutivo informó, además, que en las próximas semanas, tanto los empleados elegibles como las entidades gubernamentales estarán recibiendo instrucciones sobre cómo proceder durante el periodo de implementación.
“Tras lograr un acuerdo con la Junta, hoy podemos anunciar que el Programa de Retiro Incentivado es una realidad y que los empleados elegibles no esenciales de las leyes 1-1990 y 447-1951 se podrán retirar con una pensión vitalicia de un 50 por ciento”, sostuvo Pierluisi.
Por su parte, el director ejecutivo de la Junta de Retiro, Luis M. Collazo Rodríguez, explicó que el acuerdo plasmado en la estipulación radicada requiere la aprobación final del Tribunal del Título III para proceder con los procedimientos ulteriores de implementación. Una vez aprobado, se procederá con los cambios operacionales, presupuestarios y administrativos necesarios para poner en vigor el acuerdo del Retiro Incentivado.
Previo al acuerdo, las agencias afirmaron que la eliminación de los puestos “no esenciales” no tendría impacto en los servicios y que los mismos no serán reemplazados, recreados o reestructurados en un futuro.
“Es importante destacar que, próximamente, los empleados elegibles tendrán que completar su solicitud de pensión ante el Coordinador de Retiro de sus respectivas agencias, junto a los documentos y trámites requeridos que serán establecidos en la Carta Circular que se emitirá tan pronto el Tribunal avale el acuerdo entre las partes. De igual forma, la Carta Circular establecerá la fecha cierta de salida de estos empleados públicos”, concluyó el funcionario.
El plan de trabajo tiene como meta que la salida de estos empleados será para mediados del primer semestre de 2024.
