Una medida que aseguraría fondos recurrentes para otorgar el aumento en las pensiones de los miembros de la policía y todos los organismos sindicales que le representan fue aprobado por la mayoría del Senado de Puerto Rico.
La medida establece en su exposición de motivos “para garantizar una compensación justa a los policías retirados se aprueba esta ley para asegurarles un 50 por ciento de su ingreso como pago mínimo de retiro incluso aquellos que se vieron afectados con la Ley 3-2013. Esta acción amplía más aún el compromiso ineludible de esta Asamblea Legislativa con nuestros ciudadanos que batallaron por años defendiendo la vida y propiedad”.
El proyecto fue enmendado para incluir que la medida tiene como propósito regular la cantidad de máquinas de juegos de azar por negocio y sus premios. De igual manera, establecer el periodo en que dueños mayoristas podrán pagar la totalidad de licencias de máquinas a las que tengan derecho.
En un turno a favor, el senador del Partido Popular Democrático, Ramón Ruíz Nieves, dijo que “yo tengo que reseñar algo muy importante, porque cuando aquí el Senado anterior aprobó la Ley 81, la Junta de Supervisión Fiscal presentó unas objeciones con la Ley 80 y la Ley 81, y la Ley 81 iba definida referente a lo que estamos discutiendo parte de hoy, que era que de todo el Sistema de Juego en Puerto Rico se retuviera el 50 por ciento para garantizar las pensiones a los miembros de la Policía de Puerto Rico. Y en las vistas públicas que realizara la Comisión de Gobierno, se trajo a colación públicamente todo el tiempo que nunca se preparó el reglamento para poner en vigor ese 50 por ciento que se iban a retener del recaudo del dinero que generaban estas máquinas”.
Por su parte, el senador del Partido Nuevo Progresista, Gregorio Matías expresó que “este proyecto, a mis compañeros de delegación, les dije que votáramos a favor. Así como les pido a cada uno de ustedes que voten a favor. Cada vez que los policías escuchan que hay un proyecto que dice que se le va a dar el 50 por ciento, y no se les explica que un proyecto como este va a ser aprobado aquí, tenemos que dar una lucha gigantesca ante la Junta de Control Fiscal”.
De otro lado, se le dio paso al Proyecto del Senado 1189 de la senadora del Partido Popular Democrático, Ada García Montes, para enmendar la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el propósito de establecer los términos máximos dentro de los cuales deberán completarse los procesos de investigación y resolución de querellas administrativas de manera diligente.
“Como presidenta de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, he recibido el insumo de un sinnúmero de maestros puertorriqueños que, debido a la multitud de querellas presentadas en el Departamento de Educación (DE), al día de hoy no han sido resueltas. Esto en clara violación a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, que establece que todo caso sometido ante una agencia deberá ser resuelto dentro de un término de seis meses desde su erradicación. Son múltiples los casos que han llegado ante nuestra consideración”, sostuvo García Montes, quien presentó como ejemplo un maestro que lleva 12 años esperando que se resuelva su caso.
También, fue aprobado el Proyecto del Senado 1101 del presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago, para añadir un nuevo inciso a la “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”. La medida busca definir lo que constituye una embarcación o vehículo de navegación abandonado. Igualmente, establecer un procedimiento para la disposición de tales embarcaciones y medios de transportación acuática.
El proyecto añade que la Autoridad de los Puertos informó que al 30 de agosto de 2022 había identificado 12 embarcaciones abandonadas en las aguas territoriales del área del Canal San Antonio del Municipio de San Juan. Por su parte, el Departamento de Recursos Naturales detalló que ha podido identificar alrededor de cien 100 embarcaciones abandonadas, contando solamente las que son visibles, sin tomar en consideración las que se encuentran hundidas sin poder ser identificadas.
Igualmente, fue aprobada Resolución del Senado 642, de la autoría de Dalmau Santiago, para realizar una investigación de naturaleza continua sobre aquellos fondos federales que han sido recibidos, utilizados, aprobados y/o desembolsados desde el 2017 al Departamento de Salud y a las otras agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado. Relacionadas al sector de la salud tales como la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, la Administración de Seguros Médicos de Puerto Rico, entre otras; así como el manejo, destino y uso que le han asignado estas agencias a tales fondos federales.
“El Senado entiende como su deber constitucional indagar e investigar sobre la utilización, manejo y distribución de estos fondos y así trabajar para el progreso de la reconstrucción de un sistema de salud eficiente, de utilidad y en beneficio para nuestro país”, dice la medida.
También, recibió el aval el Proyecto de la Cámara 1424 para crear la “Ley para el establecimiento de un sistema de manejo multisectorial, uniforme y coordinado de accidentes cerebrovasculares (”Stroke”) en Puerto Rico”; en donde se establece la política pública para la atención de esta condición dentro de nuestra jurisdicción.
De otra parte, fueron aprobados el Proyecto del Senado 1206; las Resoluciones del Senado 169, 833, 848 y 849; los Proyectos de la Cámara 1353 y 302 en su reconsideración; y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 238 y 386.
