El secretario de educación sindical de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Miguel Rivera, aseguró en entrevista con Metro al Mediodía que tanto el Programa de Libre Selección de Escuelas, como las escuelas Chárter, fracasaron.
“Tanto el tema de los Vales Educativos como el de las escuelas Chárter, a claras luces no ha sido efectivo. 800 estudiantes son muy pocos. Eso en gran medida tiene que ver porque en Puerto Rico, cuando se aprobó la Ley 85 y cuando se comenzaron a intentar implementar estas escuelas privatizadas, hubo una reacción de oposición no solo de los grupos magisteriales, sino también de las mismas comunidades escolares”, puntualizó Rivera.
“Aquí lo que hemos visto es que ha sido un rotundo fracaso. Si miramos las escuelas Chárter, pues también son muy pocas las que se han logrado establecer en los pasados cinco años”, añadió.
El periódico Metro Puerto Rico reveló que 800 solicitudes de Vales Educativos fueron adjudicados para este año académico, lo que representa el 3% del estudiantado, como lo establece la normativa. El programa se trata de una ayuda económica que el Departamento de Educación (DE) concede a alumnos en situación de necesidad, permitiéndoles matricularse en escuelas que cumplan con ciertos requisitos y sean participantes del programa.
Cada vale tiene un valor de $2,474.09 por estudiante, proporcionando apoyo financiero a alumnos de bajos ingresos, con discapacidad, adoptados, en hogares de acogida o en situaciones de cuidado temporal, víctimas de acoso escolar o acoso sexual y dotados.
Según explicó Rivera, desde el 1993, los líderes magisteriales se opusieron a la implementación del programa, que fue impulsado por el entonces gobernador, Pedro Rosselló González, como parte de su propuesta de campaña donde prometió cambios al sistema público de enseñanza que incluía los programas de vales educativos y de libre selección de escuelas. El tope era de $1,500 dólares anuales.
En ese entonces, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) acudió al tribunal para solicitar que se declara inconstitucional el estatuto ya que violaba la Cláusula de Sostenimiento de la Constitución de Puerto Rico- que establece no se utilizaran propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones que no sean del Estado- la Claúsula de Separación de Iglesia y Estado y la Primera Enmienda de la Constitución de Estado Unidos. Precisamente, en 1994, el Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó que los vales constituían el sostenimiento de escuelas privadas mediante la utilización de fondo públicos, provocando que se prohibieran.
“Nosotros nos hemos opuesto a ese programa desde que se intentó implementar en Puerto Rico por primera vez en 1993 por el padre de Ricardo Rosselló, el gobernador Pedro Rosselló. Nos opusimos porque a claras luces no siempre lo que parecería un fin loable lo es”, dijo Rivera.
Ya para el 2018, bajo la administración del hijo del doctor Rosselló- el renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares- se aprobó Ley 85-2018, la llamada “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, que implementó el programa permitiendo que los tutores legales de los participantes seleccionen la escuela pública o privada de su preferencia.
“Este esquema de los Vales Educativos es parte de estrategias y de políticas neoliberal que lo que buscan es traspasar fondo públicos a bolsillos privados”, aseveró el secretario de educación sindical de la FMPR.
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