La representante Lourdes Ramos, ardiente defensora de los derechos de los profesores, personal no docente y trabajadores de la Universidad de Puerto Rico(UPR), acusó a la Junta de Gobierno (JG) de la institución de traicionar a la comunidad universitaria y rendirse ante las presiones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para convertir su Sistema de Retiro en un plan definido 401k.
Ramos sostuvo que esta acción unilateral y sin contar con el parecer de la comunidad universitaria, trastoca seriamente los derechos adquiridos del personal y vulnera las responsabilidades fiduciarias delegadas por ley solamente a la Junta de Retiro.
“No tuvieron la voluntad y firmeza para defender los intereses de la Universidad. Es una desvergüenza que hayan traicionado la autonomía universitaria y se negaran a respaldar la intensa labor que viene realizando la Junta de Retiro, que mantiene asegurada la solvencia del sistema”, denunció Ramos.
En una carta dirigida al Presidente de la JG, CPA Ricardo Dalmau Santana, la representante le inquirió sobre 12 cuestionamientos relevantes, donde el organismo se ha reservado información vital que intente justificar haber derrotado el espíritu de autonomía universitaria.
Ramos pasó a enumerarlos:
- ¿Cuándo se hizo vigente la Resolución del cambio en Retiro?
- ¿Como se escogió la compañía que lo manejará?
- ¿Cuáles instituciones participaron?
- ¿Qué tipo de orientación se brindó a los participantes?
- Si hubo orientaciones, ¿Cuántos participantes la recibieron?
- ¿Cómo se manejó el dinero retenido a los participantes?
- ¿Cuál y cómo será la comunicación entre los manejadores y los participantes?
- ¿Realizaron un estudio actuarial para tomar esta decisión?
- ¿Cómo se verá afectada la aportación patronal?
- ¿Cuál será el beneficio económico para la UPR con este cambio?
- ¿Hay algún pleito en el tribunal sobre este asunto? Si lo hay, someter evidencia.
“Además de rendirse sin objetar ni un solo instante, también mantuvieron a los empleados universitarios ajenos a todo el proceso. De verdad que actuaron destemplada y cobardemente”, sentenció la legisladora novoprogresista.
Ramos le concedió a la Junta de Gobierno 15 días laborables - hasta el 2 de noviembre próximo-, para someter las respuestas a estas interrogantes. La información provista sustentará legislación al efecto que pretende radicar, y también será compartida con la comunidad universitaria para asegurar la transparencia.
“La Universidad - agregó Lourdes Ramos-, cuenta con un Sistema de Retiro solvente y así lo ha certificado el actuario. No sabemos a qué responde este interés desmesurado de la JSF de liquidarlo, como a las acciones cómplices y timoratas de la Junta de Gobierno. Hay demasiadas interrogantes que despiertan suspicacia”.
