El referido que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) emitiera en agosto de 2022 al Departamento de Justicia (DJ) denunciando 15 empleados de la plantilla de LUMA Energy que actualmente ejercen sin estar licenciados ni revalidados en Puerto Rico como lo estipula la ley, continúa en el limbo sin obtener una respuesta del por qué se continua dilatando el proceso.
La misiva enviada por el CIAPR al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, refiere a la atención de este varios documentos que evidencian que, al menos, 15 empleados de LUMA Energy pudieran estar practicando o haber practicado la profesión de la ingeniería de forma ilegal en Puerto Rico.
El referido del CIAPR indica que el hallazgo se hizo a través de documentación provista por el representante Luis Raul Torres Cruz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones y Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes.
“Según la información provista, estos 15 empleados ocupan nueve puestos distintos en LUMA, los cuales, de conformidad con el título, descripción general, descripción de trabajo, requisitos y licencia profesional requerida para las mismos, entendemos que conllevan deberes y funciones que constituyen práctica de la ingeniería”, señala el documento.
La denuncia del CIAPR establece que los empleados identificados no están autorizados a ejercer la profesión de ingeniería en Puerto Rico o solo están autorizadas a practicarla de forma limitada.
“Es preciso aclarar que nuestras conclusiones sobre quién debe ocupar las nueve posiciones señaladas se refieren a los requisitos en ley que deben tener todas las personas que ocupen las mismas. Por lo tanto, dichas conclusiones, al igual que nuestra presente solicitud, no está limitada a los 15 empleados antes mencionados, si no que se extiende además a toda persona que ocupe o haya ocupado alguna de estas nueve posiciones de trabajo”, añade la misiva.
La práctica de la ingeniería en Puerto Rico está reglamentada por la Ley 173 del 23 de agosto de 1988 y su ejercicio no autorizado constituye un delito grave.
En vistas públicas
Metro conversó con el representante Torres Cruz y este confirmó la identificación de 15 empleados de LUMA Energy que ejercen la profesión ilegalmente en Puerto Rico durante un proceso de vistas públicas de su comisión.
“Estos referidos los hice yo el año pasado cuando descubrí en una vista pública que los ingenieros que ellos tienen dirigiendo distintas áreas no están licenciados en Puerto Rico como requiere la ley”, indicó el legislador independiente.
“Yo le mandé la lista de los 400 y pico de ingenieros que tiene LUMA a la Junta Examinadora de Ingenieros y al Colegio de Ingenieros, y ambas entidades me enviaron una lista que indicaba que esos 15 no estaban licenciados”, añadió.
Torres Cruz indicó además que entre los hallazgos se identificó a la vicepresidenta de operaciones de ingeniería del consorcio como una de las ingenieras que no está autorizada a ejercer en Puerto Rico al no haber pasado por el proceso de revalidación que impone la ley.
El representante denunció la falta de diligencia del secretario de Justicia para atender la denuncia y concluir con la investigación que presuntamente inició en agosto de 2022.
“Hace poco le di seguimiento al Departamento de Justicia, en junio de este año, y al CIAPR. El CIAPR me envió la evidencia de que desde agosto de 2022 hicieron el referido en detalle y que Justicia no ha hecho nada”, señaló.
“(Domingo) Emanuelli lo que me dice es que eso está en curso, que es una investigación y que no me puede dar esa información. No han hecho nada y el CIAPR le señala claramente las violaciones en que están estos 15 ingenieros. En la última vista yo le pregunté al nuevo presidente de LUMA, Juan Saca, sobre el particular y ellos quedaron en enviarme la información, pero en eso es que me sacan de la presidencia”, añadió.
Fuera de la presidencia
A finales de agosto de este año, Torres Cruz fue removido de la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones y Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes. Según aseguró el propio legislador en ese momento, la remoción de sus labores fue a causa de un “revanchismo irrazonable” por parte del presidente de ese cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.
“El problema es que Tatito había amenazado con retirarme de la presidencia de la Comisión, porque él quería que yo retirara el informe de Genera PR que hice. El informe lo hice en febrero de 2023, luego de la primera evaluación que hice del contrato de este año, y fue negativo por unanimidad en contra de ese contrato. Sometimos un informe bien cargado contra ese contrato, pero Tatito ya había avalado ese contrato”, explicó el legislador.
“Tatito está lavándole la cara a esa gente (Genera PR). Yo no sé qué arreglo hizo tatito con Pierluisi y con esa gente, pero, a través de su directora de asesores, mandó a decirme luego que radiqué ese informe que tenia que retirarlo y yo me negué porque ese informe estaba aprobado por unanimidad por la comisión. Yo le dije que si quería retirarlo, que lo hiciera él y ella me advirtió que habría consecuencias”, añadió mientras aseguró que luego de esta conversación, por meses antes de su destitución con presidente de la comisión, se le negaron en repetidas ocasiones salones de audiencia para realizar vistas públicas.
