Luego de una revisión exhaustiva de muertes registradas desde 2020 al Sistema de Vigilancias de Muertes Asociadas a COVID-19, encontraron 478 defunciones adicionales asociadas a esta enfermedad, que suman 6,878 muertes acumuladas.
El esfuerzo del sistema de vigilancias, que tomó siete meses de evaluación, surgió tras cambios de metodologías en documentar defunciones, cuyas reglas son desarrolladas por el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales (CSTE, en inglés)
El doctor Miguel Valencia Prado, quien lideró la evaluación con un equipo de casi 25 personas, explicó que el proceso comenzó con un pareo de muertes reportadas entre los hospitales y el Registro Demográfico de Puerto Rico (RDPR), que son los dos recursos que nutren datos al sistema de vigilancias, y encontraron 526 muertes naturales que podían ser asociadas a COVID-19.
Otros hallazgos de la evaluación son que, de las 526 muertes evaluadas, el 48 % de muertes que se reportaron al sistema de vigilancias no estaban en el RDPR, mientras que el 40 % de las muertes en el RDPR, no fueron suministradas al sistema. Se reconoció, además, en total, una discrepancia mínima de 3.6 % de muertes registradas entre el RDPR y el sistema de vigilancias, cuyo margen de error se considera “excelente”.
La principal oficial de Epidemiología del Departamento de Salud, la doctora Melissa Marzán Rodríguez, expresó que los cambios en las guías del CSTE, que actualizaron la definición de casos de COVID-19 y modificaron los métodos de clasificación, ampliaron la posibilidad de hallar estas defunciones.
“Acabamos de experimentar una pandemia que no sabemos las consecuencias a largo plazo. Tener estas opciones de ser más amplio nos permite estimar mejor la magnitud del evento que estamos experimentando”, manifestó.
Uno de estos cambios es incluir, en la contabilización, el criterio de secuelas posagudas de COVID-19 (PASC, en inglés), comúnmente referido como “Long COVID”. Ambos términos se refieren a síntomas o complicaciones desarrollados luego de recuperarse de la fase aguda de la enfermedad.
Estas actualizaciones también cambian cómo se certifica las defunciones en los hospitales, pues los médicos deben evitar generalidades como “coronavirus” o descartar la causa como “rule out”.
El director de la Secretaría Auxiliar para la Regulación de Salud Pública, Edwin León Pérez, por su parte, abundó que enviaron avisos a los hospitales sobre su requerimiento bajo la Orden Administrativa 358 de entregar datos de hospitalizaciones y muertes con diagnóstico o sospecha de COVID-19, en un periodo de 24 horas, al sistema de vigilancias.
Según Marzán Rodríguez, el Registro Demográfico de Puerto Rico creará estrategias para educar a los médicos a cómo llenar el certificado de defunción con las codificaciones adecuadas de muertes asociadas a COVID-19, que incluya PASC, entre otras opciones.
De no cumplir con esta disposición, las facilidades están sujetas a multas administrativas o cancelación de licencia.
La epidemióloga Marzán Rodríguez instó en la importancia de que, además de las facilidades de salud, los ciudadanos también reporten sus pruebas caseras de COVID-19, independientemente de su resultado, en el BioPortal, porque aporta a la misión del Sistema de Vigilancias de Muertes Asociadas a COVID-19 de hallar tendencias epidemiológicas casi a tiempo real.
La funcionaria también indicó que Puerto Rico se mantiene entre las primeras cinco a seis jurisdicciones con menor tasa de mortalidad.
