Un secreto de sumario destinado a detener la retórica incendiaria del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, coloca a la jueza que preside su causa de interferencia en las elecciones federales en una posición complicada. La misma debe equilibrar la necesidad de proteger la integridad de los procedimientos judiciales con los derechos de un candidato presidencial bajo la Primera Enmienda a defenderse en público.
La jueza federal Tanya Chutkan escuchará el lunes argumentos en Washington sobre si Trump se extralimitó con comentarios como llamar a los fiscales un “equipo de rufianes” y a un posible testigo “un cerdo sin agallas”.
Es la prueba más grande hasta el momento para Chutkan y enfatiza la complejidad sin precedentes de enjuiciar al expresidente republicano, al tiempo que la jueza juró no permitir que consideraciones políticas guíen sus decisiones.
Poner fin a la serie de palabras duras de Trump haría que el caso fuera más fácil de manejar. Sin embargo, entre las difíciles preguntas que Chutkan debe sortear, está cómo se podría hacer cumplir cualquier secreto de sumario y cómo podría plantearse uno que no corra el riesgo de provocar a la base de Trump y avivar sus afirmaciones de persecución política mientras hace campaña para regresar a la Casa Blanca en 2024.
“Tiene que pensar en el riesgo grave de que no son sólo sus palabras lo que podrían provocar violencia, sino que ella podría hacerle el juego a las teorías conspirativas que tienden a creer los seguidores de Trump y que su acción de emitir un secreto de sumario podría fomentar una respuesta muy inquietante”, dijo Catherine Ross, profesora en la facultad de derecho de la Universidad George Washington.
“Si permitimos que esto impida a una jueza hacer lo que debe, es un gran problema para el estado de derecho. Pero, por el otro lado, si yo fuera la jueza, sin duda lo estaría pensando”, agregó.
Al no emitir una orden, Chutkan ya insinuó que los comentarios incendiarios podrían obligarla a adelantar el juicio, que actualmente está programado para iniciar en marzo, para evitar contaminar al jurado. Los jueces pueden amenazar a infractores de un secreto de sumario con multas o tiempo en prisión, pero encarcelar a un candidato presidencial podría provocar graves consecuencias políticas y plantear obstáculos políticos.
