Miembros de la Cámara de Representantes presentaron hoy, junto a la diputada de la Comunidad Dominicana en el Exterior, Adelis Olivares Ortega, tres medidas en beneficio de la comunidad inmigrante en Puerto Rico. Estas iniciativas incluyen la creación de una Carta de Derechos de la Persona Inmigrante, la extensión del derecho al voto a personas con estatus migratorio definido y la regulación de la profesión de la gestoría en asuntos migratorios.
De igual forma, el presidente de la Comisión de Relaciones Federales e Internacionales, Joel Sánchez Ayala anunció la cumbre que celebrará mañana el Cuerpo Consular de Puerto Rico, institución que agrupa a los 32 cónsules que representan a los ciudadanos y empresas extranjeras que, aportan más de $3.000 millones a la economía local.
El presidente de la Cámara Rafael Hernández Montañez dijo que “hay alrededor de 350 mil inmigrantes, incluyendo una gran parte sin estatus migratorio definido que, a pesar de contribuir como cualquier otro residente de nuestra isla, no tiene los mismos derechos y protecciones que los demás. Por tal motivo, radicamos estas iniciativas para integrar de manera efectiva a esta población que ha hecho de Puerto Rico su hogar con el esfuerzo de su trabajo”.
El proyecto de la Cámara 1891 enmienda al Código Electoral busca permitir que las personas extranjeras domiciliadas en Puerto Rico con permiso de residencia legal permanente emitido por el Gobierno de los Estados Unidos tengan el derecho al voto en elecciones locales. En en Puerto Rico se estiman en decenas de miles, no pueden participar en los procesos electorales locales debido a prohibiciones federales, solo se excluyó el cargo de comisionado residente.
“Con este cambio buscamos brindarles justicia social a personas que, en algunos casos, llevan décadas viviendo en Puerto Rico, pagando impuestos, siendo parte de nuestras comunidades y contribuyendo a nuestra sociedad, para que tengan participación en nuestras elecciones, como residentes de Puerto Rico que son. Igualmente, en Estados Unidos ya hay 13 jurisdicciones que permiten lo que estamos proponiendo hoy”, señaló, por su parte, Sánchez Ayala.
Asimismo, el proyecto de la Cámara 1892 crea la Carta de Derechos de la Persona Inmigrante en Puerto Rico, para garantizar el acceso a los servicios y recursos del Estado de forma que una persona inmigrante pueda obtener el mismo acceso a servicios gubernamentales, como: educación, salud, familia, seguridad pública, entre otros.
“Agradecemos esta iniciativa de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y su presidente, quienes atendieron diligentemente el reclamo de la comunidad inmigrante en Puerto Rico, y plasmaron en legislación concreta y directa lo que solicitamos. Además, tenemos que destacar que siempre nos han recibido y hecho parte de su agenda, como, por ejemplo, en la vista pública que celebró la Cámara de Diputados de la República Dominicana en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y las reuniones y visitas oficiales del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL)”, expresó la diputada Olivares Ortega.
La tercera medida radicada es el proyecto de la Cámara 1893, que establece la Ley para la Profesionalización de la Gestoría y crea un Registro Electrónico de Gestores de Puerto Rico, a modo de poder identificar las personas autorizadas para realizar servicios de gestoría sobre asuntos migratorios en la isla y certificar que el gestor cumpla con ciertos requisitos, como no haber sido convicto por ningún delito, entre otros.
“Con este proyecto buscamos crear un sistema que brinde confianza al pueblo y erradique los casos de fraude por gestorías en Puerto Rico, en especial a nuestros residentes inmigrantes, que han sido víctimas de personas inescrupulosas que se aprovechan de su estatus migratorio para estafarlos”, manifestó Sánchez Ayala, quien representa el distrito 20 de la Cámara, que comprende los municipios de Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros.
Por último, el presidente cameral informó también que ese cuerpo legislativo aprobará dos medidas senatoriales. La primera es el proyecto del Senado 10, que busca que se cumpla de forma más clara y precisa la disposición constitucional en cuanto a que “la dignidad del ser humano es inviolable”, y se prohíbe el discriminen a los inmigrantes en la prestación de servicios de salud y educación.
La segunda medida es el proyecto del Senado 1127, que permite la adquisición de una licencia de conducir y, de paso, otorga una identificación reconocida por nuestro gobierno a los inmigrantes que tiene un número de seguro social asignado, pero no tienen un estatus migratorio definido en la isla.
“Con esta serie de iniciativas lo que buscamos es sensibilizar la política pública del gobierno de Puerto Rico para integrar, reconocer y otorgarle derechos a la comunidad inmigrante, que es parte fundamental de nuestra fuerza trabajadora”, concluyó Hernández Montañez.
